Norma sobre firma electrónica pasa a segundo trámite
La iniciativa fue aprobada en general y en particular, por lo que continuará su tramitación en la Cámara de Diputados
20 de noviembre de 2013
Por 24 votos, el Senado respaldó el proyecto de ley –en primer trámite constitucional- que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que implementa un sistema que otorgue seguridad a las transacciones electrónicas.
De esta forma, la propuesta está en condiciones de ser vista por la Cámara Baja, luego que las comisiones de Economía y Hacienda del Senado, dieran su respaldo al texto tanto en general como en particular.
Durante el debate, el Subsecretario de Economía, Tomás Flores dio a conocer el contenido de la propuesta, mientras que los senadores Hosaín Sabag y Baldo Prokurica se pronunciaron sobre su pertinencia.
El senador Sabag explicó que la norma busca que el uso de la firma electrónica sea más fácil y masivo para todas las personas. En lo legislativo agregó que “durante el segundo informe se realizaron varios cambios en ambas comisiones, siendo aprobadas por unanimidad”. Comentó a su vez que se emitió un informe financiero el cual da cuenta que la firma electrónica se viene utilizando desde el 2002.
Para el senador Prokurica, esta ley instauró la certificación y brindó un estímulo para hacer transacciones más seguras. Esto porque, “le da cercanía a las comunidades, en especial a las rurales y con ello se evitan los viajes hacia las ciudades para hacer un trámite”. Agregó que hasta el momento, el proyecto de ley no ha presentado irregularidades en su desarrollo.
Por su parte, el subsecretario Flores realizó un resumen del proyecto indicando que la iniciativa perfecciona la ley vigente que tiene una década. “Esto es una validación que permite hacer mucha más transacciones por cuanto no se necesita estar presente ni tener un ministro de fe”.
Señaló que esta modificación, que había sido votada por unanimidad en las comisiones respectivas, busca ampliar el número de actos jurídicos en los cuales se puede utilizar este instrumento y permite que otros organismos del Estado también puedan usarlo teniendo la seguridad de su legalidad.