Se requiere una profunda revisión para evitar escenarios adversos

Pese a valorar la defensa que ha hecho Chile respecto del litigio en la Haya, es un fallo injusto para Chile, y a mi juicio, es un fallo no conforme a derecho.

El daño ya está hecho, hemos perdido una Zona Económica Exclusiva de 22 mil kilómetros cuadrados y ahora cabe hacer una reflexión más profunda de lo que ha ocurrido.

Y la primera reflexión que surge, es que Perú construyó este caso, a partir de 1977, cuando el ex almirante retirado, Guillermo Faura publica “El mar peruano y sus límites”, en que elabora la tesis de la equidistancia, que en definitiva termina siendo asumida por Perú.

Con posterioridad, el prestigioso académico, Eduardo Ferrero, el año 79 en su publicación “El nuevo derecho del mar”, llega exactamente a la misma conclusión; luego, en 1985, el diplomático Juan Manuel Bákula, en su obra “Dominio marítimo del Perú”, amplía la tesis de sus antecesores.

Esa fue la tesis asumida por Torre Tagle y por la Cancillería peruana y el siguiente paso, a partir de asumir esta tesis, era debilitar los tratados vigentes que se habían celebrado entre Chile y Perú.

La primera decisión que se toma es restarle valor a la declaración unilateral hecha por Perú de las 200 millas, del año 1947. Posteriormente, el paso era debilitar el Tratado de 1952; para luego debilitar el Tratado de 1954, y terminar disminuyendo los acuerdos de la Comisión Mixta del año 1968 y 1969, especialmente por el ex canciller Rodríguez Cuadros, lo que termina en 1986, con el Memorándum Bákula, en la reunión que se tuvo con el ex canciller Del Valle.

Todo lo que viene con posterioridad es la preparación de la demanda.

Por lo tanto, desde mi punto de vista la demanda era inevitable, porque era una concepción asumida por el Estado peruano, que se comienza a desarrollar –reitero- a partir del año 1977.

Me pregunto: ¿fue capaz la Cancillería de detectar toda esa tesis elaborada por Perú? Y he llegado a la convicción más profunda, que la Cancillería no fue capaz de detectarlo, no informó al Gobierno, ni al Parlamento de lo que estaba desarrollando Perú, minuciosamente, con sistematicidad.

Creo que es la oportunidad de hacer una revisión muy profunda en esta materia. No podemos tener una Cancillería que sea incapaz de predecir escenarios futuros, porque, precisamente, de esos análisis de entidades especializadas depende el tomar o no decisiones de carácter político, por ejemplo, retirarnos del Pacto de Bogotá.

Si no se zanjan los temas pendientes con Perú, prefiero que nos retiremos del Pacto de Bogotá, para definitivamente sincerar nuestras relaciones.

Esto lo digo porque mientras en Arica y Lima, en el año 1999, el Presidente Frei suscribió ese acuerdo en que no había ningún tema pendiente, Torre Tagle por debajo preparaba minuciosamente la demanda en contra de Chile.

Y por lo tanto, creo fundamental sincerar estas relaciones, definitivamente, porque el Tratado de Ancón se celebró en 1883, en que se termina la Guerra del Pacífico, y no es posible que a partir de esa fecha, de manera ininterrumpida, sigamos expuestos y sujetos a reivindicaciones de esta naturaleza.

La segunda arista de las lecciones que tenemos en este episodio, tiene que ver con las visiones geopolíticas.

No es posible que una zona geopolíticamente estratégica, como es el caso de Arica, el auge o decadencia de ésta haya dependido de la voluntad de los gobernantes de turno. Es el Estado, más allá de quien esté gobernando, quien tiene que asumir que zonas del territorio nacional, que permanente son objeto de reivindicaciones de carácter territorial, son geopolíticamente estratégicas y, por lo tanto, no solo hay que defenderlas con las Ramas de la Defensa, sino que la mejor manera de ejercer soberanía es mediante el poblamiento y el desarrollo.

Por tanto, quiero pedir a este Parlamento que una modificación constitucional, presentada unánimemente por todos los miembros de la Comisión de Gobierno del Senado, sea aprobada a la brevedad. La medida establece que como zonas geopolíticamente estratégicas tengan un estatuto especial que no dependa de la voluntad del gobernante de turno, sino que sea una preocupación permanente del Estado para asumir su desarrollo, poblamiento y defensa.

Reitero, creo que la Cancillería tiene que hacer una revisión muy profunda, porque este tema era evitable si hubiésemos tenido los antecedentes que la equidistancia era el tema asumido por Perú, y podríamos haber tenido la oportunidad de retirarnos del Pacto de Bogotá, para no otorgarles el instrumento, que es el Tribunal de La Haya, cuyos fallos son de carácter inapelables, y por lo tanto la Cancillería debe tener un departamento de estudios, que nos indique con anticipación los escenarios posibles. Esto no fue advertido ni a los gobiernos, ni a este propio Parlamento.

Además, debemos asumir que Chile tiene relaciones vecinales complejas y, por lo tanto, es fundamental que la zona geopolíticamente estratégica tenga un estatuto.