Votarán erigir monumentos en memoria de Gladys Marín y Jaime Castillo
Ambas iniciativas ya fueron aprobadas en general y particular por los integrantes de la Comisión de Educación.
30 de mayo de 2015
El próximo martes 2 de junio, la Sala deberá revisar en una nueva sesión ordinaria, dos proyectos de ley similares que buscan rendir un homenaje a dos figuras del acontecer nacional fallecidas ligadas a la defensa de los derechos humanos.
La primera iniciativa corresponde a aquella que autoriza erigir un monumento a la ex diputada Gladys Marín Millie (Boletín N° 7523-24); y la segunda propone lo propio para el ex ministro y abogado Jaime Castillo Velasco (Boletín N° 9099-24).
Ambas propuestas se encuentran en segundo trámite y ya fueron aprobadas en general y particular por los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Ahora los legisladores en la sesión deberán evaluar los informes emanados por esta instancia a la hora de proceder a la votación de cada una.
El texto referido a la ex presidenta del Partido Comunista (PC), asegura que “como parlamentaria su aporte no fue solo en el plano legislativo promoviendo leyes que favorecieran a las mayorías de y a los más postergados y defendiendo los derechos de los trabajadores. Su principal preocupación fue estar en contacto permanente con el pueblo, ayudándole a organizarse, a buscar solución a sus problemas y muchas veces encabezando con ellos las luchas como en el caso de las tomas de terrenos”.
De acuerdo al proyecto, la figura fue elegida en 1965 como la diputada más joven del Parlamento por el 2º Distrito de Santiago. Luego es reelecta en 1969 por el mismo distrito, y en 1973 es elegida diputada por el 1er Distrito de Santiago.
Tras ser exiliada por el gobierno militar, volvió a Chile denunciando “diariamente los crímenes cometidos, exigiendo verdad y justicia. El 12 de enero de 1998 interpuso la primera querella contra Pinochet y estimuló a que se presentaran otras querellas, llegando estas a más de 300”.
“En 1998 es proclamada como la primera candidata mujer a la Presidencia de la República en Chile”, comenta el texto recordando su muerte el 6 de marzo de 2005.
En concreto, la norma plantea erigir un monumento en una ciudad por definir. Asimismo indica que “las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial creada para materializar esta ley”.
El recordado abogado Jaime Castillo fue presidente del Instituto de Formación y de Estudios Políticos (IDEP), miembro de la Comisión Ideológica Mundial de la Democracia Cristiana; Fundador y Director del Secretariado Latinoamericano de Derechos Humanos (SELADEH).
A su vez se le ha calificado como uno de los fundadores de la Falange en 1935. Junto a otros jóvenes falangistas, en 1957 fundó el Partido Demócrata Cristiano, siendo Presidente y Vicepresidente en varios períodos entre 1966 y 1986.
También durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), fue nombrado Ministro de Justicia y de Tierras y Colonización. Luego del golpe de Estado de 1973, se convirtió en un ferviente defensor de los derechos humanos defendiendo causas de derechos humanos: exilio de chilenos, el caso del ex canciller Orlando Letelier, entre otras personas acusadas.
En 1978 fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lugar desde donde realizó gran parte de su trabajo. Tras volver del exilio, formó parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), y en el 2000 participó de la Mesa de Diálogo. El jurista falleció el 29 de octubre de 2003.
El proyecto solicita levantar un monumento en su memoria en la comuna de Santiago, cuyas obras se “financiarán mediante la realización de una colecta pública en la Región Metropolitana. Su producto se depositará en una cuenta especial que al efecto se abrirá en el Banco Estado”.
Cabe recordar que la petición de estos homenajes nació en mociones parlamentarias de la Cámara Baja, de allí que ahora el Senado deba pronunciarse. De ser despachadas, ambas estarían en condiciones de convertirse en ley.