Senado aprueba informe de Comisión Mixta sobre Ley de Pesca

Con 23 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización de la Ley de Pesca.

Con esa votación la denominada Ley “larga” de Pesca fue despachada por el Congreso y ahora debe pasar a control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, antes de ser remitida al Presidente de la República para su promulgación.

Durante la discusión del informe, intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Ximena Rincón, Alejandro García Huidobro, Ricardo Lagos, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Jaime Orpis, José Antonio Gómez, Guido Girardi, José García Ruminot, Víctor Pérez, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Juan pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Gonzalo Uriarte y Mariano Ruiz-Esquide; además del Ministro de Economía, Pablo Longueira; y de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet.

PRINCIPALES ACUERDOS

Dentro de los acuerdos destaca la mantención de licencias transables tipo A por un plazo de 20 años, pero se incorporaron nuevas protecciones para los trabajadores de la industria que puedan ser afectados por las modificaciones de esta ley. Además, se establecieron criterios diferenciadores para las pesca de la merluza austral y del congrio dorado, en las regiones del sur.

Asimismo, se mantuvo el reemplazo del artículo 27 que abordó la forma en se deberá proceder frente a una pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura y que se encuentre en un nivel igual o superior al 90% de su rendimiento máximo sostenible. Se mantuvo el proceso de pública subasta de la fracción industrial de la cuota global, en los mismos términos (licencias transables de pesca clase B), cuya vigencia será de 20 años. Sin embargo, se subió de 3,3% a 4,2% el precio mínimo anual del valor de sanción de las subastas, para guardar la debida correspondencia y armonía entre las disposiciones de la iniciativa.

En la Comisión Mixta se logró la incorporación de una nueva norma que permite, en el marco del régimen artesanal, que no se aplique a las pesquerías de merluza austral y congrio dorado, en las Regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes la limitación establecida para el resto del país que indica que los titulares sólo podrán acceder en tres años corridos hasta el 50% de la cuota de asignada.

DEBATE

El senador Rossi señaló que los efectos de esta ley se verán en tres años o más cuando las pesquerías sobrexplotadas comiencen a recuperarse y destacó que se cambie el eje para la toma de decisiones que de ahora en adelante deberán considerar la información científica para definir cuanto se pesca. También destacó que se mantenga la recaudación, que se haya duplicado el bono que se le entrega a quienes pierdan el empleo, que se mantenga la licitación del 15% y que se aumenten las sanciones pecuniarias, entre otras medidas.

El senador Bianchi llamó la atención respecto de la plataforma social para los trabajadores, si se compara con el enorme beneficio que tienen los industriales. Dijo que no basta con los $134 mil pesos mensuales para los trabajadores de la industria por un período de tres años y señaló que le hubiese gustado incluir a los trabajadores de la pesca artesanal.

En tanto, el senador Escalona manifestó que con esta iniciativa se produce una violación a la libertad económica a través de un monopolio legal establecido por Estado y eso viola la Constitución Política, por lo que reiteró su reserva de constitucionalidad en esa materia. Señaló que se establece una situación de privilegio de controladores económicos en desmedro de quienes quisieran participar de este sector productivo y criticó que se coloque un techo en la recaudación que va a recibir el Estado.

La senadora Rincón recordó que durante toda la discusión planteó que se requerían cambios sustantivos, más licitación, mejor plataforma laboral, más recaudación fiscal, más espacio y cuotas para los trabajadores y que si bien el informe de la Mixta es un avance, el problema es que el proyecto no es bueno. Señaló que si bien se mejoran algunos aspectos, la iniciativa no se hace cargo de los temas sustantivos.

OPINIONES DISPARES

El senador García Huidobro señaló que esta iniciativa es el proyecto ambiental más importante que ha tenido nuestro mar. Destacó la unanimidad que se logró en la Comisión Mixta, donde se puso mucho énfasis –dijo- en que no se redujera la recaudación fiscal y relevó la existencia de los comités científicos señalando que ello permitirá reducir y terminar con la sobrexplotación.

En tanto, el senador Lagos dijo que esta iniciativa tiene varios avances como el establecimiento del principio precautorio, la incorporación de los comités científicos, mayores medidas de fiscalización, la plataforma social y la reserva de las 5 millas, pero dijo que no hay ninguna razón por la cual se le entreguen derechos de pesca para siempre –señaló- a un grupo pequeño de chilenos.

El senador Tuma señaló que esta es una mala iniciativa, que discrimina y castiga a una parte de la población. Agregó que el corazón del proyecto tiene que ver con el reconocimiento de los derechos históricos de los industriales, entregándoles para siempre licencias, en circunstancias que se excluyen completamente a los pueblos originarios.

Por su parte, el senador Ignacio Walker manifestó que el informe de la Mixta es un avance si se compara con el proyecto que había llegado originalmente y destacó que la iniciativa considere la conservación, la preservación y sustentabilidad de los recursos pesqueros; la soberanía y jurisdicción del Estado de Chile; la existencia de comités científicos; la defensa de la pesca artesanal y que por primera vez en décadas se abra la posibilidad de terminar con el oligopolio, al permitir el ingreso de nuevos actores a la industria.

El senador Orpis señaló que este proyecto marca un punto de inflexión importante en materia pesquera y destacó que el punto trascendental, más que las licitaciones, es la plena transabilidad y divisibilidad de las cuotas, señalando que ello va a asegurar la sustentabilidad. Agregó que este proyecto va más allá, porque ha establecido licitaciones a todo evento y se mantendrá la recaudación para el Fisco.

Una opinión distinta tiene el senador Gómez quien manifestó que con la votación de hoy se concluye la crónica de una muerte anunciada, pues gracias al acuerdo parcial alcanzado con el Ejecutivo, los industriales van a ser dueños de la pesca a perpetuidad, pues la temporalidad de las licencias es más bien enunciativa que real. Dijo que no está en contra de los avances que se puedan haber logrado, sino que contra de la perpetuidad del negocio que se ha establecido en esta ley.

En una línea similar el senador Girardi señaló que los instrumentos de esta ley no van a permitir resolver los problemas de fondo, pues existe una disociación absoluta entre los expertos, los científicos y quienes toman decisiones. Agregó que el problema es que la ley parte del supuesto que en Chile existe un stock hidrobiológico y eso va a agravar el problema en el corto plazo porque se están distribuyendo recursos que no hay.

En tanto, el senador García Ruminot manifestó que esta ley significa mayor fiscalización y que los pescadores artesanales están de acuerdo con el posicionador satelital, pues eso permitirá impedir que se perforen en los límites marítimos. Señaló que los derechos de pueblos originarios están plenamente garantizados.

El senador Pérez destacó que durante la tramitación de la iniciativa se haya abierto un espacio de participación para que todos los actores puedan dar sus opiniones sobre la iniciativa. Agregó que en los últimos años ha habido un proceso que ha aumentando la depredación y donde la actividad pesquera ha ido de más a menos por falta de normas que protejan la sustentabilidad y esta ley coloca las cosas en su lugar.

Una opinión distinta tiene el senador Muñoz, quien indicó que esta iniciativa es una mala ley de pesca que protege los intereses de unos pocos, no resguarda la pesca artesanal y sólo entrega mínimos mejoramientos. Dijo que nada justifica que se no haya podido establecer que estos recursos son de todos los chilenos y que no se haya cuestionado el oligopolio, al mismo tiempo que insistió en que el proyecto es inconstitucional porque vulnera el derecho de igualdad ante la ley.

En tanto, el senador Pizarro valoró que se asegurara en la ley de pesca que los recursos pesqueros son parte sustancial de la soberanía del Estado de Chile y que se haya establecido la temporalidad de los derechos de pesca, señalando que la renovación de las licencias está condicionada al cumplimiento de la ley. Asimismo, valoró el acuerdo que permite que en algunas regiones solo se pueda perforar en las 5 millas con acuerdo de los pescadores artesanales.

Por su parte, el senador Navarro criticó la iniciativa y señaló que en lo que respecta a los programas de apoyo social, éstos durarán tres años en circunstancias que todas las medidas que van a impactar el empleo empiezan después de tres años, lo que implica que los beneficios terminarán cuando empiecen a sentirse los efectos de la ley.

La senadora Allende señaló que esta ley es una muestra clara de la sociedad inequitativa en que vivimos, pues en estos años se ha logrado que 7 familias  a través de 4 empresas sean dueñas de más del 90% de los recursos  pesqueros, mientras que al otro lado están los pescadores artesanales que con mucho esfuerzo intentan sobrevivir. Dijo que el sector artesanal a todavía tiene muchas precariedades y que espera que la sustentabilidad no sea letra muerta.

El senador Coloma destacó que se lograra  desconcentrar la toma de  decisiones, establecer nuevos fraccionamientos e incorporar los comités científicos, argumentando que hay señales de que la situación es mejor de lo que había en la actualidad.

En tanto, el senador Quintana manifestó que los avances en la Comisión Mixta fueron mínimos y que esta iniciativa es un retroceso respecto de lo que fue la ley de pesca en tiempos de Patricio Aylwin y del límite máximo de captura por armador. Lamentó que no se estableciera que los recursos son de todos los chilenos y que no se consideraran a los pueblos originarios, al mismo tiempo que dijo que no se avanza lo suficiente en investigación y fiscalización.

El senador Letelier manifestó que si bien esta ley es un avance para los artesanales y las organizaciones que firmaron el acuerdo, el resultado no es el adecuado. Lamentó que no se haya corregido el problema de fondo, pues cuando hay recursos limitados es imposible que haya libre competencia y eso lleva necesariamente a estructuras oligopólicas. Dijo que le preocupa que la industria no aporte al desarrollo nacional como corresponde, asegurando que la recaudación por concepto de patentes e impuesto específico “es un chiste” y planteó que debería existir una plataforma social para todos los trabajadores del país.

En tanto, el senador Zaldívar lamentó haber sido objeto de una campaña persistente y orquestada para desprestigiarlo y atribuirle torcidos intereses en torno a esta ley, señalando que siempre ha actuado de manera transparente y apegada a la ley en su vida política. Respecto del proyecto, dijo que el Senado corrigió lo que aprobó en su momento la Cámara en lo que se refiere a los industriales, destacó que se haya determinado la plena soberanía del Estado sobre el mar territorial y sus recursos; que se hayan establecido permisos temporales para la pesca industrial y que se resguarde la sustentabilidad.

En tanto, el senador Ruiz Esquide solidarizó con el senador Zaldívar, argumentando que nadie puede usar el sigilo para agraviar a un parlamentario.

Finalmente el senador Uriarte manifestó que esta es una buena ley, que innova en materias sustantivas, pues aparece el concepto de sustentabilidad y tanto los comités científicos como el IFOP tienen presupuesto para investigar. Destacó que se agregue la protección a los trabajadores, que se consagre un 15% de licitación y que las cuotas sean divisibles y transferibles, lo que es una garantía para evitar la concentración.