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Un esfuerzo genuino por mejorar lo que tenemos

Por Baldo Prokurica, senador por la Región de Atacama

12 de noviembre de 2012

La preocupación por el desarrollo de las zonas extremas del país nació de la comprobación que determinadas Imagen foto_00000004condiciones sociales, geográficas y físicas, unidas al mismo tiempo a las diversas formas de asentamiento de nuestro país, han producido un desarrollo diferenciado, inequitativo de estas áreas y sus habitantes.

Basta comparar cuántos chilenos viven en Santiago y cuántos viven en las Regiones. Y, además de eso -como si esto fuera poco- la manera como se distribuye la pobreza en nuestro país.

Desde el año 1975 hasta la fecha, se han dictado innumerables leyes -todas de carácter temporal- estableciendo distintos tipos de incentivos, a saber, tributarios, aduaneros, de zona franca, bonificaciones a la mano de obra, por mencionar solo algunos, destinados a fomentar el poblamiento y desarrollo económico de estos territorios.

En ese contexto, este proyecto de ley es un esfuerzo genuino por mejorar lo que tenemos hoy día.

Si queremos destacar los temas o incentivos especiales podemos decir que en este proyecto  de ley se incrementan al doble los recursos del Fondo de Fomento y Desarrollo (DFL 15), destinado a bonificar inversiones o reinversiones producidas.

En segundo lugar, se extiende el plazo de la bonificación a la mano de obra hasta el año 2025.

En tercer lugar, los créditos tributarios para las inversiones -esto es la Ley Arica y la Ley Austral- se extienden hasta el año 2025, mientras que la utilización de los remanentes de créditos se extienden hasta el año 2045.

Adicionalmente, se rebaja a 500 UTM el monto de las inversiones mínimas que dan derecho al crédito y se eliminan algunas restricciones relativas a las construcciones.

También, se incorpora una norma que permite suspender o rebajar el monto de las PPM de las empresas que tengan derecho al crédito tributario, dando de esta forma mayor liquidez a las empresas.

Se establece una zona franca en la Región de Aysén; se rebaja el valor mínimo de las mercancías que pueden adquirir los turistas extranjeros con derecho a devolución del IVA.

Se prolonga hasta el año 2025 la exención de derechos aduaneros; se permite a las industrias instaladas en Arica que sean usuarias de zona franca recuperar el IVA recargado en los servicios o suministros utilizados en la elaboración de las mercancías que vendan tanto hacia la zona franca de extensión como a otros usuarios de zona franca.

Finalmente, se establece que el territorio de la provincia de Palena pueda ser considerada zona franca de extensión respecto de la nueva zona franca de Aysén.

Creo que este es un proyecto bueno, pero quiero llamar la atención a los representantes del Gobierno respecto de su orientación. Esta iniciativa tiene una orientación básicamente dirigida al sector privado.  Sin embargo, creo que en las Regiones como las que representamos con la senadora Isabel Allende en este hemiciclo, se está produciendo un problema distinto que necesita un apoyo para el sector público.

Me refiero específicamente a la realidad que se está viviendo en Atacama, en Antofagasta y en otras regiones en donde el sector privado, las empresas mineras están generando mucho trabajo, no hay desempleo, hay una inversión privada muy importante y una inversión pública muy importante. Pero lo que está pasando es que en la Administración Pública no hay gente que quiera postular porque las remuneraciones son bajas. Además de eso, aquí  no solo pierde el sector privado; también está perdiendo el sector público, porque se están quedando solo aquellos funcionarios que no han podido postular al sector privado o bien, que tienen camiseta del sector público. Pero como sus remuneraciones son bajas  y los requerimientos son mucho mayores, lo que estamos teniendo es que, por un lado, se demoran en implementarse las inversiones privadas producto de que hay pocos funcionarios y que estos no están incentivados.

Por lo tanto, me gustaría que también tuviéramos una mirada hacia ese sector, el trabajador del sector público que sigue recibiendo una remuneración que está establecida por ley, pero que no se adecua a la realidad que están viviendo esas regiones.

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