Intereses y patrimonio de autoridades: despachan proyecto que establece una separación más estricta
La Sala del Senado aprobó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Probidad en la Función Pública y que dirimió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras.
15 de septiembre de 2015
Otro de los proyectos fundamentales de la Agenda de Probidad y Transparencia fue despachado por el Senado en el marco de los compromisos asumidos en la Cuenta Pública del 21 de julio.
Se trata del proyecto que establece mayores estándares de Probidad en la Función Pública que quedó en condiciones de cumplir su trámite de promulgación luego que el Senado aprobara en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras.
El texto legal establece mayores exigencias para las declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades públicas del nivel central y local de modo de evitar los conflictos de intereses al momento de ejercer los respectivos cargos.
Al respecto, el senador Hernán Larraín explicó que la instancia Mixta se produjo tras el rechazo de la Cámara sobre el proyecto despachado por el Senado, donde se introdujeron importantes modificaciones.
"La iniciativa tiene como propósito hacer una real declaración de patrimonio e intereses y establecer un mandato de fideicomiso para que las autoridades antes de ejercer el cargo hayan delegado o liquidado ese patrimonio", dijo el legislador.
Añadió que "la Comisión Mixta discutió en forma pormenorizada el texto legal de modo de esclarecer las inquietudes y dudas, pero en lo fundamental prevaleció el texto propuesto por el Senado".
Las exigencias de probidad regirán para todos los funcionarios públicos, sean del gobierno central, del Congreso, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, etc.
En lo fundamental se contemplan mayores exigencias respecto de la información que se tiene que aportar en lo que se refiere a la declaración de patrimonio y también en lo que dice relación a la declaración de intereses.
Además se contempla normas relativas a la enajenación de activos y el fideicomiso ciego que es la obligación de las autoridades que poseen un patrimonio de alguna significación y lo tienen en acciones, a tener que entregar esas acciones a un tercero para que las administre sin conocimiento de quien las tiene, pero además vender las acciones, diversificarlas y comprarlas en otros instrumentos para que no se sepa realmente en qué se está invirtiendo.