A ley texto que perfecciona la normativa de inclusión

Con 28 votos a favor y cuatro abstenciones, la Sala aprobó –en general y particular-  el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar.

Con este resultado, el proyecto vuelve a la Cámara Baja, donde debe ser remitido para transformarse en ley, luego que no se hicieran modificaciones al texto.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Ignacio Walker, Andrés Allamand, José García Ruminot, Fulvio Rossi, Jaime Quintana, Eugenio Tuma, Carlos Montes, Ena Von Baer, Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros, Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Antonio Horvath, Juan Antonio Coloma y Pedro Araya.

También intervinieron -en diversos momentos- los ministros de Educación, Adriana Delpiano, y el Secretario General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre.

En la discusión se abordaron las consecuencias de la aplicación de la ley de inclusión, la necesidad de contar con un sistema de arriendos regulados, y la pertinencia de fortalecer la  educación pública.

El proyecto se refiere a tres materias:

• Permite que las universidades en proceso de licenciamiento, y aquellas autónomas a la fecha de entrada en vigencia de la norma que regula este artículo, puedan, con apego a la regulación general, comenzar a impartir carreras de pedagogía.

• Amplía el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Para ello también fortalece el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; entrega gradualidad en la disminución del financiamiento compartido; y extiende el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.

• Plantea reglas tributarias especiales: esto en cuanto al tratamiento tributario de los aportes o donaciones y el tratamiento tributario de las ventas.

IGNACIO WALKER

“El 30 de enero del 2015, el congreso aprobó la ley de inclusión. Quedaron dos temas pendientes: lo de los inmuebles y lo de los liceos de excelencia. Este proyecto se hace cargo del primer punto. De acuerdo a la ley, los sostenedores de la educación particular subvencionada deben regularizar sus propiedades comprándolas, pero muchos no pueden hacerlo en los plazos. Este proyecto se refiere a ello”.

ALLAMAND

“Cada una de las cosas que estanos corrigiendo hoy, se le plantearon al Gobierno durante la tramitación de la ley de inclusión. Me hubiera gustado un mínimo reconocimiento de que las cosas se pueden hacer mejor, si se escucha al de al lado. Esto se hizo a la carrera y anticipamos que íbamos a estar viendo una norma como esta. Es más, antes que termine este Gobierno, vamos a analizar una ley miscelánea 2”.

GARCÍA RUMINOT

“Esta es una forma de ayudar a los sostenedores que deben resolver un problema importante en los próximos meses. Extender de 3 a 6 años el periodo de arriendo con partes relacionadas, ayuda, aunque no soluciona lo de fondo. Los sostenedores no saben el monto al que deberán comprar los inmuebles. Esperamos que las cosas se piensen mejor porque la solución es un arriendo regulado, pero esto no se reconoce por enfoques ideológicos”.

ROSSI
“Hace unos meses le planteamos a la ministra la necesidad de revisar la ley de inclusión para garantizar la viabilidad y la fluidez en su implementación. Esta fórmula de autocompra del inmueble, ¿es la mejor para el objetivo de poner fin al lucro en el sistema público? Creo que se pueden permitir los arriendos regulados y se puede fiscalizar este negocio”.

QUINTANA

“Esta ley miscelánea aborda temas complejos. Hablamos de esto en la Comisión de Educación en solo 10 minutos y no creo que sea la forma de hacerlo. En cambio el proyecto de nueva educación pública lleva 8 meses acá y aún no votamos la idea de legislar. Respecto de esta norma, hay que recordar que se trata de colegios que tienen una matrícula de más de 400 estudiantes”.

TUMA

“Soy de esos senadores que tienen una actitud autocrítica. Antes que ingresara el proyecto de inclusión, me parecía que debía verse primero la educación privada. Las prioridades fueron otras. Ahora esta propuesta corrige algunas anomalías. Los recursos del Estado no son ilimitados. Aún es tiempo para corregir el proyecto fijando un tope de arrendamiento acordando una debida fiscalización”.

MONTES

“El sentido de la ley de inclusión era redefinir el rol de la educación particular subvencionada, no terminar con ella. El proceso de transferencia patrimonial produce una serie de dificultades. Estoy de acuerdo con modificar el plazo de los arriendos, porque esto no se traduce en lucro. Creo que el arriendo puede ser algo permanente con una debida contabilidad”.

VON BAER

“Muchos dijeron que estábamos haciendo una campaña del terror al decir que con la ley de inclusión muchos colegios iban a cerrar. Con el debate de este proyecto nos están dando la razón. Hay un reconocimiento de que el Gobierno no tiene capacidad para implementar esa norma y que ésta está mal hecha. Además los reglamentos asociados no se sacaron a tiempo”.

ZALDÍVAR

“Creo que corregir errores está bien. Planteamos el tema de los arriendos y la definición de lucro. Se habló de una rentabilidad abusiva o cuando se usaban los recursos del Estado. Pagar un arriendo no es lucro. Creo que hay que buscar una fórmula de arriendo regulado pensando en una justa rentabilidad considerando el avalúo fiscal de un 11%. Espero que esto no deba volver a ser revisado”.

QUINTEROS

“A casi 2 años de aprobada la ley, el país comprueba algunos beneficios como los establecimientos que han eliminado el copago y destinan sus recursos a fines exclusivamente educativos. La realidad demuestra la validez de la reforma educacional. Igual quiero expresar mi preocupación respecto a que no se haya aprobado el proyecto que crea un nuevo sistema de educación pública”.

CHAHUÁN

“Este proyecto busca equiparara los plazos para la compra de los inmuebles de los establecimientos educacionales. Me ha tocado ver muchos sostenedores que no han podido pedir créditos hipotecarios, por lo que no pueden cumplir con la ley. Hay muchos colegios con copago cero y temen que las tasaciones de los inmuebles no incluyan las mejoras que han realizado como canchas o piscinas”.

BIANCHI

“Hubo ministros en el pasado que incentivaban a los propios profesores a ponerse con escuelas porque el Estado había abandonado ese rol parcialmente. La educación pública ha ido sobreviviendo en la medida de lo posible. Lo primero que se debió hacer fue tramitar una ley de educación pública en vez de desarmar lo que habían hecho los colegios particulares privados”.

NAVARRO

“La oposición busca asumir un triunfo con este proyecto. Dicen que es una marcha atrás para la Nueva Mayoría. Veo que persiste un sesgo ideológico que los hace desconfiar del Estado como administrador de la educación. La gran duda que había era que los sostenedores sacaban dinero a través de las entidades relacionadas. Se nos decía que iban a cerrar los colegios y no fue cierto”.

LARRAÍN

“El único propósito de este proyecto es corregir la mal llamada ley de inclusión, que precisamente excluyó a actores. Cuando se hizo esto presente, no se escuchó la crítica. Cuando el Gobierno promueve esta reforma, se hace desde un sesgo ideológico que no permite otros caminos. La filosofía de “bajar a la gente de los patines” da cuenta de la ideología que hay detrás y causa daño”.

HORVATH

“Quiero destacar los aportes que hace este proyecto. Por ejemplo que las universidades que tienen pedagogía puedan acreditarse si no lo han hecho; o que la ministra tenga la fortaleza de enfrentar la deuda histórica con el magisterio. Aquí hablamos de distribuir mejor la riqueza, no terminar con ella”.

COLOMA

“La cita a que hace referencia el senador Larraín sobre el ministro Eyzaguirre, es literal. Quiero dejar en eso en claro. Parece que en Chile, la gente olvida lo que uno dice. Es dramática esta discusión  porque todo esto se advirtió en su momento incluso de manera didáctica. Lo estudiamos en comisiones unidas hace tres veranos”.

ARAYA

“Voy a apoyar este proyecto porque se corrigen problemas sobre el arriendo y compra de inmuebles. En el norte, el suelo es muy caro y es muy difícil que se mantenga la educación particular subvencionada en este caso, especialmente en Antofagasta. Los parámetros que se fijaron a nivel nacional no dice relación con la realidad del norte, y la banca no tiene como financiar los créditos hipotecarios".