Violencia y convivencia escolar: proyecto que establece nuevo procedimiento para establecimientos públicos y privados a segundo trámite
Luego de un arduo debate, en menos de un mes, en las Comisiones de Constitución, Educación y Hacienda, la Sala despachó el proyecto que fortalece las facultades de los directores de establecimientos en materia de convivencia escolar.
24 de octubre de 2018
Con el resguardo del debido proceso y la posibilidad de suspender a cualquier miembro de la comunidad escolar que incurra en infracciones graves y gravísimas, tales como el abuso sexual, agresiones o porte de armas, la Sala despachó por 33 votos a favor y 1 en contra, el nuevo texto legal del proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos –tanto públicos como privados- en materia de convivencia escolar.
De este modo, la iniciativa que cuenta con urgencia de discusión inmediata, es decir de 6 días para ser tramitada por cada rama legislativa, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.
Durante el debate intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste, Alejandro Guillier, José García Ruminot, Felipe Kast, Ena Von Baer, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana, además de la ministra de Educación, Marcela Cubillos quien agradeció el acuerdo alcanzado porque para nosotros se trata de una ley "necesaria y urgente".
El acuerdo se alcanzó luego de un arduo debate, en menos de un mes, en las Comisiones de Constitución, Educación y Hacienda donde se realizaron rondas de audiencias públicas con unos 40 invitados entre organizaciones, académicos, investigadores y autoridades.
Los senadores Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Hacienda y Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación, dieron cuenta del arduo debate y de los acuerdos alcanzados. Asimismo recordaron que previamente, por acuerdo de la Sala, la Comisión de Constitución emitió un pronunciamiento respecto al debido proceso.
El senador Guillier lamentó que el debate de este proyecto "paradójicamente se haya realizado en un ambiente que deja mucho que desear en materia de convivencia" y pidió respeto al gobierno en sus críticas hacia la oposición.
El senador Latorre recordó que “todos los expertos coincidieron en que las medidas de expulsión son contraproducentes y no contribuyen a disminuir la violencia”. Afirmó que le parece "sui generis abordar en Hacienda temas de educación".
El senador Quintana recordó que este proyecto es muy distinto al que ingresó al Senado como “Aula Segura”, "se nos acusó de bloqueo y obstrucción pero la verdad es que el Congreso debe tomarse los tiempos necesarios para abordar materias complejas".
A su turno, la senadora Provoste afirmó que “me opuse desde el primer momento, porque tengo convicciones democráticas y se partía de una premisa punitiva y solo se refería a hechos cometidos por alumnos", cuando lamentablemente los hechos de violencia se cometen entre adultos (padres apoderados hacia profesores) y también de adultos a estudiantes.
El senador Letelier detacó el proceso de construcción de un proyecto y señaló que "el debate ha sido sobre procedimientos para mejorar la convivencia escolar y enfrentar hechos graves de violencia”. Asimismo “lamentó el clima brutal que se generó" y valoró que "afortunadamente se abandonaron las caricaturas”.
Desde la mirada del gobierno, los senadores de oposición defendieron la necesidad de ponerse del lado de las víctimas. El senador García Ruminot ratificó que “frente a hechos gravísimos no puede el Congreso hacer como si nada” y no dotar de una herramienta eficaz para “erradicar de nuestras aulas la violencia extrema”.
Argumentos similares fueron esgrimidos por el senador Kast, quien enfatizó que en aula debe primar el respecto y un ambiente de paz; asimismo valoró el destrabe del proyecto, “me alegro que se dé una señal al país de que en el Senado se conversa”.
Asimismo, la senadora Von Baer aclaró que el proyecto original establecía que las medidas de expulsión solo se podían aplicar si estaban descritas en el reglamento interno “y el acuerdo establece las causas en la ley”, entre otras, agredir fiscalmente a un miembro de la comunidad educacional o a terceros, una agresión sexual, lesiones; uso, porte, posesión o tenencia de armas o artefactos incendiarios y situaciones que afecten la infraestructura”.
Los legisladores del sector valoraron que se podrá “suspender” cuando se inicie un proceso sancionatorio que lleve a la expulsión y enfatizaron que “la violencia no tiene espacio en nuestros colegios”.