Por una legislación inclusiva

La IX Cumbre de Presidentas de Parlamentos constituye una oportunidad privilegiada para compartir experiencias, puntos de vistas y propuestas para enfrentar el desafío de la equidad de género a escala global y local, entre representantes de todos los continentes del mundo, y en esta ocasión, especialmente sobre las mujeres en el mundo del trabajo.

La desigualdad de género se manifiesta de diversas formas y en prácticamente todos los ámbitos de la convivencia social. Uno de ellos es el mundo laboral, donde las inequidades existentes en las relaciones entre hombres y mujeres, tienen su sustento en un marco cultural más amplio que incluye la jerarquización de la estructura familiar, tanto como la baja participación de las mujeres en la vida política institucional. Esto impide, a su vez, que sean ellas mismas agentes de cambio y transformación de su propia realidad.

La discriminación de las mujeres en el mundo laboral en Chile y América Latina, constituye un elemento fundante de los altos grados de desigualdad social que aun se evidencia en nuestras sociedades. Uno de los factores que propician la desigualdad de género en Chile es el de la diferencia de participación laboral entre hombres y mujeres.

Esta brecha implica la exclusión de una cantidad importante de mujeres en la obtención de ingresos o remuneraciones, limitando así sus posibilidades de realización personal y de alcanzar niveles de vida más dignos, contribuyendo, de hecho, a que exista una diferencia en el porcentaje de pobreza que llega al 13,3% en el caso de los hombres y un 15,5% en las mujeres, que expresa la feminización de la pobreza.

En los últimos años la participación laboral femenina en Chile ha ido en constante alza. En 1990, tras el fin de la dictadura y el comienzo del proceso democrático, ésta llegaba a 31%, mientras que el 2014 se ha alcanzado cerca del 48,5%; sin embargo, en los sectores más vulnerables esta cifra cae al 30%. Además todavía es baja en términos comparativos, pues en los países de la OCDE es de 63,8% e incluso, en América Latina, alcanza un promedio de 52,8%.

En los últimos cuatro años, se crearon 850 mil nuevos empleos, de los cuales el 55,7% corresponden a ocupación femenina, lo que es una buena noticia para su inclusión y equidad de género en este ámbito. Sin embargo, de éstos, el 34,7% corresponde a empleos por cuenta propia, personal de servicio doméstico y familiar remunerado, que dan cuenta de la precarización laboral de las mujeres.

Uno de los elementos fundamentales que determinan la inequidad de género en el trabajo es la brecha en las remuneraciones. En Chile las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los hombres, lo que no solo tiene un impacto en la calidad de vida actual, sino también en las posibilidades de tener una pensión digna en la vejez.

Esta desigualdad se debe en gran medida a que las mujeres acceden en Chile a puestos de menor calificación y responsabilidad que los hombres. La participación de las mujeres en la Alta Gerencia de empresas no supera el 10%, mientras que en Directorios de empresas no superan el 7%.

En esta línea es importante destacar la Pensión Básica Solidaria, implementada en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, posibilitando que el 60% de las mujeres más pobres accedan a una jubilación desde los 65 años, correspondientes a $ 85.964, lo que si bien es un avance, es aún insuficiente, considerando que actualmente el sueldo mínimo en Chile es de $ 225.000.

Otro elemento a destacar es el Bono por hijos nacidos vivos o adoptados, que también se implementó en el anterior gobierno de Bachelet, como un derecho universal para todas las mujeres, permitiéndoles incrementar sus pensiones o generar una, para aquellas que han realizado labores domésticas no remuneradas. Corresponde a $ 400.000 (app), por cada hijo, y es una manera de reconocer el aporte que las mujeres realizan a la sociedad, en el cuidado de sus hijos y de la familia.

También se detecta que la presencia de las mujeres es mayor en empleos que guardan relación con el cuidado de los otros, como la salud, el aseo doméstico y la educación. En estos ámbitos, y este tipo de trabajos tienden a tener menores remuneraciones en comparación con otras ocupaciones del mercado laboral.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, según cifras del gremio, el 63,1% de las asesoras puertas adentro cumplen jornadas de más de 45 horas semanales, con un empleo desprotegido, sin un sistema de salud y previsional adecuado. De allí la importancia del debate legislativo en curso, cuyo objetivo es acortar la jornada laboral, aumentar los días de descanso y fijar, en el contrato, un lugar de labores y detallar las funciones de la trabajadora. Además, de la necesidad de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro fenómeno que se está expresando en Chile es el de las mujeres migrantes y sus dificultades para insertarse en el mercado laboral chileno, que se presenta inestable para ellas, desprotegido y con una legislación migratoria que vincula la visa a una relación laboral. Ello lleva a las trabajadoras migrantes a tolerar condiciones laborales ilegales para mantener su situación migratoria en regla. Asimismo, otro fenómeno que se comienza a visibilizar en nuestro país es la trata de personas, que en su mayoría se manifiesta en mujeres.

Por otro lado, en Chile al igual que en otros países, las mujeres son las que más sufren acoso laboral, lo que nos ha obligado a legislar al respecto. Las cifras son cercanas al 98% para las denuncias realizadas por mujeres.

A partir de este diagnóstico sobre la realidad laboral de las mujeres en Chile, sus políticas públicas han considerado políticas de empleo activas para las mujeres, tales como formación para el trabajo, intermediación laboral y planes especiales de empleo, que consideran la diversidad, con particular atención a las mujeres jóvenes y de pueblos originarios. También garantías para el acceso de las mujeres a activos y créditos productivos, especialmente en el medio rural;  la promoción de capacidades y competencias empresariales y de emprendimiento de las mujeres; y la ampliación del permiso post-natal de dos a seis meses, que puede ser utilizado indistintamente por madres o padres.

Respecto del rol concreto de los Parlamentos en garantizar a hombres y mujeres una mayor igualdad en todos los ámbitos de la vida laboral, en primer lugar, es fundamental que aumentemos la participación política de las mujeres en nuestros parlamentos.

En el caso de Chile, nuestra representación, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados no supera el 15% en ambas cámaras -6 senadoras de 38 y 19 diputadas de 120- y hoy, por primera vez, estamos legislando en hacer una reforma al Sistema Electoral, considerando una Ley de Cuotas, donde ningún género supere al otro en una proporción de 60/40. Este se aplicará hasta el año 2029, en cuatro elecciones sucesivas. Esperamos que la mayor presencia de parlamentarias, garantice y promueva un enfoque de género en el trabajo legislativo.

En segundo lugar, es especialmente relevante legislar en ciertas áreas claves, tales como el fortalecimiento de la negociación colectiva al interior de las empresas e instituciones del Estado. De esta manera, las mujeres pueden participar de beneficios ya no en su condición de mujeres, sino de trabajadoras, ampliando las posibilidades de equiparar las brechas existentes.

Asimismo, es menester generar una legislación eficaz, esto es, buscar formas de garantizar el más estricto cumplimiento de las normas legales ligadas a la equidad de género, puesto que tanto en Chile como en la mayoría de los Estados, hombres y mujeres son formalmente iguales ante la ley. Así, requerimos una legislación que de cumplimiento a la normativa vigente, con mecanismos de comunicación que permitan a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular, acceder a información sobre sus derechos y a denunciar las injusticias que se cometen con ellas, y por sobre todo, que existan sistemas de fiscalización, eficientes y eficaces.

Por último, las estadísticas que dan cuenta de altas tasas de informalidad en el trabajo remunerado de las mujeres y precariedad del mismo. Ello debe llevarnos a las y los legisladores a adoptar normas proactivas que estimulen una mayor absorción de las mujeres trabajadoras al interior del sistema de cotizaciones previsionales y de seguros de salud, con el fin de aumentar sus posibilidades de acceder en con dignidad a la tercera edad y disponer de una atención de salud oportuna e integral.

La igualdad de género es un tema de amplio espectro que atraviesa toda la gama del conocimiento, pero nuestro rol como presidentas de los parlamentos -y senadoras y diputadas- es trabajar por cambiar aquellas situaciones estructurales de injusticia social que impiden asegurar mínimos de equidad para hombres y mujeres, como lo exigen nuestras y nuestros electores, y el conjunto de la ciudadanía, en Chile y en cualquier país del mundo.