Reajuste del 5% al sector público en condiciones de cumplir su tercer trámite

Por 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la Sala del Senado despachó el articulado del proyecto que repuso el reajuste del 5% para el sector público, así como los bonos de invierno, aguinaldos y otros beneficios, contemplados en el texto original. De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se aprobaron por 15 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención dos indicaciones, de los senadores Pedro Muñoz y Camilo Escalona, donde solicitan información al Ministerio de Educación sobre la aplicación de estos reajustes y beneficios en establecimientos de educación particular subvencionada y otros centros de formación.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín advirtió que "el Mineduc no está en condiciones de exigir dicha información a establecimientos privados" y recordó el impasse que existe con la Universidad de Chile sobre el mismo tema. Le respondieron los senadores Muñoz y Rossi quienes consideraron "relevante" dicha información ya que es necesario que las Comisiones de Hacienda conozcan si dichas instituciones traspasan dichos beneficios a sus funcionarios.

Durante el debate intervinieron los senadores Carlos Bianchi, Mariano Ruiz-Esquide, Soledad Alvear, Ricardo Lagos Weber, Eugenio Tuma, Andrés Zaldívar, Ximena Rincón, José García Ruminot, Camilo Escalona, Hernán Larraín, Pedro Muñoz, Fulvio Rossi, José Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Jaime Quintana Patricio Walker, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Alejandro Navarro y Antonio Horvath. (Vea el debate por TV Senado)

La discusión no estuvo exenta de polémica ya que las tribunas debieron ser desalojadas tras las manifestaciones e incidentes que protagonizaron los dirigentes funcionarios públicos, quienes en varias ocasiones fueron conminados a mantener el orden y respetar todas las intervenciones.

La situación motivó incluso la molestia y protesta de los jefes de Comités de la UDI y de RN, Hernán Larraín y Baldo Prokurica, respectivamente, quienes consideraron que "la Mesa del Senado no estuvo a la altura de la dignidad del cargo ni del respeto al Reglamento ya que expusieron a senadores, senadoras y autoridades de Hacienda, a las groserías, insultos, la violencia  y la agresión de parte de las galerías".

Ambos parlamentarios reclamaron a la Mesa presidida en ese momento, por el Vicepresidente, senador Juan Pablo Letelier,  "un doble estándar dependiendo de la audiencia, pues por mucho menos se determinó el desalojo cuando se discutió el proyecto antidiscriminación".  Además el senador Prokurica insistió en que "todavía estoy a la espera de un informe de la Mesa por los incidentes ocurridos durante la Cuenta Pública el 21 de mayo pasado".

Al respecto, el senador Letelier señaló que "tomaremos en cuenta sus juicios en reunión de Comités" y dejó constancia de que "conversé con algunos senadores y tratamos de evitar el cuadro que se produjo al final" aludiendo a las manifestaciones en las tribunas cuando intervino el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que "si lo que se trata de inferir es que la forma de evitar dicho cuadro era que yo no interviniera, no me parece el camino correcto, porque deben existir garantías para todos y no creo haber dicho nada que pudiera ofender a alguien".

En tanto, los senadores Lagos Weber y Quintana reflexionaron sobre la situación producida y coincidieron en que "la Mesa pudo haber manejado mejor la sesión", pero rechazaron las acusaciones de promoción de la violencia.

DEBATE EN PARTICULAR

El senador Bianchi recordó proyecto que presentó para crear una Dirección Nacional del Trabajo de rango autónomo que "evitaría esta misma discusión sobre reajuste todos los años". Se mostró partidario de una fórmula que permita aplicar un reajuste digno y admitió que "para la gente de Magallanes el tema del bono es importante y se nos ha pedido llegar a un acuerdo".

A su turno, el senador Ruiz- Esquide dejó expresa constancia de su preocupación por la "razzia" en contra de los funcionarios públicos por motivos políticos. Justificó además su voto en contra señalando que "se trata de un voto en conciencia ya que "el gobierno debe entender que no puede despedir a cientos de personas" y que "este reajuste no responde a los parámetros económicos del país".

La senadora Alvear consideró "insuficiente" este reajuste considerando las tasas de crecimiento que se estiman y lamentó que el gobierno "no se haya movido a pesar de que la Cámara ya ha rechazado en dos oportunidades este proyecto". Por ello, propuso un "protocolo estabilidad laboral y un plan de retiro".

En tanto, el senador Lagos Weber, apuntó que el debate de este reajuste es distinto  al de años anteriores, porque "si bien hay que hacerse cargo que no pudimos tener un sector público como queríamos, con una debida carrera funcionaria, hoy el tema de fondo es la persecución y los despidos por motivos políticos". Por ello, solicitó al Gobierno que haga llegar el detalle de las desvinculaciones y las reconsideraciones de los casos.

En la misma línea, el senador Tuma indicó que "con todo el respeto que se merecen los trabajadores que llegaron a acuerdo, el debate de este proyecto tiene que ver con la desestabilización del empleo por razones políticas" y justificó su voto en contra porque "el reajuste no se condice con el crecimiento del país".

El senador Zaldívar realizó una serie de observaciones y precisó que "el reajuste real es casi nulo si se descuenta la inflación". No obstante, recalcó que lo que más les preocupa son: los despidos arbitrarios, la falta de información cabal sobre los procesos de reconsideración que el gobierno asegura haber llevado adelante y la rebaja de los beneficios por retiro

La senadora Rincón apuntó que la nómina de funcionarios públicos despedidos aparece cada vez mayor y anunció la petición mediante oficio del Senado, para que "se expliquen los despidos masivos en la Región del Maule y que se especifiquen los motivos adjuntando las respectivas nóminas".

Una visión distinta entregó el senador García Ruminot quien reconoció que "todos quisiéramos un reajuste más alto, pero quien tiene la iniciativa y la responsabilidad de hacer una propuesta teniendo presente las inestabilidades internacionales, es el Ejecutivo que llegó a acuerdo con 11 de los 14 gremios del sector público". Apuntó que este incremento no es tan distinto al entregado en anteriores administraciones y aseveró que "los senadores de RN somos partidarios de que prospere un acuerdo en materia de incentivo al retiro".

RECLAMOS DE AGRESIONES

A su vez, el senador Escalona dio a conocer antecedentes que refutan los argumentos del Ejecutivo en el sentido que "los despidos de funcionarios públicos han ocurrido siempre" y manifestó su rechazo y preocupación por las denuncias de agresiones de parte de la fuerza policial contra dirigentes de la Tesorería General de la República. Asimismo aseguró que el gobierno "está abusando de la disposición de los gremios que firmaron a favor de este reajuste, porque ellos no imaginaron los despidos, ni las golpizas ni la persecución contra los funcionarios".

El senador Rossi lamentó que "estemos en un verdadero diálogo de sordos" y emplazó al Ministro de Hacienda a que entregue "una fundamentación del reajuste y las razones de los despidos masivos". Además celebró que "haya trabajadores que negocien no solo para ellos sino por el bien común de todos".

El senador Gómez insistió en que "no podemos aceptar que no exista desde el punto de vista humano disposición para atender la situación de cientos de familias que han quedado sin su fuente de trabajo. Aquí hay compromisos adquiridos por el Presidente Piñera, en su campaña que están incumplidos y los Ministros no dicen ni una palabra".

Por su parte, el senador Kuschel valoró el reajuste y los beneficios para zonas extremas. Aseveró que el incremento es mejor que el del año pasado y "dudo que muchos países en el mundo estén en condiciones de entregar un reajuste de estas características".

Sin embargo, el senador Quintana recordó que "yo denuncié un fenómeno de macartismo que se explica en la lógica de quienes ven al enemigo interno y eso se explica en el instructivo del Ministerio de Hacienda donde se instaba a observar y delatar compañeros que no iban a sus puestos de trabajo". Asimismo coincidió con la solicitud de información sobre los despidos, reconsideraciones y reintegro de funcionarios públicos.

El senador Patricio Walker coincidió en que más que el guarismo "nos preocupan los despidos masivos" y detalló la situación de su región de Aysén puntualizando que "no se trata de cifras sino de familias". Afirmó que "el costo de vida en las regiones extremas es mucho más alto" y recalcó que "la asignación de zona tiene que ser imponible".

El senador Frei Ruiz-Tagle, aclaró que "si hubiésemos tenido más tiempo tal vez, habríamos alcanzado un acuerdo, pero este proyecto entró el 29 de noviembre y se nos obliga a discutir bajo presión". Recordó que durante la campaña presidencial "dijimos que iban a haber despidos y persecución y que los conflictos sociales iban a ser combatidos con mayor represión". Reclamó además por la baja ejecución presupuestaria de Ministerios claves como Obras Públicas, Educación y Salud que golpea especialmente a las regiones.

A su turno, el senador Navarro dijo que "el hecho que el Presidente de la República no cumpla con la palabra empeñada en su campaña no beneficia ni a la política ni a la democracia". Refutó además las prácticas del gobierno de "comprar votos de diputados y senadores cuando le faltan sufragios para apoyar un proyecto y dividir a los gremios cuando no logra acuerdo". Aclaró además que "el reajuste pudo haber sido escalonado y llegar a un acuerdo".

El senador Antonio Horvath se refirió a las imputaciones por presunta "compra de votos de diputados" y pidió conocer los antecedentes por el "peso y la gravedad de la denuncia". Asimismo apuntó a que la lista de trabajadores desvinculados en su región está siendo revisada  y se mostró partidario de buscar fórmulas más claras para evaluar a los funcionarios municipales y de otras reparticiones.

Finalmente, el ministro Felipe Larraín respondió a los emplazamientos entregando una detallada cuenta de los compromisos que adquirió en materia de procedimientos para reconsiderar los despidos y señaló que el año pasado se reintegraron a sus funciones 268 trabajadores. Insistió además en que no existirá incompatibilidad entre el incentivo al retiro y el bono post laboral y reiteró el compromiso de iniciar el proceso de reconsideración para las desvinculaciones.

En cuanto al monto del reajuste y los beneficios que contiene el proyecto, el secretario de Estado dijo que "constituyen lo que podemos hacer responsablemente" y admitió que el Ejecutivo está empeñado en llegar con los bonos a fin de mes.