Aprueban control preventivo de identidad y despachan agenda corta antidelincuencia
Dicha disposición, ratificada con votación de mayoría, fue una de las que concitó mayor debate, junto con la norma que precisa quienes serán sujeto de sanciones en caso de filtraciones de investigaciones en proceso.
5 de abril de 2016
Con la aprobación, con 20 votos a favor y 14 en contra de la norma que establece el control preventivo de identidad, la Sala del Senado terminó la discusión del proyecto de agenda corta antidelincuencia y despachó la iniciativa a cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
En total fueron cinco las sesiones de Sala que se destinaron para debatir la iniciativa que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos.
Si bien el proyecto contiene una serie de disposiciones, el debate de esta jornada estuvo marcado por la controversia que genera la disposición sobre control preventivo de identidad, que es considerada por algunos como una suerte de detención por sospecha, y también por la discusión de la norma sobre filtraciones en las investigaciones.
En lo fundamental, el proyecto establece que los funcionarios policiales podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías públicas, por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades del caso para identificarse, pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá siempre que es menor de esa edad.
Asimismo, se señala que los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación. Si la persona se negare a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso, no le fuere posible hacerlo, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla. Se precisa que este procedimiento no deberá extenderse por más de cuatro horas tratándose de mayores de 18 años y de una hora cuando se tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18.
Durante el debate intervinieron los senadores Rabindranath Quinteros, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Pedro Araya, Alberto Espina, Francisco Chahuán, Lily Pérez, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Felipe Harboe, Alfonso De Urresti, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Andrés Allamand y Alejandro García Huidobro.
Los senadores Quinteros, Guillier, Tuma, Montes, Navarro, De Urresti, Quintana y Horvath se manifestaron en contra de esta normativa, señalando que no existe evidencia de que pueda ser útil y que además es cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos, que estiman que puede contribuir a la discriminación arbitraria y se puede prestar para abusos por parte de los organismos policiales, entre otras medidas. Por su parte, el senador Guillier hizo reserva de constitucionalidad.
En tanto, los senadores García Ruminot, Espina, Chahuán, Pérez San Martín, Coloma, Prokurica, Larraín, Allamand y García Huidobro manifestaron que esta disposición permitirá resolver el serio problema de las miles de órdenes de detención pendientes, y además garantizar a la ciudadanía una mayor seguridad.
Por su parte, los senadores Araya y Harboe (presidente e integrante de la Comisión de Constitución, respectivamente) manifestaron que la norma establece una serie de resguardos para evitar eventuales abusos y permitirá dotar a las policías de una herramienta que permita verificar la identidad de una persona.
Con 29 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala aprobó la norma propuesta por la Comisión de Constitución para precisar quiénes son sujetos de sanción cuando se produzcan filtraciones en las investigaciones judiciales en proceso. Cabe recordar que la norma anterior había generado suspicacia en diversos sectores, que estimaban que la disposición podría atentar contra la libertad de información, razón por la cual se optó por precisar a quienes afecta.
En tal sentido, el presidente de esa instancia, senador Pedro Araya explicó que la nueva disposición está referida a los funcionarios públicos que participan en una investigación, a los intervinientes y a terceras personas que hayan tenido que realizar diligencias (por ejemplo, peritos) y en ningún caso afecta a la prensa.
De este modo, la norma aprobada señala que "los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso. Las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 UTM o presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días)".
Durante el debate de esta norma intervinieron los senadores Pedro Araya, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Alejandro Guillier, Lily Pérez y Alberto Espina.
Los senadores Horvath, Pérez San Martín y Guillier manifestaron que si bien la norma es mejor que la que existía, no acota lo suficiente quienes se verán afectados por las sanciones e incluso el periodismo investigativo podría quedar en una delgada línea de lo que es una filtración legítima o ilegítima.
En tanto, los senadores Larraín, Espina y Araya manifestaron que el periodismo no se va a ver afectada por esta norma y lamentaron que se haya tratado de dar una interpretación respecto de que se estaba tratando de poner una suerte de "mordaza", pues lo que se hizo fue acoger una solicitud del Ministerio Público para resguardar el secreto de investigaciones importantes y evitar así el fracaso de las mismas.
Otra de las normas aprobada con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, dice relación con precisar que en los delitos más graves los condenados podrán acceder a los beneficios de libertad condicional una vez cumplidos al menos 2/3 de sus penas, además de otros requisitos. Por regla general, para acceder a la libertad condicional se requiere que el condenado haya cumplido al menos el 50% de la pena.
Si bien se estimaba que implícitamente se consideraba el robo de cajeros automáticos dentro de los delitos más graves, se excluyó de esa disposición por estimar que se trata de un ilícito que afecta a un lugar privado donde el dinero además está asegurado.
Durante la discusión de esta norma intervinieron los senadores Felipe Harboe, Francisco Chahuán, Juan Pablo Letelier y Alberto Espina
Asimismo, se aprobó en forma unánime una indicación trabajada en conjunto por el senador Juan Antonio Coloma y el Ministerio de Justicia, que buscaba precisar la forma en que los distintos organismos entregan información al Banco Unificado de Datos. De acuerdo a la norma establecida, la forma en que se incorporaban dichos organismos era a través de un decreto supremo, pero se estableció que en los organismos con autonomía constitucional ello debía hacerse con una ley y no a través de un reglamento
Durante la discusión de esta disposición intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Baldo Prokurica y Alfonso De Urresti, quienes también destacaron la puesta en marcha del Banco Unificado de Datos, aunque algunos de ellos manifestaron su inquietud respecto de que la información tenga una buena utilización.
Por unanimidad, la Sala acordó rechazar las normas que tenían que ver con la aplicación de medidas humanitarias para los adultos mayores. Ello porque se estimó la necesidad de estudiar estas materias en una legislación aparte dado que tal como fue redactada la norma en la Cámara de Diputados presentaba algunos vacíos.
Al respecto hicieron uso de la palabra los senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Lily Pérez, Hernán Larraín, Alejandro Navarro y Alejandro García Huidobro, además del ministro del Interior, Jorge Burgos.
El secretario de Estado indicó que, con el fin de evitar interpretaciones de la norma se buscó que este tema no forme parte de la agenda corta antidelincuencia sino que sea materia de ley distinta. En la misma línea el senador Araya expresó la necesidad de evitar caer en "una figura de justificación del ilícito".
A su vez, los senadores Allende y Letelier hicieron presente que ellos no son partidarios con que este beneficio se aplique a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En tanto, el senador Navarro llamó a asumir el problema carcelario, mientras que el senador Bianchi, pidió un compromiso más explícito del Ejecutivo para enviar un proyecto en esta línea.
Sin embargo, los senadores Prokurica, Chahuán, Espina, Pérez San Martín, Larraín, Coloma y García Huidobro recalcaron la necesidad de reflexionar más como sociedad sobre estos temas pues en muchos casos la situación de salud física o sicológica es tan deteriorada o terminal que se deja de cumplir el fin del proceso condenatorio.