Replantearán sistema de información comercial y datos de carácter personal

Considerando que Chile tiene una de las tasas de endeudamiento más altas de América, los senadores  Ricardo Lagos Weber, Alejandro Navarro y Fulvio Rossi presentaron una moción que prohíbe el monopolio de la información comercial de carácter personal.

La iniciativa que será analizada por la Comisión de Economía, dispone que "ninguna empresa, gremio, asociación o agrupación de cualquier naturaleza podrá tener el monopolio sobre el tratamiento de la información comercial".

Esto significa que "las entidades comerciales, tales como Bancos, compañías de seguros, financieras, casas comerciales y las notarías, tratándose de protestos de cheques, letras o pagarés, podrán remitir la información comercial que produzcan a cualquier empresa, sea persona natural o jurídica y que tenga como giro el tratamiento de información comercial".

Los parlamentarios autores de la iniciativa señalaron que el sistema de información comercial chileno "está atrasado y requiere urgentemente una renovación y replanteamiento de su estructura y funcionamiento, ya que la cobertura de la información alcanza el orden del 30% de la población adulta, muy por debajo de países como Argentina, Uruguay, que tienen una cobertura sobre el 80% y el promedio de la OECD que es del 55% de cobertura".

Precisaron que en la actualidad "existe información positiva de sólo el 2,8 millones de clientes bancarios, desconociéndose las información de más de 8 millones de clientes del comercio".

Por otra parte, recalcaron que "cerca del 38% de la oferta total de créditos de consumo lo otorgan entidades no bancarias, las que no proveen información positiva".

Cabe señalar que en Chile la información crediticia es recolectada y procesada en instituciones públicas y privadas. Dentro de las fuentes utilizadas por la SBIF se encuentra la información producida por el Boletín de Información Comercial (BIC).

Este surge a comienzos del siglo XX, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, como una iniciativa de los comerciantes que estimaban necesario traspasarse la información relativa a los clientes que incumplían los compromisos de pago; que se encontraban comprometidos con ventas a plazo o utilizaban facilidades de pago.

La entidad ordenadora, la Cámara de Comercio de Santiago, juega un rol importante en el control de calidad de la información que proviene de los notarios y de otras fuentes. Pero el sistema carece de incentivos de control y de los medios tecnológicos de validación de los registros notariales. De ahí que la función del ordenador se efectúa sin un chequeo de la consistencia de los datos enviados.

Respecto del mercado de distribución de información, actualmente existen cuatro empresas distribuidoras: Data Business, Sinacofi, Siisa y Dicom Equifax, que figura como actor. Es decir, la Cámara de Comercio de Santiago, recoge los datos, los ordena, -actúa como un fichero- y los vende a las empresas. Se trata de un monopolio amparado por ley, sin embargo, este hecho no implica que el comportamiento de la CCS sea arbitrario, sino que debe responder a un objetivo público, interés subyacente en el espíritu de la ley.

La existencia de un monopolio genera algunos costos. Por ejemplo, la administración actual del Boletín Comercial espera que se realice un pago por aclaraciones, lo cual suele causar un desfase entre el momento en que la entidad crediticia reporta el pago de la deuda y el instante en que se registra el cese de la morosidad.

Debido a esta situación, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de la Cámara de Comercio de Santiago ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Por estas razones, y frente a la existencia de un monopolio sobre el manejo de la información, se propone la licitación de las funciones que hoy en día tiene la Cámara de Comercio de Santiago. Las innovaciones deben conducir a hacer más eficiente el procesamiento de datos, y para ello se deben crear los incentivos correctos.

No obstante, los senadores Lagos Weber, Navarro y Rossi recalcaron la necesidad de que exista una regulación en el uso y manejo de la información que promueva la responsabilidad (accountability) y la competencia en la distribución de la misma. "Este tipo de regulación pretende a su vez disminuir la posición dominante de quien gane el procesamiento al no permitirle ejercer monopolio a través de precios ni dominio de la información".