¿Quién pagará la diferencia?

La verdad es que esta ley tiene poco que ver con la televisión digital; tiene poco que ver con el cambio tecnológico de transmisión analógica a digital.

La mayor parte del debate estuvo centrada en cómo regular la televisión en nuestro país, cómo establecer criterios de su funcionamiento. Y de ahí la creación del Consejo Nacional de Televisión; la regulación de la industria televisiva y de los operadores conocidos como “permisionarios”, es decir, los cables.

Para algunos de nosotros, lo fundamental ha sido resguardar los intereses de otros actores que también intervienen, como los actores, por un lado y por otro, y que es la preocupación principal de algunos de nosotros: los ciudadanos, los televidentes.

En este proyecto, más allá de los acuerdos iniciales, existieron algunos temas que estaban en el debate producto de convicciones respecto de los derechos de los ciudadanos.

El primero, dice relación con el correcto funcionamiento, que fue uno de los tópicos en la Comisión Mixta específicamente en cómo garantizar el pluralismo, la diversidad de opiniones en el medio de comunicación más importante del país y, por otro, resguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los artistas, que muchas veces sufren situaciones contractuales absolutamente precarias -y diría, incluso, “distorsionadas”- donde a muchos los hacen constituir empresa, muchos que entran en conflicto abierto con Impuestos Internos, lo que es un secreto a voces. Sumado a que muchas veces la industria no le paga los derechos a los actores que la ley de propiedad intelectual establece.

Adicionalmente, estuvo presente el debate sobre el derecho preferente. Es decir, de los canales actualmente existentes y su derecho preferente a acceder a las concesiones digitales y lo que establecimos es que para que eso ocurriera, tenían que tener una carta blanca, una carta para demostrar que no había abusos laborales de su parte.

El tercer tema fueron las campañas de interés público, pero quiero detenerme en el cuarto tema, que es la retransmisión consentida, porque en la Región de O’Higgins hay algunos sectores de Colchagua en los que no se puede ver la televisión de libre recepción. Yo, que vivo en Rengo, a menos de 2 kilómetros de la plaza, no puedo ver los canales de libre recepción. Las personas de Colchagua, que viven en San Fernando, que están en Puente Negro, no ven los canales de libre recepción y muchos que dentro de San Fernando tampoco y podría dar ejemplos de una comuna tras otra.

El problema es que muchos para tener acceso a la televisión tienen que contratar el cable, para incluso ver los canales nacionales y aquí lo que se establece es que los canales de libre recepción van a poder cobrarle a los cables para llevar sus señales en tecnología digital. Pero ¿quién va a pagar esa diferencia? Los consumidores, los chilenos y chilenas.

Estamos hablando de un traspaso de recursos de más de 40 millones de dólares que están en discusión, donde- en este principio de retransmisión consentida- lo que se está estableciendo es que los canales de televisión le van a poder cobrar a las diferentes empresas de cable por llevar sus señales.

La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué los chilenos que somos dueños de las frecuencias que se entregan en concesión en forma gratuita vamos a tener que después pagar para ver televisión?

Aquí se permite que los canales comiencen a cobrar a los cables, antes de que todos los chilenos puedan ver televisión de libre recepción, y algunos hemos batallado al respecto.