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A tercer trámite proyecto misceláneo que promueve la inversión

El debate se centró en las implicancias de aquellos proyectos que tienen consecuencias medio ambientales. Mientras algunos senadores apuntaron a la necesidad de simplificar procesos para favorecer la inversión, otros aseguraron que las exigencias se hacen laxas.

27 de enero de 2020

La Sala despachó a la Cámara de Diputados el proyecto pro inversión luego de dos jornadas de revisión de las disposiciones.

 

Cabe considerar que las comisiones de Economía, y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, revisaron de manera conjunta la norma ante una serie de discrepancias que surgieron tras su estudio en particular. La propuesta tiene un carácter misceláneo, por lo que abarca diversos tópicos, sin embargo, los más discutidos fueron los medioambientales.

 

Imagen foto_00000010Durante la primera jornada de debate intervinieron los senadores José Miguel Durana –quien informó el texto-, Juan Pablo Letelier, Ximena Rincón, Rabindranath Quinteros, Ximena Órdenes, Rodrigo Galilea, Iván Moreira, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Juan Antonio Coloma, Guido Girardi y Jorge Pizarro. Luego hizo lo propio el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco que actuó como ministro subrogante.

 

En tanto, en la segunda jornada hicieron uso de la palabra los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Ximena Rincón y Rodrigo Galilea.

 

Los argumentos se centraron en dos puntos. Aquellos que apoyaron la norma hicieron mención a la necesidad urgente de dar un impulso a la economía, mediante la productividad y el emprendimiento, sobre todo tras la desaceleración registrada tras la crisis social y política del pasado 18 de octubre. También recordaron una serie de trabas burocráticas que hacen más difícil invertir en el país, de allí la pertinencia de simplificar los procesos como lo plantea el proyecto.

 

Aquellos que cuestionaron la iniciativa mencionaron una suerte de desregularización en lo medio ambiental, en favor de la inversión de grupos de intereses particulares, por lo que se hizo un llamado a “tener un sentido precautorio de manera de no contribuir aún más a la contaminación”. También se advirtió que el proyecto dejaría fuera a las pymes que son las que mueven la economía.

 

La iniciativa en segundo trámite había generado controversia respecto de tres materias principalmente: el criterio para la evaluación ambiental de centrales eléctricas, caducidad para las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que estén impedidos de iniciar las obras por fallos judiciales y el carácter vinculante a las respuestas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así se acordó:

 

  • Criterio para la evaluación ambiental de centrales eléctricas: solo tendrán la obligación de realizar dicha evaluación las centrales que generen más de 3 MegaWatt (MW). En el reglamento de la ley se explicitarán los criterios para evaluar o no a las centrales menores a dicha capacidad, las que actualmente no eran evaluadas, todo considerando su nivel de impacto ambiental.

 

  • Plazo de caducidad para las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que estén impedidos de iniciar las obras por fallos judiciales: quedó en tres años, considerándose que se trata de un caso de fuerza mayor. Hoy cuando los proyectos o actividades no se realizan en cinco años, su resolución a favor caduca.

 

  • Carácter vinculante a las respuestas del SEIA a las preguntas de pertinencias: aquellos que propongan un proyecto o actividad pueden dirigirse al director ambiental o ejecutivo para que se pronuncie si esta intervención debe someterse al SEIA. Se resolvió que siempre deberá realizarse dicha evaluación.

 

PROYECTO

 

El proyecto busca equilibrar debidamente la certeza jurídica que éste provee, por un lado, con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país, por el otro.

 

En concreto se hacen tres cambios:

 

  • Disminuir plazos de tramitación, reduciendo el costo asociado.
  • Eliminar incertezas jurídicas.
  • Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.
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