Superintendencia de Educación Superior fue aprobada en general por la Sala

Por 26 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Sala aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una Superintendencia de Educación Superior. De este modo la iniciativa volverá a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis en particular, ya que se fijó el lunes 8 de abril como plazo para presentar indicaciones.

En la sesión intervinieron los senadores Ignacio Walker, Ena Von Baer, Hosaín Sabag, Hernán Larraín, Mariano Ruiz Esquide, Víctor Pérez, Alberto Espina, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Carlos Cantero, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Soledad Alvear, Fulvio Rossi, Guido Girardi, Isabel Allende, Eugenio Tuma, Andrés Zaldívar, Jaime Quintana, Ximena Rincón, Lily Pérez, Ricardo Lagos y Baldo Prokurica.

DEBATE

Si bien la mayor parte de los congresistas apoyaron la idea matriz del proyecto, es decir, crear una nueva institución que busca fiscalizar las instituciones que imparten educación superior, sean públicas y privadas, que incumplan la Ley, hicieron la salvedad que es necesario revisar una serie de aspectos que será necesario analizar en la discusión en particular.

Las principales discrepancias se centraron en la carencia de un marco regulatorio que sustente a dicha superintendencia. Los senadores Ignacio Walker, Sabag, Allende, Tuma, Zaldívar y Quintana indicaron que es necesario contar con una regulación general que respalde un sistema educacional integral donde la fiscalización esté complementada con la transparencia y el financiamiento. A juicio de estos parlamentarios, ello no se visualiza en el mensaje que se discute.

Otras críticas apuntaron a que la superintendencia no elimina situaciones como permitir las llamadas sociedades espejo (personas relacionadas), la falta de control sobre las transacciones de las universidades o la permanencia del lucro en la educación. En tal sentido, algunos senadores manifestaron sus reparos respecto que esa interpretación sería equivocada puesto que su articulado busca terminar con las irregularidades que quedaron en evidencia tras el cierre de la Universidad del Mar. En esa línea diversos legisladores insistieron en la necesidad de dar una solución a los alumnos y sus familias afectadas por este cierre.

En otro sentido, el senador Sabag solicitó revisar con detención algunos puntos manifestados en el informe de la Comisión referidos a la posibilidad que esta superintendencia colisione con otra institucionalidad existente. En la misma línea, el senador Navarro comentó que la Contraloría revisó el texto y encontró algún grado de superposición de funciones que será necesario revisar en detalle.

A su vez, el senador Zaldívar solicitó a la Comisión que se considere dentro de este proyecto incluir aspectos que permitan introducir la figura de un administrador provisional o administrador delegado que permitiría operar en el caso del cierre de una universidad por no cumplir la ley.

En tanto, el senador Cantero en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, lamentó la nula discusión en el Senado entre lo que se entiende por bienes públicos y bienes privados. "Se piensa por algunos que la salud y educación son bienes privados, que tienen que ver con un individuo que si tiene mayor educación vale más, y si es sano vale más, puede cobrar más. Me gustaría que este Parlamento discuta el tema”.

Durante la discusión, el Ministro de Educación, Harald Beyer indicó que esta propuesta se inserta en una serie de reformas que impulsa la actual administración, por lo que solicitó a los legisladores alcanzar acuerdos que permitan mejorar la transparencia en la educación superior.

MENSAJE

La propuesta, iniciada en mensaje, plantea crear una Superintendencia de Educación Superior como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo fin será fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y Centros de Formación Técnica (CFT)  en cuanto a verificar que entreguen información veraz a sus alumnos, y por tanto, no incurran en publicidad engañosa.

Para ello, la norma requiere modificar la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, de manera de ampliar y perfeccionar la información que estas instituciones entregan a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, la Ley General de Educación (LGE) debería ser modificada de manera de regular las operaciones de las universidades con personas relacionadas; y asegurar la ecuanimidad en la toma de decisiones de manera que una casa de estudios no estatal designe a lo menos tres miembros independientes en su directorio para garantizar transparencia en la gestión.