A segundo trámite consagración en la Carta Fundamental de los derechos de los consumidores

Por unanimidad, la Sala despachó el proyecto de reforma constitucional sobre protección sobre derechos de los consumidores; por lo que ahora los diputados deberán revisar el texto aprobado por los senadores.

La norma en debate fue analizada por la Comisión de Economía, cuyos integrantes decidieron fundir dos mociones:

• Aquella de autoría de los senadores Alberto Espina, José García Ruminot, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y el ex parlamentario Andrés Chadwick sobre protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 7563-07)

• Aquella elaborada por los senadores Isabel Allende, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Hernán Larraín y Carlos Montes que reforma la constitución incorporando el deber del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor y el principio pro consumidor (Boletín N° 9463-03)

Durante el debate, los legisladores Jorge Pizarro, Jaime Orpis, Iván Moreira, Felipe Harboe, Alberto Espina, Alejandro Navarro, Lily Pérez San Martín y Hernán Larraín analizaron la pertinencia de incorporar este derecho en la Constitución Política considerando la necesidad de un contrapeso a la libertad económica.

El presidente de la Comisión de Economía, el senador Pizarro informó la iniciativa, explicado las razones por las cuales se decidieron fundir las mociones. En cuanto a su contenido, enumeró una serie de alcances, entre ellos “estos derechos deberán ser determinados legalmente, su alcance debe decirlo el legislador cada cierto tiempo, y éste mismo debe definir su accionar regularmente”. Otra particularidad reconocida por el parlamentario, fue la imposibilidad de aplicar el recurso de protección en estos casos.

Luego, el senador Orpis detalló una serie de exposiciones realizadas por expertos en Derecho Constitucional y Derecho Económico. Dentro de ésta, destacó aquella por medio de la cual se reconoce que “consagrar este derecho en la Constitución, no aporta nada; es más, implica pasar por alto la autonomía del juez de interpretar la norma”. A su vez, insistió en que “en la pirámide legal, los problemas están en la base y no arriba, por eso no corresponde que estén en la Carta Fundamental”.

El senador Moreira también expresó sus dudas respecto a la conveniencia de establecer en el máximo texto legal, los derechos de los consumidores. “Me llama la atención que se pretenda introducir una norma que impone deberes al Estado, en medio de una disposición que habla de la libertad”, aseguró insistiendo en que “no me parece que haya una ley que repita lo que ya está en la Constitución”.

Para el presidente de la Comisión de Constitución, senador Harboe, “la consagración de nuevos derechos abre una interrogante: ¿está este orden jurídico preparado para hacer efectivos estos derechos nuevos?”. A su parecer, estar a la altura implica hacer profundas transformaciones a leyes relacionadas, porque “no se entiende que haya una entidad administrativa sin facultades sancionatorias”. También hizo ver que el texto no pasó por la instancia que lidera.

El senador Espina explicó las circunstancias en las cuales se optó porque la Comisión de Economía fuera quien llevara la tramitación. Declaró también que “el artículo 19, el numeral 21 de la Constitución, establece la libertad de emprender, pero no existe una norma de equilibro”. En esa línea, mencionó que “los derechos de los consumidores son el contrapeso que debe estar en la Carta Fundamental, y es deber del Estado hacerse cargo de esta defensa”.

El senador Navarro recordó que ha presentado once mociones que apuntan a fortalecer los derechos de los consumidores, “los que no han tenido mayor tramitación”. Al respecto enunció la pertinencia de revisar los contratos regulados, la forma de establecer reclamos, revisar la contratación de personas y cambiar el peso de la prueba. “Es deber del Estado resguardar los derechos que indique la ley, y esta norma promueve la educación de los consumidores; pero eso ya está consignado”, hizo ver.

Destacando las intervenciones de los senadores Harboe y Moreira, la congresista Pérez San Martín expresó su intención de aprobar la idea de legislar. Al mismo tiempo, relató que diversos expertos ayudaron a los legisladores a generar el texto en discusión. “Nos hicieron ver cómo podíamos redactar un proyecto que no se tradujera solo en letra muerta“, aseguró recordando otras propuestas que han introducido derechos en la Carta Fundamental.

Finalmente, el senador Larraín planteó que “desde la óptica del consumidor, la economía tiene otro funcionamiento” junto con mencionar que otro grupo de personas podrían consagrar sus particulares derechos como “los afiliados de las Isapres o los cotizantes de las AFP”. Comentó que sólo Chile y Uruguay son las naciones de América Latina que no han elevado este derecho en la legislación.