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  Anuncian proyecto que busca responsabilizar a organizadores de marchas por daños en la propiedad pública y privada

  Así lo manifestó el senador Baldo Prokurica, presidente de la Comisión de Defensa, tras visitar a los carabineros heridos en los incidentes tras las últimas manifestaciones. En la oportunidad, el parlamentario solidarizó con la institución.

15 de julio de 2011

El senador Baldo Prokurica, quien preside la Comisión de Defensa anunció la presentación de un proyecto de ley para establecer responsabilidades por los daños ocasionados a las personas y propiedad privada y pública, con ocasión de reuniones y marchas realizadas en lugares de uso público.

El legislador precisó que la iniciativa busca establecer la responsabilidad de los organizadores de una marcha o reunión realizadas en plazas, calles o lugares de uso público, por los daños ocasionados por los manifestantes, con ocasión de dicha convocatoria, a la  propiedad pública o privada o por atentados contra la integridad física de las personas.

El senador recordó que "el artículo  19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 13, asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin previo aviso y sin armas".

Agregó que "las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía", toda vez que el ejercicio de este derecho actualmente se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°1086 de 1983, disposición que establece los requisitos que se deben cumplir para realizar reuniones públicas.

El parlamentario sostuvo que "la actual normativa establece que las personas que deseen reunirse en plazas, calles y otros lugares de uso público deben solicitar autorización por escrito al Intendente o al Gobernador respectivo, con indicación del nombre, cedula de identidad y domicilio del o los organizadores y señalamiento del lugar de inicio y término, recorrido y objetivo, pero no fijan responsabilidades civiles o penales, por las eventuales consecuencias negativas de dichas actividades, tales como disturbios, daños a la propiedad pública y privada o a la integridad de las personas".

A juicio del senador Prokurica, esto significa que "nadie se hace cargo del costo de los daños producidos con ocasión de la realización de las marchas o reuniones, que en las últimas semanas han derivado en desórdenes y perjuicios a ciudadanos  que han visto afectados sus bienes, derechos y libertades, produciéndose pérdidas económicas en el comercio formal y complicaciones en las actividades cotidianas laborales".

Por lo anterior, "el orden público puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán fijarse expresamente por la ley para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

Asimismo, el artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica, cuyo ejercicio "sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".

INICIATIVA

En lo fundamental el texto legal dispone que "los organizadores de reuniones en lugares o espacios de uso público, serán responsables por los daños a personas y bienes públicos o privados, ocasionados con ocasión de la convocatoria realizada; que los convocantes, junto con dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo 1086 de 1983,  deberán presentar boleta de garantía equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales, la que deberá ser emitida a nombre de la Intendencia o Gobernación que corresponda; y un plan coordinado de seguridad y contingencia que deberá ser autorizado por Carabineros de Chile".

Además, se exigirá una autorización que deberá individualizar a él o los organizadores y si hubiera daños producto de desórdenes, la autoridad respectiva procederá a hacer efectiva la boleta de garantía.  Por lo pronto, el proyecto plantea que si se provocaren daños a las personas o a bienes privados, las víctimas podrán perseguir la responsabilidad de los organizadores ante los tribunales de justicia.

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