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Próxima Cumbre de las Américas: Expertos presentan recomendaciones sobre gobernabilidad democrática y transparencia

El senador Larraín participó la reunión organizada por la OEA, el Atlantic Council y Transparency International que realizó una evaluación y seguimiento de las medidas pro transparencia con miras a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en abril próximo en Perú.

6 de noviembre de 2017

Con una declaración conjunta  sobre la “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” concluyó el encuentro de expertos materias de transparencia y que fue organizada por la OEA, el Atlantic Council y Transparency International, en Lima Perú.

 

Imagen foto_00000032En la oportunidad, el senador Hernán Larraín, participó en su calidad de presidente de la Red de Parlamento Abierto (ParlAmericas) junto a más de una decena de representantes de organismos internacionales y especialistas en materias de gobernabilidad.

 

De este modo realizaron una evaluación, seguimiento y entregaron una serie de recomendaciones para avanzar en la Agenda de Gobernabilidad Democrática en la VIII Cumbre de las Américas

 

“Una nueva ola de escándalos de corrupción en las Américas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por eso, se han desatado nuevas demandas para mejorar la gobernabilidad y la institucionalidad. Tenemos entonces una oportunidad sin precedentes para sembrar conciencia sobre los costos que genera la corrupción y tomar pasos concretos para combatirla”, señala la declaración.

 

En Abril de 2018, durante la VIII Cumbre de las Américas, Perú recibirá a los países del hemisferio para generar discusiones críticas sobre el tema de “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, por ello “Urgimos a los negociadores de la Cumbre para que produzcan compromisos concretos a los que se les pueda hacer seguimiento, a través de un plan de acción que le muestre a los ciudadanos de las Américas que sus líderes están decididos a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”.

 

Precisaron que “los gobiernos de las Américas tienen una oportunidad incomparable para alcanzar cambios específicos de políticas públicas. Los negociadores de la Cumbre deberían proponerse fortalecer y expandir mecanismos ya existentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), explorar nuevas posibilidades para generar acuerdos multilaterales, comprometerse a estándares nuevos y verificables de transparencia y rendición de cuentas y garantizar la supervisión mutua entre los diferentes países para que se cumplan los compromisos ya adquiridos”.

 

Añaden que las recomendaciones específicas se ordenan en tres ejes principales:

 

•         Acceso a la información, transparencia y libertad de expresión: adoptar planes nacionales de acción en el marco de la Cumbre de las Américas que recojan los más altos estándares internacionales en temas como ética y probidad pública, presupuestos abiertos, financiamiento político, lavado de activos, beneficiario efectivo, protección de informantes (whistleblowers) y periodistas, datos abiertos (open data), digitalización de compras y contrataciones públicas.

 

•         Autonomía, independencia y capacidad de los sistemas de justicia:

 

- Mejorar la cooperación penal transnacional incluyendo el intercambio de evidencia jurídica a través de la colaboración directa entre los ministerios públicos sin intermediación de los poderes ejecutivos y la facilitación de delaciones premiadas en múltiples jurisdicciones.

- Fortalecer la independencia y autonomía judicial a través del cumplimiento de los estándares interamericanos y universales en la materia, así como el apoyo técnico internacional para los procesos de selección de jueces y fiscales. 

 

•         Instrumentos de cooperación: fortalecer mecanismos existentes o desarrollar nuevos mecanismos de cooperación regional como:

 

- Crear dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva relatoría especial sobre derechos humanos y corrupción y encomendar a la CIDH que haga un informe especial sobre el vínculo entre corrupción y derechos humanos.

 

- Actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) para responder a las nuevas manifestaciones de la corrupción y modernizar los estándares regionales para que cumplan con los avances logrados en diversos tratados internacionales sobre corrupción.

 

- Reformar el mecanismo de seguimiento de la CICC (MESISIC) para que tenga un carácter más independiente, transparente y técnico, incluyendo la participación activa y efectiva de la sociedad civil.

 

Los firmantes de la declaración señalan que “en la implementación de todas estas recomendaciones se debe asegurar la participación efectiva de todas las ramas de los poderes del Estado, incluyendo judicial y legislativo, y de la ciudadanía en aras de fortalecer el control político y social. Al mismo tiempo, reconocemos la importancia del sector privado en la responsabilidad conjunta de combatir la corrupción”.

 

Finalmente, los expertos  señalaron que “aplaudimos al gobierno peruano por liderar este esfuerzo para desarrollar resultados concretos y específicos contra la corrupción en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, y alentamos a todos los líderes del hemisferio a unírseles en este esfuerzo. Creemos que los pueblos del hemisferio están unidos en la determinación de dejarle a futuras generaciones sociedades que sean más justas, más seguras, más democráticas y más transparentes”.

 

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