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Respaldan en general moción que propone considerar la gradualidad del deterioro cognitivos en los adultos mayores

La Comisión Especial ad hoc aprobó por unanimidad la idea de legislar y acordó un plazo de tres semanas para trabajar el texto legal “para perfeccionarlo, armonizar la legislación y así concitar el mayor acuerdo posible en Sala”, manifestaron los senadores.

15 de julio de 2020

Prolongar la autonomía de los adultos mayores, de acuerdo con la realidad actual, y en concordancia con las Convenciones internacionales suscritas por Chile, es uno de los objetivos del proyecto de ley recientemente aprobado en general y por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial del Adulto Mayor, instancia presidida por la senadora Carolina Goic.

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La moción, de autoría del senador Francisco Huenchumilla y que se encuentra en su primer trámite constitucional, propone restringir gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo y para su análisis fueron invitados una serie de profesionales del área de la salud, de organismos internacionales, del área de las personas de la tercera edad y del mundo de la discapacidad, entre otros. Todos ellos manifestaron que el proyecto va en buen camino, pero aún se requieren una serie de perfeccionamientos para que la norma pueda ser plenamente aplicada; además de considerar a las personas con discapacidad en este mismo escenario.

 

AVANZAR

 

Ante esto, los integrantes de la Comisión acordaron, en un plazo de tres semanas, crear un equipo técnico en aras de avanzar en la discusión en particular y así “perfeccionar el texto, armonizarlo con la legislación nacional y las Convenciones internacionales suscritas por nuestro país y así procurar que concite el mayor acuerdo posible para cuando llegue a la Sala. Este proyecto es muy desafiante, pero hay que traducirlo en una ley que avance”, reconoció la senadora Goic.

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Postura similar hizo presente el senador Francisco Chahuán. “Me gustaría que el proyecto llegara a la Sala con mejor redacción y hemos recibido muchas sugerencias, por lo que podemos reforzarlo y elaborar un proyecto más maduro y que tenga la mejor recepción”.

 

En la misma línea, la senadora Ximena Órdenes valoró el período de audiencias efectuado. “En un comienzo veíamos un proyecto más sencillo, pero es más complejo y con calidad urgencia para avanzar”.

 

SESIONES

 

Durante la última sesión se escuchó a las investigadoras técnico-parlamentarias de la Biblioteca del Congreso, Cristine Weidenslaufer y Paola Truffello, quienes dieron algunos detalles de la legislación comparada y que existe otro proyecto en la Cámara de Diputados del año 2019 (boletín 12441-17), que elimina la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial y consagra su derecho a autonomía; además, del boletín 6282-07, de 2008, que establece la autodesignación de curador en previsión de una futura discapacidad.

 

En el marco internacional, se precisó la existencia de medidas preventivas y judiciales y la existencia de diversos instrumentos que promueven y protegen la autonomía del adulto mayor para el ejercicio de sus derechos, en contrapunto con el derecho nacional, en donde la incapacitación es una regla absoluta.

 

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Durante la sesión de 22 de junio, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si bien valoraron los objetivos de la moción, dejaron constancia “que no pasa por eliminar todas las normas de discapacidad, que podría ser más abusivo y dejar desprotegidos a otros discapacitados”.  Postura similar se hizo presente desde el Senama y se indicó que se debe establecer cuál será el instrumento que validará la capacidad cognitiva, qué tipología se usará; además de “linkear con la reforma de pensiones, donde se incorpora el sistema de apoyo de largo plazo, a través de un seguro de dependencia”.

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Luego, Andrea Montecinos, abogada, profesora de Derecho Civil, del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Derecho de esa Casa de Estudios, manifestó que hay que trabajar más el concepto de daño; precisó que Incapacidad no es lo mismo que discapacidad y valoró que el texto reconoce la capacidad absoluta de las personas. En otro orden señaló que hay que insistir en los apoyos, “porque el apoyo contemplado en el proyecto es muy pertinente y qué mejor que el juez pueda establecerlo”.

 

También intervino Álvaro Benavides, abogado, doctor en Derechos Humanos, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien destacó que se vincule el avance con los derechos humanos y no con el derecho privado, pero dejó constancia que el proyecto no considera a los niños.

 

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Asimismo, en la sesión del 06 de julio, se escuchó a María Soledad Cisterna, abogada presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y a la abogada Paula Silva, experta en derechos de las personas con discapacidad e inclusión social, ganadora el 2015 de la tesis "La capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual".

 

Ambas manifestaron, desde el punto de vista de la discapacidad, la importancia de avanzar y de considerar este aspecto; además, realizaron algunas precisiones en orden a armonizar el proyecto de ley, con otras propuestas legales y con las convenciones internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.

 

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