Reactivan proyecto que refuerza atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero para combatir lavado de dinero

Este lunes 27 de agosto, en las dependencias de la sede capitalina del Senado, la Comisión de Constitución retomará el estudio en particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos.

La iniciativa que ya fue aprobada en general por la Sala de la Cámara Alta, busca reforzar las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para poder acceder a la  información que tengan organismos públicos y privados que puedan dar ciertas situaciones de lavado de dinero. Entre otras medidas, se propone obligar a ciertos organismos a entregar información sobre actos sospechosos, se aumenta la penalidad y se describen nuevas figuras en virtud de las cuales se puede cometer el lavado de activos.

Cabe recodar que cuando se modificó la ley que regula el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se aprobó una modificación a la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques para permitir que el Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, pueda requerir a las Instituciones Financieras  la entrega de todos los antecedentes relacionados con cuentas corrientes bancarias, cuando investigue delitos de lavado de activos.

También aprobó una norma de la ley general de bancos para permitir que el Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, pueda requerir a las instituciones financieras la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza.

No obstante, el Tribunal Constitucional declaró en su oportunidad que ambos preceptos eran inconstitucionales, pues no se aprobaron con el quórum correspondiente a las leyes orgánicas constitucionales. De ahí que esta iniciativa apunte a reponer ambas normas.

Sin embargo, durante su trámite en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que contiene una serie de disposiciones que complementan las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público, en lo que se refiere al análisis de información relacionada con el blanqueo y la persecusión criminal de quien lo realice, respectivamente.

La indicación del Ejecutivo, contiene, además un procedimiento administrativo de retención preventiva de activos, que es ejercido por la Unidad de Análisis Financiero. De esta manera se da cumplimiento a diversos tratados internacionales suscritos por Chile, así como también a diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El referido procedimiento tiene dos fases: la primera, esencialmente administrativa y preventiva, a cargo de la tantas veces mencionada Unidad, y, la segunda, de carácter judicial, en la que interviene la Corte de Apelaciones de Santiago, a petición de la referida Unidad o del Ministerio Público.