Quieren prohibir el cobro de seguro de cesantía a jubilados

El cobro del seguro de cesantía a jubilados, cuando adquieren un crédito en el sistema financiero o un compromiso con tiendas comerciales, podría constituir el delito de estafa según la opinión de la Comisión de Economía del Senado.

Así lo explicó el presidente de esa instancia, senador José García Ruminot tras escuchar las opiniones del Director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan Peribonio, y de representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el marco del estudio del proyecto del senador Juan Pablo Letelier que prohíbe a las empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados.

Según el senador García Ruminot "no resulta lógico que se le esté cobrando seguro de cesantía a una persona que nunca va a poder usar ese seguro porque está jubilada. En la opinión de la Comisión, lo que aquí se configura al cobrarse este seguro es el delito de estafa y probablemente más que prohibir el que se cobre este seguro lo que habría que hacer es perseguir las acciones penales, por cuanto las personas están siendo estafadas".

El parlamentario agregó que "estamos frente a un tema social, económico y también que tiene mucha vinculación jurídica. No tomamos decisión todavía porque queremos seguir analizando el tema en marzo una vez que concluyamos todos los análisis y veamos si nos vamos a ir más bien por que esto se sancione como delito de estafa o si vamos a persistir en que esto se agregue en la Ley de Protección al Consumidor impidiendo que se cobre este seguro".

No obstante, señaló que en su opinión personal el cobro del seguro de cesantía estaría comprendido dentro del delito de estafa, por lo que se deberían ejercer acciones por ese lado.

Asimismo, dijo que el principal problema es que en la mayoría de los casos "se trata de ventas atadas y la mayor parte de las veces la persona no sabe que le están haciendo pagar un seguro".

SOCIEDADES COMERCIALES

Pero además de analizar ese proyecto, la Comisión de Economía continuó con en estudio de la iniciativa que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, para lo cual recibió a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

"En este proyecto el gobierno se ha propuesto que las personas que forman una sociedad podrían optar por el sistema actual, es decir notarios, conservador de bienes raíces o podrían optar por este registro digital que estarían en manos del Servicio de Impuestos Internos. Todos tendemos a apoyarlo pero con algunas reservas, porque la certeza jurídica que da el actual sistema se considera un tremendo activo del país y no necesariamente se puede tener la misma certeza jurídica si  todas estas actuaciones se hacen a través de un registro informático".