Perfeccionamos una reforma para una etapa clave de la vida

El proyecto de reforma constitucional, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor, responde a la necesidad de reforzar progresivamente la educación en nuestra ciudadanía, entendiendo que en ella está la base del sistema democrático y del desarrollo social y económico del país.

Dicho mensaje hace presente los esfuerzos desplegados por los distintos Gobiernos en esta área y los avances alcanzados, recordándose que en el año 2003 se estableció la obligatoriedad de la enseñanza media, con lo que nuestro país llegó a 12 años de educación obligatoria.

Igualmente, se mencionan los logros obtenidos en materia de educación parvularia, destacándose la reforma constitucional del año 2007, que garantizó el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición o el kínder.

Pese a ello, sabemos que la educación parvularia presenta desafíos pendientes que no deben desatenderse, dada la relevancia que esa etapa de la vida tiene en la formación integral de la persona y en las oportunidades que puede tener en el futuro.

Sobre la base de estas consideraciones, el texto original de la iniciativa modificaba el artículo 19, número 10° de la Constitución Política, referido al derecho a la educación, con dos objetivos: el primero, hacer obligatorio el segundo nivel de transición (es decir, de niños de 5 a 6 años), con lo que se incrementaría a 13 años la educación obligatoria. Y el segundo, cumpliendo con el deber del Estado para promover la educación parvularia.

La reforma disponía el financiamiento de un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, es decir, de niños de 3 a 4 años de edad. Complementariamente, una disposición transitoria consagró la entrada en vigencia gradual de esta reforma, señalando que ello tendrá lugar en la forma que disponga la ley.

La Comisión de Constitución apoyó desde el inicio la idea matriz de este proyecto, cuyos méritos nos parecieron indiscutibles. Durante el análisis en particular surgió la propuesta del senador Hernán Larraín de ampliar el financiamiento que el Estado se obliga a proporcionar, extendiéndolo hasta el nivel medio menor, es decir, de niños de 2 a 3 años. De este modo, además de hacer obligatorio el kínder como requisito para el ingreso a la educación básica, el Estado queda obligado a financiar la educación parvularia del niño a partir de los 2 años.

La idea fue acogida por la Comisión, aunque no concitó la aprobación unánime. Personalmente, apoyé la proposición, pues la evidencia empírica demuestra que la posibilidad de acceder a la enseñanza prebásica en etapas tempranas, influye en las habilidades cognitivas, psicosociales, volitivas, emocionales de la persona de manera sustantiva.

Asimismo, me parece valorable el propósito del Gobierno de avanzar hacia los niveles de cobertura que tienen los países de la OCDE en relación a la educación parvularia.

Y quiero resaltar que, en definitiva, el proyecto de reforma constitucional que aprobamos en el Senado difiere de su texto original, pues aun cuando mantiene la idea de hacer obligatorio el segundo nivel de transición, amplía hasta el nivel medio menor la cobertura obligatoria que el Estado debe proporcionar.