Cesantes contarán con un plazo para que sus antecedentes económicos no lleguen a DICOM

Mediante la inscripción del finiquito respectivo en los sistemas de anotaciones comerciales, las personas cesantes podrán evitar que por un periodo de dos meses, renovables por otros 10, se publiquen los incumplimientos derivados de su situación. Así lo dispone el proyecto aprobado en general, por la Comisión de Economía que preside el senador José García Ruminot.

El parlamentario explicó que la iniciativa, en segundo trámite, establece que toda persona que acredite estar cesante, conforme a finiquito expedido en forma legal o al acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, podrá concurrir al Boletín Comercial para que se suspenda, por un período de dos meses, renovable hasta por 10 meses, la información que verse sobre sus obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

"Se trata de evitar que por falta de trabajo, muchas personas que nunca han faltado a sus compromisos terminen en DICOM. Es decir, se trata de informar que tal conducta no es un hábito sino que deriva de una situación de cesantía puntual", manifestó el legislador.

INFORMACIÓN PERSONAL

Por otro lado, el senador García Ruminot informó que la Comisión de Economía acordó tramitar en forma conjunta dos mociones que regulan los sistemas de información comercial en lo relativo a la elaboración de los ranking de riesgo de las personas y las limitaciones al tratamiento de los antecedentes económicos privados de las personas.

Al respecto, el parlamentario explicó que "me parece razonable prohibir que las consultas por RUT de las personas, sirvan para elaborar ranking de riesgo, porque puede que haya una persona que no tenga ninguna mora ni protesto, pero si consultan por él 50 veces a DICOM, automáticamente va a tener un riesgo negativo".

Agregó que es fundamental "impedir los abusos sobre el uso de datos que son de carácter privado y, por lo tanto, vamos a tramitar esta iniciativa en conjunto con una moción del senador Jovino Novoa que establece ciertas limitaciones al ejercicio o tratamiento que se hace de los antecedentes privados".

Precisó que "es lógico que, por razones comerciales, si alguien cae en mora, esa información sea pública y conocida por los agentes económicos como una forma de prevenir estafas y riesgos en los créditos".

Sin embargo, otra cosa es que "esos datos comiencen a cruzarse con otros para que se vendan a determinadas empresas las que finalmente inundan de correos y llamados telefónicos a las personas con el fin de hacer determinadas ofertas o propagandas".

Aseveró que esta situación "está en el límite del ordenamiento constitucional porque cada vez más empresas están vendiendo y manejando información personal e invadiendo la privacidad de las personas".

Puntualizó que "también la Comisión acordó invitar para una próxima sesión a los subsecretarios de Desarrollo Regional, de Interior y a los representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que expongan sobre la situación que afecta a cientos de personas damnificadas por el terremoto y que se les cobra por reposición de los servicios básicos"

Ello, en el marco del estudio de la moción impulsada por la senadora Ximena Rincón en cuanto a impedir el cobro por traslados de medidores o reposición del servicio eléctrico a personas afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado.

El senador García Ruminot manifestó que se trata de circunstancias que son ajenas a los usuarios y  como se trata de materias que están reguladas en los contratos de concesión de las compañías eléctricas, solicitamos mayor información.