Ley de copropiedad inmobiliaria: Comisión de Vivienda revisan indicaciones antes de someterlas a votación

En plena revisión de las indicaciones del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, se encuentran los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. La idea es proceder a votar más de 162 mejoras al texto, de manera de despacharlo a la Sala –a más tardar- a fines de noviembre o principios de diciembre.

Así lo explicó el presidente de esta instancia, el senador Alejandro Navarro, quien manifestó también que “el debate que hoy hemos tenido recoge todas la observaciones que recibimos de alcaldes, administradores de condominios y dirigentes de estas unidades. Queremos que se facilite resolver los problemas que hoy surgen en el día a día”.

“Le hemos pedido al ministro Monckeberg que nos aclare cuál es el porcentaje de áreas verdes de goce comunitario porque se da un contrasentido. Las viviendas sociales consideran más metros cuadrados para estos fines que los condominios conformados por edificios de gran altura, cuyos departamentos representan un alto costo. Los propietarios de viviendas sociales disfrutan un 8% de áreas verdes”, graficó.

El legislador también profundizó otro aspecto considerado en el debate de las indicaciones como es el uso de estacionamientos. “Hoy la norma exige un estacionamiento cada dos departamentos. Eso es absolutamente insuficiente porque obliga a las personas que viven en esos edificios a estacionar en la vía pública, las que se colapsan rápidamente. Por eso quedamos en revisar cuántos estacionamientos serían necesarios para evitar problemas”, planteó.

En la última sesión, los legisladores recibieron al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Christián Monckeberg, quien detalló las indicaciones formuladas por el Ejecutivo a la norma en primer trámite.

Entre los temas que estuvieron presentes en la discusión destaca la fusión de viviendas sociales colindantes, el cuidado de bienes comunes, los condominios y las sub-administraciones, el volumen de aire e instalaciones de gas, los inmuebles con deudas de gastos comunes que se pongan en venta y el plan de emergencia.

Respecto al cobro de gastos comunes y los intereses por no pago, los congresistas revisaron la referencia que hizo la Corte Suprema al respecto. Esta instancia manifestó que este tipo de deudas deben seguir siendo consideradas morosidades de cuarta clase, puesto que el proyecto buscaba considerarla de primera clase.

El Ejecutivo manifestó que si este tipo de deudas cambia de orden de prelación de crédito, se desnaturaliza dicho instrumento. Esto porque los gastos comunes no son la principal deuda de una familia y no influye en demasía el patrimonio de una persona. Al respecto, la Comisión le solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), elaborar un informe de legislación comparada sobre esta materia.

Otra temática que se abordó fue la posibilidad de utilizar el correo electrónico como instrumento de comunicación al interior de la comunidad. La idea es que muchas materias que hoy deben resolverse citando a sesiones extraordinarias, puedan ser abordadas y votadas vía e-mail, fijando un quorum mínimo de respuesta.

El proyecto deroga la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y, en su lugar, se propone una nueva, que mantiene vigente la mayor parte de las normas de la actual, pero reestructurando y ordenando sus disposiciones, a fin de facilitar su comprensión y debida interpretación.

Actualiza y simplifica la normativa asociada a la administración interna de los condominios y la adopción de acuerdos por parte de los copropietarios, promoviendo mejores condiciones de mantención y uso de los bienes comunes, así como la adecuada relación y convivencia entre copropietarios y residentes.

Clarifica las herramientas disponibles para asegurar el apropiado ejercicio de los derechos y deberes de los copropietarios, arrendatarios y ocupantes de un condominio.

Introduce normas dirigidas a regular aspectos urbanos y constructivos, a fin de asegurar la continuidad e integración de la trama urbana y mejorar las condiciones de accesibilidad, promoviendo un crecimiento urbano armónico, un funcionamiento más eficiente de las urbes, en términos de servicios, conectividad, transporte y espacios públicos.