Importante paso para terminar con la “contaminación visual”: apoyan en general el retiro de tendido de cables aéreos en desuso

Terminar con la “contaminación visual, poner fin a un enorme problema para bomberos y hacerse cargo del desarrollo de los árboles urbanos”, son solo algunos de los beneficios que podría traer consigo el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.

La moción fue aprobada por 36 votos y se fijó como plazo de indicaciones el miércoles 25 de julio para que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones retome elabore un informe con los aportes que sean considerados.

Durante la sesión hicieron uso de la palabra los senadores David Sandoval, Alejandro García Huidobro, Rabindranath Quinteros, Juan Castro, Ena Von Baer, Alfonso De Urresti, Luz Ebensperger, Kenneth Pugh, Juan Pablo Letelier, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y Rodrigo Galilea.

El proyecto tiene por objeto dar una solución al sobre saturado sistema de cableado aéreo urbano, que soporta un exceso de líneas de servicios de telecomunicaciones, muchas de las cuales se encuentran ya en desuso, constituyendo no sólo un problema de contaminación visual, sino que también una real amenaza de caída de postes y de accidentes para las personas.

Por ello, impone a las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones, la obligación de retirar de la vía pública todas aquellas instalaciones, tales como cables o cajas de control que pertenezcan a sus redes de distribución, dentro de los 3 meses siguientes a que éstas hayan dejado de ser operativas.

Faculta a las respectivas municipalidades, ante el incumplimiento por parte de las concesionarias, para proceder al retiro del material en desuso, a costa de la respectiva empresa de telecomunicaciones.

Obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a entregar a las municipalidades que la requiera, toda la información sobre el uso de su infraestructura de transmisión aérea por parte de servicios de telecomunicaciones.

Entrega a los juzgados de policía local la competencia para conocer de los incumplimientos a la obligación de retiro de cableado y otros artefactos en desuso, lo que será sancionado con multas a beneficio municipal de 100 a 1000 UTM (1 UTM = $47.538).

SANDOVAL:

“Vemos una suerte de contaminación visual de nuestras ciudades. Nos hemos encontrado con una contaminación grotesca y una gran irresponsabilidad de las empresas y de los administradores primarios”.

GARCÍA HUIDOBRO:

“Pretende disponer de un procedimiento de retiro de los elementos que hayan dejado de prestar utilidad, fijándose sanciones en caso de incumplimiento. Esto en un plazo de 3 meses desde que estén en desuso. En la Comisión también tratamos un futuro soterramiento del cableado”.

QUINTEROS:

“Este proyecto tiene plena pertinencia, pues dotará a los municipios de una atribución que hasta hoy carecen. Como exalcalde tuve ocasión de constatar el abuso que comenten las empresas, afectando la seguridad de los ciudadanos”.

CASTRO:

“El proyecto es necesario, pero siempre que sea claro de quiénes tienen la obligación de hacer el trabajo y retirar el cableado. Como exalcalde sé que los municipios no tienen funcionarios con la expertice para hacerlo”.

VON BAER:

“Hoy nuestra ley no establece nada respecto a los cables y las instalaciones que los servicios tienen sobre los postes del alumbrado público y eléctrico y esto tiene un efecto de contaminación visual en nuestras ciudades. Soterrar todos sabemos que es muy caro, pero es un paso”.

DE URRESTI:

Hacía falta discutir un tema que en numerosas ciudades es un imposible para los alcaldes, las juntas de vecinos, comerciantes; no solo es inconveniente desde el punto de vista estético, sino que también un problema enorme para bomberos”.

EBENSPERGER:

“Creo que es muy anhelado por una gran cantidad de municipios. (…) Comparto algunas aprensiones que espero se solucionen en particular; además de establecer un pago subsidiario a quienes arriendan la líneas para incentivar a las empresas titulares a retirarlas”.

PUGH:

“La discusión se ha centrado en lo estético o caída de cables, sin embargo quiero hacer advertencia a la relación con la dependencia digital del país; la convergencia ha llevado a que todos los cables que se ocupaban antiguamente hoy sean cables digitales y fibra óptica o de alta velocidad”.

LETELIER:

“Aquí hay empresas que ganan con el uso de postes que son de uso público y no pagan ni un peso por esto. Estamos frente a industrias que usan el espacio aéreo de todos de una forma lucrativa”.

GARCÍA RUMINOT:

“Voto a favor; sin embargo quisiera que tuviéramos presente que se refiere solo a los cables de las empresas de telecomunicaciones, es un primer paso, pero no es suficiente, también debemos abordar los cables de las distribuidoras eléctricas”.

GUILLIER:

“Estamos en medio de un proceso de cambio de telecomunicaciones y energía, por lo que se podría ver en un contexto más amplio (…) Hay que generar políticas públicas para todos estos actores, la modernización de nuestro sistema”.

GARCÍA HUIDOBRO:

“Que las líneas sean soterráneas depende de la situación de cada comuna, obviamente que cuando se está cambiando el pavimento, hay que aprovechar (...) y también hay un tema de equidad, respecto de las viviendas sociales para que se habiliten con este sistema”.

NAVARRO:

“Las multas contempladas en esta legislación resultan insólitas respecto a las utilidades que las empresas tienen…¿cuál es el incentivo para que las empresas retiren los cables?. En la prestación de servicio debiera estar contemplado este tema pues en otros países se ha legislado para establecer un porcentaje en el soterramiento de cables anual”.

GALILEA:

“Todos aspiramos a que no hayan cables pero eso es casi imposible, de hecho, si uno mira otras ciudades como Bruselas uno puede ver que los tranvías eléctricos tienen que usar los cables aéreos. Lo importante es que nadie está dispuesto a tolerar que existan cables que no se usen o que estén colgando y afeando las ciudades… por eso podríamos llegar a una solución más sencilla y fiscalizable si el peso de la prueba queda en las concesionarias eléctricas”.