Despachan a la Cámara de Diputados proyecto que fortalece funciones y las plantas municipales

Con la amplia participación de los legisladores, se despachó a segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; con esto se permitirá dar mayor movilidad a las plantas municipales y se considera el gasto pertinente para aquello, además se acordó que los beneficios comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2016, entre otros importantes aspectos.

No obstante, durante el debate, los senadores manifestaron que se deben dar soluciones a otros temas que afectan al sector, como el cumplimiento de la norma 80/20 -personal de planta y a contrata y/o honorarios, respectivamente- y el incluir a otros sectores que quedaron excluidos de los beneficios.

El proyecto fue votado por unanimidad en las normas que fueron aprobadas en las Comisiones de Gobierno y en Hacienda, ambas instancias revisoras del texto legal. Luego, se dio paso a la votación artículo por artículo, de aquellos aspectos que generaron discrepancias.

En la oportunidad intervinieron los senadores Andrés Zaldívar, Antonio Horvath, Baldo Prokurica, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Alejandro Guillier, José García Ruminot, Hernán Larraín, Felipe Harboe, Eugenio Tuma, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, Lily Pérez, Carlos Montes y Manuel José Ossandón, además del subsecretario Ricardo Cifuentes.

El mensaje, tiene por objeto dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades de las municipalidades del país, fortaleciendo las funciones de su personal y así permitir el avance de estas instituciones desde meras administraciones a verdaderos gobiernos locales.

Además, faculta a los alcaldes, a través de un reglamento municipal, para fijar o modificar cada 8 años las plantas de funcionarios, con especial focalización en cargos de profesionales y técnicos, con acuerdo del Concejo y previa consulta de la opinión de las asociaciones de funcionarios vigentes.

En estas modificaciones se deberán considerar principalmente la disponibilidad presupuestaria y el límite de gasto en personal vigente.

Califica como notable abandono de deberes, tanto de parte del alcalde como del o los concejales que, para la fijación de la nueva planta hayan considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable.

Regula el procedimiento para el encasillamiento del personal que sea procedente como consecuencia de la fijación o modificación de plantas de funcionarios.

La fijación o modificación de plantas no podrá efectuarse en un año que corresponda a elecciones de alcaldes o concejales, debiendo ello realizarse dentro del año siguiente.

Establece el deber de los alcaldes de presentar para aprobación del concejo una política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y egreso.

Dispone el pago mensual de la asignación profesional a los funcionarios municipales que estando en posesión de un título profesional, se desempeñen en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, exceptuándose del derecho a esta asignación a los Alcaldes y a los Jueces de Policía Local.

Obliga a las municipalidades a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública una serie de antecedentes relacionados con personal y recursos humanos; información que sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Incorpora la política de recursos humanos como un instrumento relevante en la gestión municipal, estableciendo nuevas obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias.

Aumenta, a partir del año 2018, el aporte fiscal al Fondo Común Municipal, desde 218.000 UTM a 1.052.000 UTM.

Faculta a las municipalidades para crear en el reglamento de organización interna, los órganos y unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo traspasar a éstas las funciones propias de otros estamentos internos.

Dispone que el gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42%  de los ingresos propios percibidos en el año anterior.

Regula los requisitos mínimos que se deberán cumplir para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de Directivos; de Profesionales; de Jefaturas; de Técnicos; de Administrativos y de Auxiliares de la organización municipal.

Mejora los grados del personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, el que será encasillado, por el sólo ministerio de la ley, en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular. En el caso del personal a contrata, se faculta a los alcaldes a modificar los respectivos actos administrativos de contratación, disponiendo aumentos de grados en los mismos términos establecidos para el personal de planta.

Concede al personal de planta y contrata, que se encontraba en funciones en las plantas de Jefaturas y Directivos al 1 de enero de 2015, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación profesional. El monto de aquella es variable y se determina según las reglas que se establecen.

Los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional o la asignación Directivo-Jefatura, recibirán un bono especial, imponible y tributable que ascenderá al equivalente a 4 veces el monto que les corresponda recibir  por dicha asignación. Asimismo, también tendrán derecho a un bono especial, calculado en la forma que se dispone en el presente proyecto de ley, quienes se encuentren cumpliendo funciones en cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares.

Al comenzar los argumentos, el senador Zaldívar recordó que la norma da cumplimiento al Protocolo de Acuerdo con los Funcionarios Municipales y se destacó que uno de los temas más discutido en Comisiones fue la retroactividad de la norma, por lo que se valoró el acuerdo de que comience a regir a partir de enero de 2016, además de mantener el bono de 4 meses.

Luego, el senador Coloma solicitó votación separada para el artículo que deja fuera del pago mensual de la asignación profesional a los Jueces de Policía Local, lo que catalogó como una "discriminación". Sin embargo, la propuesta no llegó a buen puerto pues se consideró inadmisible por la mayoría de los presentes.

El senador Horvath indicó que estos profesionales poseen condiciones distintas y dependen de cada municipio, "pero si se puede ampliar en buena hora"; el senador Prokurica solicitó un pronunciamiento de la Subsecretaría al respecto y para el senador Espina es "inmoral el no considerarlos"; asimismo, el senador Larraín manifestó su molestia por la omisión

Postura contraria argumentaron los senadores Zaldívar, García Ruminot y Harboe, quienes, si bien están a favor de que se considere este sector en los beneficios, "sería inconstitucional pues el Estado debería incurrir en más gastos y se podría sentar un mal precedente porque es inconstitucional una votación separada".

Durante el mismo debate, el senador Guillier mencionó su molestia porque las asignaciones serán dirigidas a profesionales de 8 semestres o más, "quiero saber por qué no se incluyó a los técnicos profesionales y a quienes tienen numerosos cursos de perfeccionalización, quiero saber qué pasa con ellos".

En varios otros incisos primó lo propuesto por Hacienda, por ejemplo, con la creación de nuevas unidades, oportunidad en la que senador Coloma dejó constancia que "el ejercicio de la función no podrá menos cavar funciones de trabajadores que se desempeñan en la unidad" y el senador Montes agregó que la "creación de unidades es compleja; también se sugirió que en la Cámara de Diputados se revise el quórum para esta decisión".

Asimismo, indicaciones de la Comisión de Gobierno fueron las que quedaron estipuladas, como el no exigir cuarto medio a los auxiliares de los municipios, entre otros aspectos relacionados con el curriculum académico.

Otro tema que generó el interés de la Sala fue el referido al número de funcionarios de planta y a contrata y/u honorarios, pues la norma señala que debe estar representado por una proporción de 80/20, respectivamente; sin embargo, el senador Espina señaló que "el gobierno elevará a un 40% de contrata -lo que no me gusta- pero en Hacienda precisaron en un artículo transitorio que en el caso de aumentar la dotación de planta se debe privilegiar a quienes están a contrata y los funcionarios nos comentaron que son partidarios de esta fórmula". Posturas similares manifestaron los senadores García Ruminot y Von Baer, pero llamaron a solucionar la materia de forma permanente.

Cabe aclarar que el texto propuesto por la Comisión de Hacienda y detallado por el senador Espina fue el que aprobó.

A juicio de los senadores Tuma y Zaldívar esta indicación "sincera lo que realmente ocurre en los municipios" y los senadores Larraín, Pérez San Marín, Montes, Chahuán, Prokurica, Guillier y Ossandón indicaron que no es la mejor fórmula porque se mantienen la precariedad del trabajo en el sector, "puede ser una buena solución en el corto plazo, pero volverá a ser un problema en el largo plazo", precisaron.

Al finalizar las votaciones los legisladores agradecieron el trabajo y la participación de los funcionarios públicos, quienes fueron ampliamente escuchados por la Comisión de Gobierno, además se destacó la participación y voluntad de la Subsecretaría; además adelantaron que esperan que en la Cámara de Diputados se pueda perfeccionar el proyecto y ser despachado a la brevedad.