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Control preventivo de identidad: ¿el Código Procesal Penal lo contempla?

En una próxima sesión de Sala, los senadores deberán votar la idea de legislar respecto al proyecto en primer trámite constitucional

18 de marzo de 2014

Imagen foto_00000018Determinar si existe o no en la actual legislación, la facultad que se entregaría a Carabineros para ejercer un control preventivo de identidad, fue el tema central de la discusión que realizó la Sala en el marco de la tramitación de la norma que modifica la Ley N° 18.961.

 

En la Sesión Ordinaria, se retomó el debate iniciado en enero pasado, no obstante, a petición del senador Ricardo Lagos Weber, en representación del Comité PPD, se solicitó el aplazamiento de la discusión. De este modo, en una próxima oportunidad, los legisladores deberán pronunciarse respecto a la idea de legislar.

 

Durante el debate, hicieron uso de la palabra los senadores Baldo Prokurica, Jaime Orpis, Felipe Harboe, Juan Antonio Coloma, Pedro Araya, José García Ruminot, Víctor Pérez Varela, Alberto Espina, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos Weber, Francisco Chahuán, Carlos Montes, Jorge Pizarro y Hernán Larraín.

 

FACULTAD INTERNACIONAL

 

El senador Prokurica recordó los objetivos de la propuesta, entre los cuales se encuentra proteger a la población solicitando la identidad de una persona, en forma preventiva, cada vez que las circunstancias indiquen la comisión de un delito. Aclaró que todas las policías del mundo cuentan con esta facultad, especialmente los países que conforman la OCDE. Hizo presente también la alta valoración que tiene Carabineros no solo en el país, sino en el mundo.

 

Luego, el senador Orpis detalló el artículo 85 del Código Procesal Penal e indicó que con este proyecto se pretende fortalecer la herramienta de control preventivo de identidad que existe en dicho cuerpo legal, precisando una circunstancia que hoy no está en la ley. “El fin es precaver la ocurrencia de hechos que alteren el orden público, así se permitiría controlar la identidad y cotejar órdenes de detención pendientes en lugares determinados”.

 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO

 

El senador Harboe aseguró que el proyecto comete un error cuando busca entregar una facultad que ya existe, por lo que “no se entiende por qué no se está aplicando”. Asimismo, explicó que si se aprueba el texto legal, se terminaría por atentar contra el derecho de libre circulación junto con advertir que la legislación extranjera otorga esta herramienta a las policías, pero lo hace sujetándola a circunstancias objetivas.

 

Frente a ello, el senador Coloma manifestó que existen dos interpretaciones: aquellos que creen que existen todas las facultades para luchar contra la delincuencia y los que piensan que éstas no son suficientes. Así declaró estar dentro de los segundos, comentando la necesidad de generar nuevas normas, puesto que “si estuviera todo hecho, no habría la delincuencia que conocemos”. El legislador también hizo un llamado a votar positivamente, puesto que se trata de apoyar la gestión de Carabineros.

 

HECHOS Y LUGARES

 

El senador Araya apuntó a los errores que tendría la redacción del nuevo artículo 85 bis. “Se dice que porque alguien está en un lugar, existe mayor probabilidad que se cometa un delito, pero el derecho penal no sanciona los lugares, sino los hechos”. Asimismo, aclaró que en el caso de Estados Unidos, se le permite a los policías controlar la identidad para chequear la posesión de armas de fuego, lo que “es algo puntual”. También mencionó que sólo un 2% de las detenciones que hace la autoridad nacional, tiene un carácter ilegal.

 

El senador García Ruminot mencionó la urgencia que manifiesta la ciudadanía de terminar con la delincuencia, lo que pasaría por este tipo de medidas. Relató que cada vez que a Carabineros se le consulta por esta facultad, ellos dicen verse imposibilitados de materializarla. Respecto a la norma, recordó que el citado control es medido, es decir, se establece con cuidado la forma en que debe realizarse para no vulnerar los derechos de cada uno.

 

GRAN CONTRADICCIÓN

 

Imagen foto_00000014El senador Pérez Varela mencionó que el proyecto genera una gran contradicción por cuanto "uno se pregunta si otorgar atribuciones afecta la libertad de las personas". El parlamentario agregó que Carabineros ha realizado un gran esfuerzo para disminuir los actos delictuales y es por ello que deben tener mayores atribuciones en determinadas situaciones y lugares. También declaró que en el caso de abuso, se debe sancionar.

 

Para el senador Espina, "los parlamentarios de la Concertación cometen un error al rechazar este proyecto ya que existen muchos Estados donde la normativa que permite la detención por sospecha se usa, sin que ello implique el abuso de la norma”. Agregó que "las policías deben disponer de una norma para detener a aquellas personas que las que se entregan fundados antecedentes, que podrían cometer un delito, todo ello en lugares peligrosos”.

 

SITUACIONES ABUSIVAS

 

Imagen foto_00000016Por su parte, el senador Guillier manifestó que se debe ser cuidadoso porque "la arbitrariedad está asociada a situaciones abusivas y es legítimo proteger  a las personas” recordando así las detenciones ocurridas en los años 90. El legislador aseguró también que el control debe tener un criterio definido por cuanto “no podemos permitir que en algunas zonas se ejerza un control más férreo y en otras sea más libre”.

 

El senador Lagos Weber explicó que lo que busca el proyecto es "entregar facultades para intervenir en movilizaciones  sociales en ciertos lugares específicos, y bajo ese concepto, el texto legal es muy represivo y no garantista".  Agregó que la iniciativa aún se debe desarrollar y perfeccionar  por cuanto " lleva  mucho tiempo en discusión y Carabineros dispone de variados argumentos para detener a sospechosos”. Admitió así que la norma no ha sido perfeccionada como se debe.

 

TEXTO DISTINTO

 

El senador Chahuán pidió la palabra para aclarar aspectos de la discusión. “Aquí se habla de la detención por sospecha, pero simplemente se entrega una herramienta a la policía para chequear los antecedentes de una persona”. Dilucidó que el texto que está en discusión es diferente al presentado por el Ejecutivo, el que hacía referencia a ciertos lugares públicos específicos para la solicitud de documentos. “El texto, ahora, simplemente entrega una herramienta para el control de identidad y se establecen sanciones para el abuso de ésta, por lo que están salvaguardados los derechos de los ciudadanos”, enfatizó.

 

“Creo que este proyecto no aporta mayormente y tiene riesgos de atentar contra los derechos fundamentales, el tema de fondo es cómo evaluamos la función de las policías, que estén acordes a los tiempos” recalcó el senador Montes y solicitó que “se demuestre cuál es el real efecto positivo” de la norma. El legislador llamó a realizar “un debate en serio” respecto a la capacidad que tiene Carabineros para diagnosticar las dinámicas sociales y lo que está sucediendo en los diferentes sectores.

 

DEFINIR PROCEDIMIENTOS

 

A su turno, el senador Pizarro cuestionó “si efectivamente lo que se está planteado es necesario, y la respuesta es que no. Cuando Carabineros quiere actuar, lo hace; entonces ¿por qué no están siendo eficaces contra la delincuencia?”. Para el senador esto sería “una solución de parche o un tema comunicacional” por lo que recomendó definir procedimientos en todos los niveles como la prevención del delito, la vida saludable, la educación, el control policial eficaz y coordinado, y la administración de la justicia.

 

“El fantasma de la sospecha está rondando siempre la discusión, pero tenemos que asegurar el orden público de nuestro país” sentenció el senador Larraín y recordó que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, las policías han señalado que tiene las manos amarradas y como existe un juicio muy severo de parte de la comunidad, les cuesta más actuar. El congresista detalló los alcances de la norma y destacó que las circunstancias para el control de identidad se encuentran fundadas en el proyecto.

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