Transparencia en cobranzas extrajudiciales será analizada en una próxima Sesión Ordinaria
La Comisión de Economía respaldó el texto de autoría de los senadores Manuel José Ossandón, Alejandro Guillier y Eugenio Tuma. Asimismo, los congresistas valoraron la publicación de la ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios.
1 de octubre de 2015
En condiciones de ser conocido por la Sala quedó el proyecto de ley, iniciado en moción que establece nuevas exigencias a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial.
El texto en primer trámite fue despachado por los integrantes de la Comisión de Economía en su última sesión, luego que los senadores coincidieran en la necesidad de transparentar la información relativa al cobro de intereses por mora.
El presidente de la Comisión, el senador Eugenio Tuma valoró la aprobación en general y particular de la iniciativa. “Ahora los acreedores tendrán la obligación de informar a los deudores morosos todos sus derechos. Creemos que es un paso importante porque muchas veces se amenaza con un remate a aquellos que no han pagado las debidas cuotas, lo cual no corresponde en una instancia de este tipo”, aclaró.
“Solo los tribunales de justicia pueden solicitar un remate de bienes, y las cobranzas extrajudiciales, como su nombre lo indica, son anteriores a dicho proceso. No se podrá amenazar a los consumidores con estas artimañas”, insistió.
En tanto, otro de los integrantes de la instancia, el senador Alejandro Navarro expresó que “ahora los consumidores deberán ser informados en detalle cuándo se inicia una cobranza de este tipo, cuáles son los montos involucrados y sus plazos”. Declaró que la normativa pondrá término al pago de intereses usureros que muchas veces superan el valor de las cuotas del crédito en sí mismo.
“Hoy los recargos de intereses se hacen efectivos desde el primer día de mora, aun cuando hay contratos que hablan que el décimo día se haría efectivo aquello. Sabemos que muchas entidades vulneran esto, por lo que vamos a oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sobre esta situación”, declaró.
El congresista relevó también el hecho que se incrementan las penas. “Por ejemplo, existen algunas empresas de cobranza que hoy mandan cartas a los deudores que parecen querellas o demandas (tienen el mismo formato), y la gente se ve amedrentada por ello. Esto va a ser sancionado drásticamente porque estamos frente a una conducta intimidatoria que confunde a los consumidores”, comentó el legislador haciendo ver también, la necesidad de educar financieramente a la población.
Asimismo, la Comisión de Economía se mostró satisfecha con la publicación de la ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios, norma que fue tramitada por los parlamentarios que integran esta instancia.
En esa línea, el senador Tuma aseguró que “resultaba injusto que los bancos no tuvieran la obligación de liberar las garantías aunque se haya extinguido la deuda, más aún cuando muchos consumidores no saben cómo liberarlas y sus garantías quedan cautivas por años".
"El acreedor de una o más obligaciones caucionadas con una prenda sin desplazamiento que opere como garantía específica, deberá otorgar la escritura de alzamiento una vez extinguidas totalmente la o las obligaciones por dicha prenda, dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contados desde la cancelación total", agregó el congresista.
“A partir de enero de 2016, todas las personas que han tenido una hipoteca por contraer un compromiso de crédito, se van a ver beneficiadas porque el banco va a alzarla a su costo”, declaró la senadora Lily Pérez San Martín, quien calificó la nueva ley como una muy buena noticia en beneficio de los consumidores.
En tanto, el senador Jorge Pizarro destacó que “la gracia que tiene esta legislación, es que establece plazos para que los bancos hagan el alzamiento, además esas hipotecas van a liberar propiedades o garantías que pueden usar para adquirir otros créditos”. A su vez, hizo notar que el Sernac será el encargado de fiscalizar estos procedimientos, “lo que va a en la línea de fortalecer esta entidad, lo que estamos haciendo con otro proyecto que estamos tramitando”.
El congresista hizo referencia a la norma que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 9369-03), la que se encuentra en la Comisión de Economía. Hasta el 9 de noviembre se abrió plazo para que los senadores y el Ejecutivo presenten indicaciones que serán estudiadas en el debate en particular.