Reforma tributaria: Más igualdad para Chile y sus regiones

La Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno de la Presidenta Bachelet se ha convertido, por estos días, en uno de los principales temas de la agenda política y legislativa del país. No sólo por la magnitud de los cambios que se proponen, sino porque además ataca de frente al problema base del sistema tributario chileno: su falta de equitatividad.

A pesar de las modificaciones que se han efectuado al modelo vigente desde 1984, éste sigue respondiendo a la idea de incentivar el crecimiento económico –“cuidar la economía”, le llaman-, cuestión que en la práctica se ha traducido en otorgar facilidades y menores costos a los que tienen más, mientras la mayor carga, comparativamente, se la llevan los que tienen menos.

La gran mayoría de los chilenos destina una parte importante de sus ingresos al consumo. Son por tanto, los que más IVA pagan y quienes menos capacidad de ahorro poseen. Además son víctimas de alzas continuas en sus planes de previsión y salud, del combustible, de la locomoción y del crédito, e incluso de los alimentos, que según la FAO son más caros en Chile que en el resto de América Latina.

Los grandes empresarios, en cambio, sólo están obligados a tributar sobre la base de los retiros de sus ganancias. Si no las retiran y las reinvierten en sus propias compañías para hacerlas crecer, simplemente no tributan. Es injusto que así sea, pero es perfectamente legal, porque el sistema lo permite.

La Reforma Tributaria permitirá corregir aquellos aspectos del sistema actual que generan distorsiones que se traducen en desigualdad.

Chile necesita un sistema tributario que dé sustento al Estado y no para “proteger” la economía, que permita financiar la Reforma Educacional y nuevos programas de protección social, que aliente el ahorro y la inversión, que sea eficiente en el control de la evasión y la elusión y que establezca la equidad que al país le hace falta.

Esa equidad debe tener, necesariamente, un correlato con las regiones, que hoy son grandes víctimas de la desigualdad, porque aportan mucho, pero reciben de vuelta muy poco.

Existen actividades productivas asociadas claramente a las regiones que hacen uso de la infraestructura pública e impactan –no siempre de modo positivo- en el ambiente natural y social. Resulta justo aspirar a que sus tributos sean reinvertidos, con grados crecientes de autonomía, en la propia región. Esta materia también deberá formar parte del trabajo de la recientemente creada Comisión de Descentralización y Regionalización, que busca crear iniciativas que fomenten el desarrollo de las regiones.

Desde el Senado, esperamos aportar con las observaciones y perfeccionamientos que sean necesarios para asegurar una reforma tributaria que contribuya a la igualdad e erradique las distorsiones, y que termine con la contraposición artificial entre igualdad o crecimiento, que durante décadas ha sido el argumento favorito de los defensores del Mercado que hoy miran con recelo la concreción de una medida de este tipo.