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  Enfatizan necesidad de mantener rol de ENAMI de fomento de la pequeña y mediana minería

  Comisión especializada recibió al Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, Eugenio Cantuarias, con el fin de conocer la situación financiera. En tanto, senadores de la Concertación expresaron su rechazo a la medida del gobierno de abrir la licitación del litio a través de contratos especiales de operación.

14 de junio de 2012

 ImagenLa situación contable de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) dio  conocer su Vicepresidente Ejecutivo, Eugenio Cantuarias, ante la Comisión de Minería. En la oportunidad, se dieron a conocer los ajustes contables que aplicó la empresa para adecuarse a los estándares internacionales y las proyecciones de la estatal.

 

Así lo dieron a conocer los senadores Isabel Allende y Baldo Prokurica, presidenta e integrante de la Comisión de Minería, respectivamente, quienes coincidieron en la importancia del rol que juega la ENAMI especialmente en las regiones mineras.

 

La senadora Allende destacó "la necesidad de tener una ENAMI que no olvide cuál es su misión estratégica de siempre: el fomento de la pequeña y mediana minería, sobre todo considerando cómo ha estado el cobre y nos interesa que sea una empresa con suficientes números para cumplir su tarea".

 

En cuanto a la exposición, del Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, explicó que "hay que ver con más detenimiento las cifras, pero tiene una forma contable de cómo se mira la empresa y, aparentemente ese ajuste genera una deuda. Sin embargo, lo que nos preocupa y donde hemos solicitado mayor información son los altos intereses que paga la empresa como consecuencia de una deuda de arrastre".

 

Agregó que "hemos acordado oficiar al Ministerio de Hacienda en el sentido que se sigue pagando altos intereses a la banca privada y, tal vez sería mejor tener una solución con una repactación a menores tasas con Banco Estado u otros bancos.

Lo que no queremos es que por la vía de deudas insalvables nos abramos a capitales extranjeros" y se pierda el carácter público de la empresa.

 

 

Por otra parte, la senadora expresó su preocupación por los sindicatos que "han expresado una mirada distinta sobre las cifras que tiene la empresa y sería bueno que existiera un acercamiento y se logren zanjar las diferencias y ojala nos contesten por escrito los problemas y reiteramos que ENAMI  cumple un rol insustituible de fomento".

 

AJUSTES CONTABLES

 

En la misma línea, el senador Prokurica manifestó que "Atacama y Antofagasta son dos regiones donde ENAMI es indispensable para el desarrollo de la pequeña y mediana minería y por eso nos preocupa saber qué ocurre con la empresa y los balances donde aparecen con pérdidas".

 

Al respecto, el senador Prokurica se mostró "tranquilo" con los resultados dados a conocer por el Vicepresidente Ejecutivo, ya que las pérdidas no son operacionales sino ajustes contables que, por largo tiempo, no se hicieron y es necesario para hacerlo comparable con otras empresas".

 

Puntualizó que también pudieron conocer "cuáles son los proyectos y los recursos que está contando y le hemos hecho llegar y cuáles son los elementos que faltan por corregir".

 

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI, Eugenio Cantuarias añadió que "dimos cuenta acabada de los números de la empresa, aclaramos dudas y eventualmente algunos cuestionamientos que han sido recibidos con altura de miras y comprensión".

 

En ese sentido explicó que si bien las cifras durante 2011 registraron pérdidas, "esa responsabilidad no tiene que ver la gestión sino con una decisión  de administración contable profesional de transparentar los números y poner lo que es. ENAMI tenía una cultura de muchos años en los cuales los elementos de referencia usados no estaban apegados a normas contables internacionales".

 

Además dijo que "se nos encargó algunas tareas como, por ejemplo, la definición de los terrenos que solicitó la ENAMI para construir su nueva planta en Taltal, entre otras informaciones".

 

CONTRATOS DE LITIO

 

Por otro lado, la senadora Isabel Allende, manifestó su rechazo a la medida del gobierno de abrir la licitación del litio a través de los Contratos Especiales de Operación de Litio que lanzó el Ejecutivo con el argumento de "dinamizar" el mercado de este recurso ya que d no implementar "medidas urgentes", Chile perdería su posición en el mercado internacional.

 

Precisó que a su juicio "se pretende ahora con el lanzamiento de esta licitación, de espaldas a la sociedad, entregar en concesión la explotación del Litio a privados y para esto propone la creación de los CEOL, que no es más que una medida para privatizar el litio". Situación que "no apoyaremos".

 

Aseguró que "desde la Comisión y junto a otros actores como la CTC y la FTC le planteamos al gobierno desde un inicio la inconveniencia de este tipo de medidas inconsultas que, a través de la vía rápida, evitan dar la discusión necesaria sobre un recurso estratégico para el desarrollo del país. La demanda mundial de Litio presenta una oportunidad histórica para implementar una política de Estado. Ésta no sólo debe incluir la extracción, sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología, y no sólo de materias primas", aseguró.

 

Aseguró que "se debe fomentar fuertemente la I+ D, para reducir los costos de producción pero además para entregar a los mercados internacionales un producto con un alto valor agregado". Añadió que  "ni la propuesta actual del gobierno de hacer uso de CEOL ni el marco regulador actual de la industria minera es adecuada o suficiente para enfrentar el desafío que los escenarios futuros del Litio proponen. Es necesario alejarse de los paradigmas actuales y tratar al Litio como un recurso energético con valor agregado y no como un simple mineral"

 

VICEPRESIDENTE DEL SENADO

Una opinión similar compartió el Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro quien lamentó que "el gobierno siga insistiendo en su decisión de seguir llevando adelante la entrega de la explotación del Litio a privados, eludiendo la ley que lo establece como un mineral de explotación exclusiva por parte del Estado".

 

El parlamentario sostuvo que "el actual gobierno insiste en no aprovechar la alta demanda que hoy tiene el Litio en el mundo, especialmente de parte de la industria automotriz y de las industrias productoras de tecnologías, para generar un nicho de desarrollo no sólo minero, sino también científico y tecnológico nacional. Se reitera una vez más la aplicación del modelo basado en el uso intensivo de recursos naturales sin agregarle valor en el país, como ocurre con el cobre y con la pesca, por citar sólo un par de ejemplos".

 

Dijo que "mientras desde nuestro país se busca a empresas mineras para que se hagan el pino, igual como ocurre en la explotación cuprífera, obteniendo altas rentabilidades a cambio de ingresos menores al erario nacional, en los países vecinos las decisiones van en otra dirección. Eso ocurre en Bolivia, donde el gobierno ha anunciado que la planta estatal para explotación del Litio en el Salar de Uyuni ya alcanza un 80% de su construcción, con una inversión de 23 millones de dólares y que tratará unas 200 toneladas mensuales".

 

REFORMA CONSTITUCIONAL

A su turno, el senador Mariano Ruiz- Esquide  junto con sumarse al rechazo a la licitación del litio solicitó a La Moneda patrocinar Reforma Constitucional que asegura la nacionalización del Litio, de la cual es uno de sus autores.

 

Enfatizó que  la medida "no satisface la política que ha llevado adelante el Presidente Piñera en la defensa de los recursos del país", y por lo mismo,  se debe acelerar la tramitación del proyecto que establece las modificaciones al artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, asegurando la nacionalización del Litio.

 

Sostuvo que "el litio está protegido en documentos que vienen desde el periodo de la dictadura y en los últimos años, en orden a que no es concesionable" y lo que "el Gobierno ha hecho es utilizar un mecanismo en el cual hace contratos directamente de explotación desde el Estado (administrador del bien nacional como es el litio, cobre o el agua) para entregarlo a instituciones privadas... y me parece contrario a la norma constitucional que obliga que todo esto se haga desde el Estado (no sólo como gobierno) hacia una administración o explotación conforme a una norma que se tramite en el Congreso Nacional".

 

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