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Portonazos: penas de hasta 20 años buscan desincentivar el robo y receptación de vehículos y los bienes se su interior

Con suma urgencia llegó al Senado el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que plantea –entre otros- entregar a las víctimas suficientes garantías procesales para asegurar la sanción a los delincuentes.

6 de diciembre de 2018

Aumentar las sanciones y otorgar más garantías, son los principales objetivos del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, lo que públicamente se ha denominado “portonazo”.

 

Imagen foto_00000010El texto legal llegó al Senado con urgencia calificada de suma (15 días para el total despacho) y la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, además de la de Hacienda, serán las instancias parlamentarias encargadas de estudiar el mensaje, antes de ser visado por la Sala.

 

PARA ENTENDER

 

¿Qué sanciones se proponen?

 

Los portonazos serán considerados robo y se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años), "la apropiación de vehículos motorizados, siempre que se valga de la distracción de la víctima o se genere por parte del autor cualquier maniobra distractora cuyo objeto sea que la víctima abandone el vehículo para facilitar la apropiación", se precisa.

 

Asimismo se establece que en aquellos casos en que medie violencia o intimidación, los victimarios serán penados con presidio mayor en su grado mínimo a máximo (desde 5 años y un día a 20 años), cualquiera que sea el valor de las especies sustraídas.

 

¿Y qué pasa con la receptación?

 

Respecto de la receptación, se determina la aplicación de 1462 a 1825 días de presidio y multas de 10 a 20 UTM ($960.000) a los receptores de vehículos motorizados.

 

¿Se consideran medidas preventivas para evitar receptación?

Con un afán preventivo el proyecto mandata la creación de un registro público de vehículos motorizados que hubieren sido objeto de robo o hurto, al que podrá acceder la ciudadanía a través de las páginas web de las Fuerzas de Orden y Seguridad, así como de una plataforma virtual dispuesta especialmente para ello.

 

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