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  Efectos que tendría la creación de un Registro de Pasajeros Infractores genera inquietudes

  No obstante, el Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que sanciona a evasores de la locomoción colectiva con multas que llegarían hasta los $56 mil.

18 de agosto de 2010

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo lunes 13 de septiembre, quedó el proyecto, en segundo trámite, que sanciona a los evasores del Transantiago y que crea el Sub Registro de Pasajeros Infractores.

Ello, luego de que el Senado aprobara por 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones la idea de legislar de la iniciativa que además establece multas que irían entre los $37 mil y $56 mil.

Durante el debate intervinieron los senadores Alejandro Navarro, Pablo Longueira, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Francisco Chahuán, Jovino Novoa, Carlos Bianchi, Hosaín Sabag, Ximena Rincón, Mariano Ruiz-Esquide, Baldo Prokurica, José García Ruminot, Camilo Escalona, Jaime Orpis y Lily Pérez.

En la oportunidad, el senador Alejandro Navarro justificó su postura contraria al proyecto señalando que no existe simetría al sancionar a los usuarios del sistema del transporte público que no pagan su pasaje y que estén pendientes las millonarias multas que deberían haber pagado las empresas concesionarias por vulnerar las normas de los contratos y los derechos laborales de los conductores.

Coincidió con su par, el senador Pablo Longueira quien explicó que "este proyecto no soluciona nada. No se trata de justificar el no pago del pasaje por la mala calidad de servicio, pero lo que propone el proyecto es un Dicom del transporte público y no soy partidario de crear una burocracia informativa de esta envergadura".

En tanto, el senador Guido Girardi en su calidad de presidente de la Comisión de Transportes detalló que "no estamos estableciendo estas sanciones para el actual sistema de Transantiago sino en el marco de una mirada más integral de los proyectos que modificarán el actual marco regulatorio del sistema y el que amplía el subsidio hasta el 2014". Por ello, pidió considerar esta iniciativa "en un contexto para generar un equilibrio entre usuarios, operadores y trabajadores".

En tanto, el senador Juan Pablo Letelier afirmó que efectivamente, la evasión es un abuso contra aquellas personas modestas que sí pagan sus pasajes, sin embargo, recalcó que existen otras formas de enfrentar de manera seria este problema. Aseveró que "se debe llevar adelante una discusión global y luego ver qué instrumentos son los más eficaces, porque un registro podría terminar estigmatizando a las personas".

A su turno, el senador Francisco Chahuán, se refirió a la necesidad de instalar "una cultura no solo del derecho sino del deber" y aclaró que "hoy día hay que sacar a flote un sistema que le cuesta no solo a los capitalinos sino también a las regiones". Asimismo valoró la actitud de la oposición en la Comisión de Transportes porque han coincidido en el objetivo de mejorar el sistema de transporte en general.

El senador Jovino Novoa, aclaró que "este proyecto no es aislado y no pretende ser una solución completa al problema del transporte público. Existen otros dos proyectos que lo complementan". Enfatizó que "se requiere un mecanismo para fiscalizar la evasión. No se trata de crear un Dicom sino que tener alguna atribución para que la ley se cumpla y eso se hace mediante inspectores".

A su vez, el senador Carlos Bianchi criticó que "todavía se siga discutiendo el problema del transporte solo en Santiago". "El Transantiago ha sido un gran negocio para los bancos y operadores pero pésimo para las personas sobre todo de regiones y el Estado".

A su turno, el senador Hosaín Sabag recordó que la evasión fue tema de discusión en la Quinta Subcomisión de Presupuesto que él preside y aseveró que "existen denuncias que dan cuenta que de 40 personas que suben a un bus sólo 5 ó 6 pagan y eso motiva una discusión permanente entre los que cancelas sus pasajes y los que no".

La senadora Ximena Rincón mencionó que la práctica de la evasión genera pérdidas diarias de 300 mil dólares, es decir, cerca de 80 millones de dólares al año y "cuando uno se da cuenta de lo que significa para las regiones cuesta oponerse a iniciativa de esta naturaleza". Por ello, pese a los reparos que manifestó sobre el registro de infractores que se propone crear manifestó su apoyo a la iniciativa.

Por su lado, el senador Mariano Ruiz-Esquide manifestó que "no se le puede pedir al más pobre que cumpla lo que no cumple el más poderoso" y señaló que pese a que un pésimo servicio no justifica la evasión, el proyecto "me parece un escarmiento innecesario porque es una obligación del que entrega el servicio generar las condiciones de pago del mismo".

El senador Baldo Prokurica puntualizó que "nadie puede creer que este proyecto vaya a resolver todos los problemas, pero me parece que no podemos seguir amparando la evasión y la frescura porque se hace pagar a los pocos que están dispuestos a pagar lo que corresponde por viajar en bus". Dejó constancia de "la molestia que produce ver a un gobierno preocupado solo de lo que ocurre en Santiago".

En tanto, el senador José García Ruminot, pidió revisar atentamente esta iniciativa durante la discusión de su articulado porque "me parecería excesivo que las personas que registren infracciones graves por no pago de pasajes de la locomoción colectiva, pierdan el derecho a adquirir su licencia de conducir". Manifestó  también sus dudas por el eventual uso indebido de los datos personales del Sub registro que se pretende crear.

El senador Camilo Escalona, coincidió con su par en el sentido de que "el establecimiento de un registro de deudores de pasajes podría traer insospechadas consecuencias para miles de personas, porque la Ley de Tránsito establece una serie de penalidades". Por ello, aseveró que no se puede legislar sin tener en cuenta estas consideraciones.

Una opinión en la misma línea, manifestó el senador Jaime Orpis quien expresó su preocupación por la situación de sobrecarga de trabajo que ya enfrentan los Juzgados de Policía Local y que con esta legislación significaría que tendrían que procesar miles de multas. "Tengo el convencimiento de que estos juzgados no están preparados".

Finalmente, la senadora Lily Pérez, expresó su preocupación por "la incidencia que tendrían dichas faltas graves en la postulación de licencias de conducir. Comparto el espíritu de la ley de sancionar a quienes no pagan y desincentivar la evasión, pero podemos cometer un error enorme si no se aclaran estas dudas".

Cabe señalar que en lo fundamental, el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Justicia, que fijó el texto refundido de la Ley de Tránsito, y la ley N° 18.297, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

En la actualidad, la Ley de Tránsito considera el no pago de la tarifa en los vehículos de transporte público, como una infracción leve y, este proyecto la eleva a infracción grave, lo que duplica las actuales multas. Es decir, se aumenta la sanción para los evasores con multas que irían entre 1 y 1,5 UTM, es decir entre casi $38 mil y $56 mil.

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