Cambios al régimen jurídico del Transantiago cumplieron su primer paso en el Congreso

Su primer paso en el Congreso dio el proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, luego que la Sala del Senado aprobara por amplia mayoría los cambios que se le introdujeron a la iniciativa que apunta a garantizar la continuidad del servicio de transporte llegando a establecer causales de término de la concesión respectiva.

Ahora corresponde la que iniciativa cumpla su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

Previo a la votación de los diversos cambios introducidos por las Comisiones de Transportes y de Hacienda, hicieron uso de la palabra los senadores Ximena Rincón, Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Camilo Escalona, Andrés Zaldívar, Juan Pablo Letelier, Francisco Chahuán y la Ministra de Transportes (s) Gloria Hutt.

La senadora Rincón recordó el intenso trabajo que tuvieron en la Comisión de Transportes para sacar adelante esta iniciativa- lo que fue precedido de un gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas- y señaló que siempre estuvo en mente la preocupación por los usuarios y los trabajadores del sistema. Agregó que esta iniciativa resuelve muchos temas que fueron planteados y propuestos por la ex Presidenta Bachelet y que en su oportunidad no contaron con el apoyo de la oposición.

La senadora Alvear señaló que participó en la suscripción del convenio entre gobierno y oposición para apoyar los cambios al Transantiago y recordó que uno de los temas que le inquietó desde un principio fue la situación en que quedaron los trabajadores de Transaruacaria. Valoró que hubo diálogo y una disposición permanente de conversar y lograr un acuerdo.

DESCENTRALIZAR

El senador Navarro destacó que se adopten resguardos para proteger los derechos de los trabajadores, argumentando que hay empresas inescrupulosas que tienen a su haber cientos de infracciones por no respetar los derechos laborales. Sin embargo cuestionó que no se avance en solucionar aspectos claves como la frecuencia de los buses y el enorme déficit que implica que se destinen 800 millones de dólares al Transantiago. En tal sentido, dijo que las regiones siguen subsidiando la capital y a modo de ejemplo señaló que Magallanes sólo reclama 15 millones de dólares al año.

En tanto, el senador Escalona anunció su voto favorable a la iniciativa, argumentando que ésta le entrega al Estado la posibilidad de intervenir en caso de quiebra. No obstante, insistió en que el Ministerio de Transporte debe llevar adelante una política de subsidio al transporte público en regiones, pues hay zonas donde la conectividad es inapropiada y la gente se siente ofendida ante el centralismo.

Por su parte el senador Zaldívar destacó los alcances de la iniciativa señalando que permitirá garantizar la continuidad del servicio y el término de las concesiones que estén operando de mala manera o incumpliendo los contratos.

El senador Letelier, en tanto, destacó el hecho de que se resguarden los derechos laborales de los trabajadores y también señaló que es importante que a los buenos operadores se les premie y a los malos se les sancione.

Finalmente el senador Chahuán dijo que esta iniciativa es necesaria y que se ha puesto énfasis en que los operadores deben respetar los derechos laborales de sus trabajadores. Agregó que se han establecido causales de caducidad y de término que van a velar porque se cumplan a cabalidad los derechos de los trabajadores.

ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto faculta al Ministerio de Transportes para designar un administrador provisional en todos aquellos casos en que se ponga término a la concesión.

Además, incorpora como causales del término el cumplimiento del plazo previsto en el contrato; la caducidad, la quiebra del concesionario y el incumplimiento grave de las normas laborales, entre otras.

También permite modificar los contratos para lo cual deberá establecerse en las Bases de Licitación las causales que autoricen al Ministerio modificarlos unilateralmente cuando no existan garantías que el servicio que se está prestando cumpla con las características que deben garantizarlo.

Respecto de los contratos vigentes, faculta al Ministerio para ponerles fecha de término en forma unilateral dentro del plazo de 2 años contados desde la fecha de publicación de la ley, estableciéndose el pago de una indemnización.