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  Vicepresidente del Senado solicita al Ejecutivo prorrogar la Ley de Pesca

  El senador Alejandro Navarro, aseguró que ¿en las condiciones que se encuentra el actual proyecto de ley de pesca larga es mejor esperar para hacer una nueva legislación".

11 de octubre de 2012

"Todo indica de que una prórroga por dos años es lo más adecuado para hacer una nueva Ley de Pesca y no un mamarracho de ley como el actual proyecto de ley de pesca larga", así lo afirmó el Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, al referirse a la iniciativa, en segundo trámite, que se encuentra en condiciones de ser analizada por la Sala del Senado.

 

Precisó que la prioridad debiera ser "contar con una norma que efectivamente garantice la protección de los recursos y evite la concentración económica cada vez mayor del sector"

 

Por ello, aseveró que "en este escenario y pese a que incluso voté en contra de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), creo que lo más conveniente para todos sería prorrogar su videncia por un par de años para profundizar aquellos aspectos que esta ley no resuelve".

 

Sostuvo que "cuando uno escucha al ministro Longueira, escucha los mismos argumentos que daban hace una década los ex ministros y subsecretarios Rodríguez Grossi y Felipe Sandoval, cuando aseguraban que la Ley de LMCA garantizaba la sustentabilidad de los recursos".

 

Sin embargo, "es cosa de ver el actual estado de las pesquería para darse cuenta de la falsedad de un argumento biológico que se pretende sostener con medidas de administración y de explotación que van en el sentido contrario. Esta ley, aunque la quieren hacer parecer verde, mezcla criterios de conservación con medidas de comercialización, por lo que el resultado será el mismo".

 

El problema -añadió- "es que si se acaban los peces los industriales pueden poner el candado a sus plantas y dedicarse a sus muchos otros negocios. Sin embargo, para los artesanales y los trabajadores de la industria el escenario es crítico. Ellos sí necesitan la sustentabilidad de los recursos, de manera que la pesca siga siendo una actividad económica que genere empleo. Pero ni la concentración del sector en cada vez menos manos, ni los permisos perpetuos garantizan eso. Lo que se requiere son medidas reales de conservación y abrir el sector a una verdadera competencia que permita al Estado recaudar, con menos pesca iguales o mayores recursos, para ir en apoyo de quienes serán perjudicados con esta ley".

 

El senador Navarro dijo que "al igual que ahora, hace una década dijimos que debían adoptarse medidas que permitieran la reinserción laboral de los trabajadores de la industria y que para ello debía crearse un fondo. Hoy nuevamente hablamos de plataforma social, demanda legítima por cierto, pero que todavía no encuentra una expresión concreta que vaya más allá de becas de estudios por dos años y capacitación laboral que suena más parecido al fallido proceso de reconversión del carbón que a la solución que los miles de trabajadores que lamentablemente seguirán saliendo de la industria necesitan".

 

El parlamentario agregó que de aprobarse el proyecto actual "quedará al debe en materias históricamente no resueltas. Ponerle aportes basales al IFOP no son la solución a la necesidad de investigación científica pesquera pública autónoma y vinculante, traspasar algunos funcionarios a honorarios a contrata en el Sernapesca tampoco mejora la fiscalización, que seguirá siendo deficiente".

 

El legislador dijo confiar "en poder estar presente cuando se vote, seguramente con discusión inmediata, esta ley en general y particular, no sólo para presentar muchas indicaciones que den cuenta de los muchos vacíos de la Ley Longueira, sino para votar en contra de casi todo, como lo hicimos antes con la Ley de LMCA de Rodríguez Grosssi y Sandoval, porque es una ley que sólo ayudará concentrar y privatizar los recursos que son de todos, sino que además condenará a los artesanales a una progresiva precarización de su actividad, convirtiendo a muchos de ellos, por necesidad, en empleados de la industria".

 

Finalmente, sostuvo que "en todo caso, esta ley, aunque la aprueben la derecha y parte de la oposición, no termina aquí, porque la omisión intencional de los pueblos originarios y de los derechos que les entrega el Convenio 169 de la OIT, seguirá siendo una materia de la que seguramente conocerán los tribunales, nacionales e internacionales".

 

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