LOS DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS

Importantes pasos ha dado este mes el Senado, en el camino de la protección social y el apoyo a la familia, con la aprobación de dos iniciativas que, en distintas fases de su tramitación legislativa y referidas a temas diferentes, tienen un sello común. Una de ellas es la llamada “Ley SANNA”, que pasó a segundo trámite, y la otra es el resguardo de los derechos de menores víctimas de abuso sexual, que quedó lista para convertirse en norma legal.

La ley que crea el Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas viene a alivianar, al menos en parte, la tragedia que significa tener un hijo con una enfermedad grave. A la patología en sí y al sufrimiento que ella conlleva para todo el entorno familiar, se suma el problema que enfrentan los padres al no contar con permisos constantes en el trabajo para llevarlo al médico, acompañarlo y contenerlo. Si consideramos además la carga económica de una enfermedad, el temor a perder el trabajo no deja de estar presente.

En un contexto así, que afecta a más de cuatro mil hogares con menores de 18 años afectados por contingencias de salud graves derivadas de enfermedades y accidentes, la implementación de un modelo como el que plantea la Ley SANNA es un gran avance que, como sociedad, debemos valorar. Estamos hablando de humanizar tanto la salud como el trabajo, de disminuir los tiempos y los costos de la recuperación de los pacientes y, en algunos casos, permitir a los padres vivir junto a un hijo en estado terminal sus últimos momentos.

En el trámite en la Cámara de Diputados, será necesario corregir algunos aspectos para otorgar la mayor igualdad de trato posible entre padres y madres y entre trabajadores del sector público y privado. De ese modo, pronto podremos contar con un sistema social mucho más solidario y orientado hacia un desarrollo integral de las familias.

Por otra parte, el Senado aprobó en su último trámite -y también en forma unánime- el proyecto que regula las entrevistas videograbadas y establece otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Esta iniciativa, que en muy poco tiempo más veremos convertida en ley, pone una cuota de razón y de humanidad frente a tantos niños y adolescentes que, tras sufrir una de las peores agresiones de las que puede ser objeto una persona, se ven expuestos a una doble victimización. 

Mejorar la forma en que se realiza la declaración en los procesos judiciales era casi un deber de sentido común y de justicia para esos niños y niñas tan dramáticamente vulnerados en sus derechos. Si hemos de hacer una autocrítica, tal vez la principal sea no haber resuelto esto antes, de manera de reducir el miedo, la confusión y la angustia de quienes primero fueron víctimas de un delito abominable y luego de un sistema que no pensó en ellos. Pero ya logramos dar ese paso y ahora lo importante es implementar a conciencia, con profesionalismo y empatía, una nueva forma de atender a estos menores y hacer justicia.

En ambos proyectos está presente el concepto de cuidar, proteger y acoger, ante circunstancias que son devastadoras. Quiero destacar el rol de las organizaciones ciudadanas que impulsaron cambios tan necesarios y urgentes. “Oncomamás”, "No me preguntes más" y "Amparo y Justicia", entre otras, pusieron el tema en el tapete y perseveraron en su empeño hasta obtener como resultado mucho más que un grano de arena en la construcción de un Chile más respetuoso de la dignidad, los derechos y el bienestar de sus habitantes.