Apoyo a víctimas del terrorismo y una política para regularizar extranjeros: peticiones al Ejecutivo
Los legisladores aprobaron las solicitudes redactadas por sus pares, las que irán a manos del Ejecutivo.
16 de octubre de 2014Una serie de tópicos se sometieron a consideración, en el llamado tiempo de votaciones de la Sesión Ordinaria. Se trata de peticiones vinculadas con las políticas migratorias, de seguridad y en favor de las zonas extremas, entre otras.
Con 13 votos a favor y cuatro abstenciones, la Sala aprobó que se le solicite al Ejecutivo el envío de un mensaje que modifique la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con el fin de conceder a los miembros de las organizaciones de voluntariado una serie de beneficios laborales (Boletín N° S 1.689-12). La idea es de autoría del senador Francisco Chahuán.
Los parlamentarios Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti y Fulvio Rossi acordaron demandar que se defina una política pública y se elabore una iniciativa de ley acorde a la importancia estratégica de la aviación general sin fines de lucro (Boletín N° S 1.690-12) El proyecto de acuerdo fue visado con 11 votos a favor y cuatro abstenciones.
Por su parte, la senadora Carolina Goic presentó un texto –respaldado con 16 votos a favor y una abstención- que busca que se permita que los fiscales puedan organizarse con arreglo a las normativas de la ley de asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (Boletín N° S 1.706-12).
Con 18 votos a favor, se aprobó la petición de los congresistas Manuel José Ossandón, Alejandro García Huidobro y Alejandro Guillier que aboga para que se dicte un reglamento relativo a las condiciones del seguro de vida obligatorio para los funcionarios de Gendarmería (Boletín N° S 1.726-12).
En tanto, los parlamentarios Manuel Antonio Matta, Carolina Goic, Pedro Araya, Antonio Horvath y Baldo Prokurica presentaron una propuesta que requiere apoyar a las víctimas del terrorismo en materias de salud, laboral, previsional y, asimismo, establecer un fondo especial de responsabilidad civil para que el Estado indemnice los daños ocasionados (Boletín N° S 1.729-12). La votación fue 15 votos a favor.
A su vez, con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención, se dio por despachada la solicitud de modificar la ley que creó la Confederación Mutualista de Chile, con el fin de actualizar sus disposiciones pensando en la realidad del país (Boletín N° S 1.696-12). El congresista Francisco Chahuán fue quien presentó esta petición.
En tanto, la senadora Isabel Allende encabezó un proyecto que aboga por la creación de la figura del defensor del migrante al interior de la Comisión Defensora Ciudadana (Boletín N° S 1.698-12) Éste fue apoyado en forma unánime con 19 votos.
La congresista también propuso el establecimiento de una política de normalización y regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, para lo cual sugiere una pauta de criterios ordenadores (Boletín N° S 1.732-12) Este proyecto fue respaldado con 15 votos a favor.
En cuanto a las políticas en favor de los ciudadanos que viven en zonas extremas se respaldaron cuatro textos.
El primero corresponde a la propuesta de la senadora Isabel Allende que apunta a superar la condición crítica que afecta a la Región de Atacama, mediante el envío de iniciativas de ley y la implementación de políticas públicas (Boletín N° 1.704-12) En este caso, la idea fue respaldada por 16 votos a favor y una abstención.
Por la misma votación, se aprobó el proyecto de acuerdo de los congresistas Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi y Alfonso De Urresti que solicita que la asignación de zona que perciben los trabajadores de Hualaihué, efectos a la escala única de remuneraciones, se aumente al 90%, equiparándola a la que rige a las otras comunas de la provincia de Palena (Boletín N° S 1.711-12).
Los citados senadores a su vez presentaron otras dos iniciativas, las que fueron respaldadas con 16 votos a favor y dos abstenciones, la primera; y la segunda con 13 a favor y una abstención. Se trata de la que otorga a los profesores de Cochamó, el bono de zona extrema (Boletín N° S 1.712-12); y la que reconoce a los asistentes de la educación de Chiloé, los beneficios establecidos en la ley 20.655 (Boletín N° S 1.713-12).