Hasta 10 años de cárcel y prisión preventiva arriesgan quienes causen lesiones graves o la muerte por conducir ebrios

Con 29 votos a favor la Sala del Senado aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, que establece sanciones que fluctúan entre los 3 años y un día a 10 años de cárcel para quienes conduzcan en estado de ebriedad y produzcan lesiones graves, gravísimas o la muerte, iniciativa conocida como “Ley Emilia” en memoria de una menor de 9 meses que falleció producto del choque por parte de un conductor ebrio.

No obstante, la Sala fijó plazo hasta el 15 de julio para presentar indicaciones, pues algunos senadores quieren evaluar la posibilidad de aumentar aún más las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos.

Cabe recordar que durante su trámite reglamentario, la iniciativa fue analizada por las Comisiones de Transportes y de Constitución, siendo esta última la que amplió el rango actual de la pena que se aplica para estos delitos – de tres años y un día a 5 años extendiendo el techo de la pena a 10 años- de modo que la prisión preventiva se pueda aplicar considerando que estos infractores representan un peligro para la sociedad.

Al iniciarse el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Patricio Walker explicó los cambios que le introdujo esa instancia a la iniciativa a objeto de lograr un texto que no desequilibrara el sistema punitivo vigente, pero que significara una pena asociada a la gravedad del delito.  En tal sentido, precisó que se aumenta la sanción máxima aplicable a este delito, es decir hasta 10 años de cárcel y siendo el grado superior pena de crimen, resulta aplicable el criterio de peligro para la seguridad de la sociedad para los efectos de la decisión sobre prisión preventiva. Asimismo, indicó que se incluyó un nuevo artículo en materia de aplicación de penas sustitutivas, de manera de hacer aplicable de forma expresa la pena de libertad vigilada intensiva a quienes cometan el delito.

A su turno, el senador Mariano Ruiz Esquide manifestó que si bien no hay nada más trágico que la gente que abusa del alcohol para manejar, debe haber un cierto correlato entre las penas que se le aplican a dichas personas en relación a las que aplican a otros delitos. Por ello, se manifestó partidario de las normas aprobadas por la Comisión de Constitución, señalando que consideran una escalar razonable de sanciones.

Una opinión distinta manifestó el senador Francisco Chahuán, quien si bien considera que este proyecto es un paso importante en relación a las normas existentes, estima que es necesario aumentar aún más algunas sanciones, sobre todo en los casos en que se produzca un accidente con resultado de muerte, a fin de tener una fórmula que permita asegurar una pena mayor que fluctué entre los 5 y los 10 años.

En la misma línea, la senadora Lily Pérez manifestó que una persona que conduce en estado de ebriedad transforma dicho automóvil en un arma, tanto para sí mismo, como para otros conductores y peatones, por lo que a su juicio, este proyecto es un paso adelante, pero insuficiente. Por ello, coincidió en que se deben presentar indicaciones para tener sanciones ejemplares.

ESFUERZO LEGISLATIVO

En tanto, el senador Alberto Espina destacó el esfuerzo legislativo que hizo la Comisión de Constitución por tratar de establecer sanciones acordes a la gravedad de los hechos, dentro del marco punitivo establecido en el país. En tal sentido, destacó el aumento del techo de la pena a 10 años, la posibilidad de que el infractor quede en prisión preventiva y la imposibilidad de que tenga el beneficio de remisión condicional de la pena, pues se le aplicará la sanción de la libertad asistida especial, que entre otras dispone el uso del sistema telemático o brazalete.

Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier hizo presente que la pérdida de un ser querido “a quien se le arrebata la vida no tiene ninguna reparación”, sin embargo, remarcó que a través de esta ley se reafirma que tomar alcohol y manejar un vehículo es un delito y la sociedad no tolera que esa persona, al día siguiente, pueda estar caminando por las calles, por lo que subrayó que el proyecto fija los criterios para que esto no suceda. Asimismo hizo presente la necesidad de estudiar todo el sistema de sanciones y el avanzar hacia un seguro para que aquel que conduzca se haga responsable.

El senador José Antonio Gómez recordó un programa sobre la enseñanza y prevención de la conducción en estado de ebriedad aplicado en Antofagasta, el que requería de un marco legal correcto, como el que se avanzando con esta ley. No obstante, llamó a mejorar las situaciones que no están bien resueltas en la iniciativa “por lo que espero se pueda retomar y se analice en profundidad para tener una ley que nos permita el objetivo final: si se toma no se maneja. Si no vamos parcializar las cosas”.

NO MÁS MUERTES

A través de una vivencia personal, el senador Víctor Pérez Varela respaldó la iniciativa y la labor de la comisión que avanzó con mayores sanciones, además de la ley de tolerancia cero, que rige hoy en día. “He vivido una situación como esta en 2001, cuando un auto chocó con la aparte de atrás a mi hermano que murió. Esa persona no recibió ninguna sanción de carácter penal y dos meses después andaba manejando”, por lo que recalcó que han existido avances desde esa fecha y subrayó que esta ley otorga un marco de acción para que el juez para pueda actuar.

El senador Hernán Larraín coincidió en que, si bien una vida no es compensada con nada, a través de esta legislación se avanza en el marco regulatorio con una cierta proporcionalidad y valoró el aumento de la sanción: “no estamos siendo ni blandos, ni duros, porque permite tener la sanción según la gravedad de los hechos y estamos abriendo un espacio para que el juez pueda tomar la mejor decisión, de una manera más contundente. Estamos dando un paso hacia el futuro”, argumentó.

“Queremos evitar más Emilias”, señaló el senador Alejandro Navarro, por lo que es necesario hacerse cargo de la educación de los conductores y peatones, lo que a su juicio es el pilar fundamental para evitar estas situaciones. Asimismo, dijo que es necesario avanzar en una serie de proyectos como la obligatoriedad de la rotulación de bebidas alcohólicas y el pronto tratamiento de la moción sobre fugas de quienes cometen atropellos y puso la voz de alerta en las alarmantes cifras de accidentes con consecuencia de muerte.

Por su parte, el senador Gonzalo Uriarte mencionó que los tipos penales tienen una función preventiva, puesto apuestan a la educación y al mismo tiempo, tienen otra de carácter retributivo, es decir, que persigue que el infractor sea castigado. En su opinión, dicho equilibrio de la política criminal es esencial y forma parte del proyecto que ha sido respaldado por la ley de tolerancia cero. El legislador dijo celebrar la proporcionalidad de las penas y que ésta se encuentre en el marco de una política pública.

Por último, la senadora Soledad Alvear destacó el temple de la familia de Emilia Silva que ha impulsado dicha tramitación y también mencionó la importancia que tiene que el juez pueda contar con un amplio margen de penas puesto que en cada caso deben ponderarse distintos factores, sobre todo cuando se está en presencia de infractores alcoholizados. Por ello, la legisladora destacó que se esté por elevar hasta en 10 años la sanción, lo que a su juicio, no tiene parangón porque desde ahora se podrá considerar un peligro para la sociedad a los autores de estos crímenes.