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  Revisarán incentivos al retiro de funcionarios del sector salud durante el debate del articulado de la iniciativa

  La Sala aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que beneficia a un universo de 7.700 trabajadores del sector y, a juicio de varios senadores, se requiere profundizar en una reforma previsional más integral.

16 de mayo de 2012

Con plazo para realizar indicaciones hasta el 4 de junio próximo quedó el proyecto, en segundo trámite, que otorga a los funcionarios del sector salud que indica, una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

 

La Sala del Senado otorgó su aprobación unánime a la idea de legislar sobre la iniciativa e intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Pedro Muñoz, Mariano Ruiz- Esquide, Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Hosaín Sabag, José García Ruminot, Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Alejandro Navarro. En la oportunidad varios senadores coincidieron en que se requiere profundizar en una reforma previsional.

 

En lo fundamental, la iniciativa propone la creación de diversos incentivos al retiro de funcionarios del sector de la salud, a saber, una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

 

Además, la iniciativa consagra la compatibilidad de sus beneficios con aquellos establecidos por la ley N° 20.305, conocida como bono post laboral, para el personal del sector salud.

 

DESAFÍOS SECTORIALES

 

El senador Rossi destacó el compromiso de funcionarios de la salud y dijo que el proyecto favorece a casi 8 mil trabajadores y solicitó que durante el trámite en particular se contemple resolver algunos de los problemas de los trabajadores que "son múltiples, muchos son estructurales, pero hay un tema que tiene que ver con funcionarios que cumplieron su edad para jubilar antes de 1 de junio de 2010 y no se acogieron a beneficios anteriores, los llamados rezagados y los cupos que se disponen en esta ley, si bien se valoran, son 200 distribuidos entre 2012 y 2014".

 

El senador Muñoz Aburto, puntualizó que hay una multiplicidad de cuerpos legales que apuntan a resolver daños previsionales, sin embargo, precisó que "no se advierten razones de peso para que dichos beneficios sean diversos según negociaciones puntuales de los distintos sectores con los Ministerios" y por eso solicitó al gobierno que "se avance en una política general que evite estas negociaciones puntuales y unifique estos incentivos para toda la administración pública y servicios afines". Respaldó también petición de dirigentes de Magallanes en el sentido que estas leyes tienen vigencia transitoria obligando a trabajadores a jubilarse en medio de periodos de rentabilidad negativa. Además insistió en la necesidad de avanzar en un cambio profundo en el sistema previsional.

 

El senador Ruiz- Esquide coincidió en la necesidad de mejorar la situación de los trabajadores de la salud "cuya labor se asimila más al trabajo pesado", dijo. Respecto al proyecto recalcó que "se ha hecho un esfuerzo pero nos quedamos con problemas, tales como, una escasa planta y como hacer retirar en mejores condiciones al personal de los servicios". Añadió que "también existen solicitudes pendientes de algunos de los gremios que no están de acuerdo con este proyecto para abordar su situación".

 

MITIGAR EL DAÑO PREVISIONAL

 

A su vez, el senador Chahuán dijo que en este proyecto se contempla un incentivo al retiro a los funcionarios de la salud pública de modo de mitigar el daño previsional de estos trabajadores públicos. Explicó que "el gobierno ha querido terminar con el trato discriminatorio para ciertos gremios como lo que ocurrió con el acuerdo con la Anef y ha establecido una ley pareja, particularmente, para funcionarios y gremios que han sido perjudicados en estas negociaciones de una cúpula de dirigentes".

 

El senador Bianchi afirmó que ha quedado en evidencia que "el Estado es el peor empleador y eso hace que volvamos a tener lo que se denomina incentivo y que es el más perverso de incentivos y que en nada contribuyen a la dignidad de hombres y mujeres que trabajan en el sector público, especialmente en la salud pública". Precisó que si se quiere solucionar de verdad el tema debería aplicarse la premisa de "año trabajado año pagado" y  "no lo mejor dentro de lo peor".

 

A su turno, el senador Tuma coincidió en la necesidad de "reformar el sistema previsional chileno" y agregó que "no es posible seguir tolerando un sistema previsional que permite que tengamos que estar negociando y legislando incentivos al retiro porque las pensiones no son dignas". El fondo del problema es ese: no tenemos jubilaciones dignas, dijo y por eso se mostró confiado en que una comisión parlamentaria realice una propuesta sobre reforma al sistema previsional.

 

El senador Sabag aseguró que tiene esperanza que en las próximas instancias legislativas el Ejecutivo pueda mejorar las condiciones de retiro de estos trabajadores abnegados que viven sometidos a presión en el sistema de salud". Asimismo manifestó la necesidad de ampliar el cupo de los trabajadores beneficiados y solicitó al Ejecutivo mejorar las condiciones de retiro para los trabajadores  que se vieron obligados a trasladarse a una AFP.

 

PRECISIONES

 

El senador García Ruminot, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda realizó algunas precisiones: "los 7.700 funcionarios que van a poder acogerse a este incentivo cubren el universo completo de las personas que a partir de junio de 2010 cumplen las edades establecidas para jubilar". Añadió que "las mujeres podrán elegir el momento de presentar su renuncia y no están obligadas a hacerlo a los 60 años y eso obedece al hecho de que tengan más posibilidades de cotizar". Añadió que este proyecto busca adecuar requisitos para que todos puedan acceder al bono post laboral.

 

La senadora Rincón si bien valoró el esfuerzo para mejorar la situación previsional de estos trabajadores mencionó que "en la tramitación del proyecto se vieron una serie de situaciones preocupantes, por ejemplo,  que los años en administración pública no fueran solo en sector salud y el Ejecutivo se añadió a acoger esta realidad. Anuncio además que insistirán en que se consideren los 1100 cupos que faltan de trabajadores rezagados. Puntualizó que a su juicio el proyecto también resulta regresivo en diversos aspectos respecto de lo que se había logrado en gobiernos de la Concertación.

 

El senador Zaldívar mencionó que la iniciativa pretende subsanar en parte, la situación de los trabajadores de la salud. No obstante, detalló una serie de situaciones que aún no tienen solución satisfactoria para el sector público y por eso calificó la fórmula como "una aspirina" porque la norma general es que se entrega una jubilación que no va más allá del 30% del ingreso y se le da bonificación complementaria de 50  mil pesos, más la indemnización. "Eso no puede ser y tenemos que buscar que todo el contingente de funcionarios del Estado tenga una jubilación digna", dijo.

 

CRITERIOS FIJOS

 

Por su parte, el senador Lagos Weber, señaló que "me parece que el proceso de negociar individualmente con cada uno de los gremios, en los distintos sectores generan situaciones de diferencias que pueden ser odiosas, difíciles de explicar y de aceptar. Hay que pensar en criterios fijos y estables para todo el incentivo al retiro en el sector público". Agregó que este proyecto también requiere cambios para introducir factores de mayor justicia.

 

A su vez, el senador Quintana recordó que el traspaso de los trabajadores públicos al sector privado de previsión generó esta injusta realidad y el daño previsional de cientos de trabajadores. Recalcó que esto nos debe hacer reflexionar porque "la ciudadanía nos está demandando soluciones a este daño inconmensurable. Entonces o nos hacemos cargo o los cambios van a ocurrir igual porque guardan relación con el tema AFP y una reforma previsional".

 

Finalmente, el senador Navarro, dejó constancia de que el Parlamento no tiene facultades para incrementar los recursos y en esa línea dijo que "el proyecto es un chantaje de tómelo o déjelo". Agregó que los temas pendientes tienen que ver  con los llamados rezagados que son alrededor de 1300 funcionarios del sector salud que no han jubilado  y solo se contemplan 200 cupos para la iniciativa. Además los asociados de Fenpruss no califican por tener rentas más altas en promedio y se debería contemplar beneficios especiales para las mujeres, dijo.

 

CONTENIDO DEL PROYECTO

 

El universo de beneficiados por el proyecto está constituido por 7.700 funcionarios de planta o a contrata que se desempeñen en los Servicios de Salud, en las Subsecretarías del Ministerio de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile y en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y los funcionarios de los establecimientos de salud de carácter experimental creados por los decretos con fuerza de ley N°s 29, 30 y 31, de 2001, del Ministerio de Salud, a saber, el Hospital Padre Alberto Hurtado, de la comuna de San Ramón, el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente, y el Centro de Referencia de Salud de Maipú.

 

Los requisitos copulativos que se deben reunir para optar a los beneficios son: estar regido simultáneamente por el Estatuto Administrativo y por la Escala Única de Sueldos, en el caso del personal que labora en los Servicios de Salud y en las reparticiones del Ministerio.

 

Además haber cumplido o cumplir 60 años de edad, las mujeres, y 65 años de edad, los hombres, entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014; presentar la renuncia voluntaria al cargo entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de marzo de 2015.

 

Asimismo se contempla una excepción para el caso de las mujeres: ellas podrán participar en cualquiera de los períodos de postulación que se fijan más adelante y, si son seleccionadas, deben renunciar durante el primer trimestre del año siguiente; si no lo son, pueden repostular en los períodos consecutivos.

 

Enseguida, se dispone que los cupos de cada período deben distribuirse entre mujeres y hombres, en la misma proporción en que las funcionarias y los funcionarios hayan postulado.

 

También se indican criterios de prelación, para el evento de que postulen más personas que cupos a llenar: preferirán las personas de mayor edad y menor renta al 1 de enero del año respectivo; en caso de empate se seleccionará al más antiguo en el servicio y, si la igualdad persistiere, resolverá el Subsecretario de Redes Asistenciales.

 

Para el primer llamado a postular, referido a los funcionarios que al 30 de junio de 2010 ya hubiesen cumplido los requisitos de edad exigidos, se fijan también pautas de prioridad si las postulaciones superan a los cupos: se seleccionará primero a quienes tengan mayor edad y sufran enfermedades de carácter grave, crónicas o terminales que impidan el desempeño de la función en forma continua; a continuación a los de mayor edad; si continúa el excedente, a aquellos que le sigan con mayor edad y con menor renta; de persistir la igualdad, preferirán aquellos con más tiempo de servicio en la institución que se desempeñan actualmente y, a continuación, en la administración pública; finalmente, resolverá el Subsecretario de Redes Asistenciales.

 

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