Política pública de salud mental: abogan para que sea una prioridad nacional

Incluir los tratamientos no voluntarios de desintoxicación en la tramitación del proyecto sobre salud mental, que próximamente se pondrá en tabla, fue el acuerdo el que adoptaron los integrantes de la Comisión de Salud, luego de recibir en la última sesión a la Agrupación de Familiares Angustiados (AFA) que lidian a diario con  pacientes adictos a la pasta base.

El presidente de la instancia, el senador Guido Girardi reconoció la urgencia de impulsar una política nacional de drogas y salud mental considerando que este aspecto sanitario se encontraría postergado de la agenda de la cartera.

“Existe un proyecto que viene de la Cámara, sobre protección de la salud mental, que acá cursará su segundo trámite. Debemos estudiarlo y creo que es una oportunidad incluir las demandas que nos han hecho presentes los familiares de las personas adictas a la droga, por ejemplo, respecto a terminar con la voluntariedad que hoy tienen los afectados de recibir tratamiento, lo que es un contrasentido”, describió.

En la misma línea, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe reconoció que “la salud mental es el pariente pobre en cuanto a atención porque se destinan muy pocas camas a estos pacientes y el diagnóstico precoz de enfermedades asociadas no es visto como una prioridad”.

En la sesión también se hizo presente el senador Juan Pablo Letelier, quien acompañó a la agrupación Familiares Angustiados. A su juicio, “el ingreso de este proyecto es una oportunidad para abrir el debate porque esa norma se refiere a los derechos de estos pacientes (…) Necesitamos una política pública de salud mental, que en el caso de las adicciones, garantice una desintoxicación real y eso pasa por obligar a los afectados a recibir el tratamiento adecuado”.

El senador Alejandro Navarro comentó que “la última política de salud mental data del 2001, por lo que se requiere de una actualización urgente. Conozco de cerca el calvario que viven muchas de estas familias porque no solo el adicto es quien sufre sino también su entorno. Por eso se necesita una atención integral”.

Desde el punto de vista práctico, el senador Francisco Chahuán recordó la dificultad que existe para conseguir camas de hospitalización. “La realidad de la rehabilitación es muy triste. Solo queda recurrir a la buena voluntad de la Iglesia o de entidades como la comunidad terapéutica Hogar La Roca porque en la red pública no hay forma de acceder a prestaciones”, explicó.

El presidente de AFA, Stefano González aseguró que existe una evidente desigualdad en la atención de salud mental versus la física. “Estamos generando pacientes de primer y segunda categoría y eso no puede ser. Además la relación entre adicción y delincuencia es estrecha. Los robos al interior de la familia no son denunciados porque el adicto hace lo que sea para conseguir pasta base”, relató.

“La adicción a la pasta base es terminal porque la persona termina en la cárcel o muerta, internada difícil porque actualmente los tratamientos tienen el carácter voluntario, lo que hace que los pacientes dejen la terapia cuando quieran”, describió poniendo énfasis en la necesidad de cambiar esa política.

Respecto a la falta de camas, los representantes de AFA reconocieron que en la actualidad el Gobierno subsidia 20 camas, lo que equivale a once millones de pesos. La propuesta de la agrupación es que el Estado cancele la mitad de esas camas y el 50% de los otras 20, aumentando así el 33% de la oferta de tratamiento residencial y disminuyendo la lista de espera.