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  Comisión de Hacienda dispuesta a explorar acuerdo en materia de royalty minero

  La instancia escuchó las exposiciones de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y de Minería, Laurence Golborne sobre el proyecto que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera.

29 de septiembre de 2010

Un espacio de conversaciones se abrió en la Comisión de Hacienda con el fin de logar un acuerdo respecto al impuesto específico a la gran minería. Así lo dieron a conocer los senadores Camilo Escalona, José García y Ricardo Lagos Weber, presidente e integrantes de la instancia, respectivamente.

Los parlamentarios escucharon las exposiciones de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y de Minería, Laurence Golborne sobre el proyecto, en segundo trámite, que introduce modificaciones a la tributación específica de la actividad minera que contempla una base tributaria de 5 a 9%.

"Los senadores de la Concertación hemos expresado a los Ministros y al gobierno que tenemos la voluntad de explorar un acuerdo", dijo el senador Escalona quien aseguró que "sabemos que si esto ocurre será cosa de días y no es nuestro afán dilatar la discusión de modo que hemos convocado a una nueva sesión para el próximo lunes 4 de octubre, y se harán los contactos con el propósito de evaluar si hay o no condiciones para alcanzar ese acuerdo".

Puntualizó que existen al menos tres puntos para conseguir una fórmula de consenso: primero, formar la comisión de expertos que propusieron los presidentes de partido de la Concertación, d"e modo de hacerse cargo de las condiciones  democráticas de las disposiciones del decreto ley 600 y legislar a largo plazo. No tenemos dificultad que instancia la encabece el Ministro de Hacienda con participación de expertos de la oposición".

Por otro lado, aseguró que "pensamos que es posible mejorar la tabla del impuesto específico y aumentar la contribución de las mineras y, respecto al tema del periodo de invariabilidad tributaria para nosotros continúa siendo una carga demasiado larga".

Por su parte, el senador José García Ruminot destacó la "buena disposición de los senadores de la Concertación y la Alianza y de los Ministros de Hacienda y Minería para llegar a un acuerdo en materia de royalty".

En cuanto a los puntos que debería contener dicho consenso, el parlamentario aseveró que "no me atrevo a indicar detalles de cómo construir el acuerdo porque no lo hemos conversado pero habrá que tener presente la propuesta que realizaron los partidos de la Concertación y que le entregaron al ministro Larraín".

Asimismo mencionó que "habrá que tener presente como un elemento esencial el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo y buscaremos acercar posiciones para tener un acuerdo de modo que existan mayores recursos para la reconstrucción y las regiones por un total de mil millones de dólares que provendrían del aumento transitorio del impuesto específico a la gran minería".

Asimismo "propuso despejar de manera permanente, la tributación de la gran minería porque consideramos que no es bueno como señal a los inversionistas mantener esta decisión esencial pendiente".

A su turno, el senador Ricardo Lagos Weber aseguró que a su juicio "hay un cambio en el foco del debate porque más que hablar de recursos para reconstrucción estamos hablando de un régimen permanente respecto a cuanto debe recaudar el Estado chileno de la gran minería del cobre".

Agregó que "pasamos de los 600 millones de dólares a hablar del mediano y largo plazo y me congratulo de que el gobierno piense que la minería debe aportar sustantivamente más al país".

No obstante, precisó que "tenemos diferencias sobre el tema de la invariabilidad porque ocho años nos parece un exceso y, si bien compartimos que la tabla de impuesto específico sea progresiva según el aumento del precio del metal, seguimos pensando que todavía es poco ambiciosa".

En tanto, el ministro de Minería Laurence Golborne, indicó que "este proyecto contiene dos temas: un régimen general de la tributación minera del país en el largo plazo y, un caso particular dada la situación histórica de empresas que ya tienen contratos pactados con el Estado de Chile".

Manifestó que "en el último caso no somos nosotros quienes decidimos que harán esas empresas, por lo tanto la propuesta debe tener un sentido lógico para que alguien voluntariamente modifique los contratos vigentes a la luz de lo que el país necesita".

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