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Convocados por la Comisión Desafíos del Futuro

Especialistas en tecnologías y desarrollos cognitivos comienzan a definir propuestas para perfeccionar las políticas públicas

Coordinados en mesas de trabajo, la iniciativa apunta a legislar con la correcta actualización de los conocimientos y elaborar un documento marco de diagnóstico, de contexto y una visión de los objetivos que debiera tener una política de seguridad de los datos personales.

11 de julio de 2021

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Reunidos de forma telemática desde marzo un grupo de técnicos, académicos yrepresentantes de la sociedad civil  al alero de una iniciativa de la Comisión de Desafíos de Futuro se han comprometido a cocrear una propuesta de estrategia sistémica que aborde las implicancias del desarrollo tecnológico en el ser humano antes de fin de año. (Vea nota relacionada)

En palabras del director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos, Patricio Urriola Aballai, quien ya ha sido asesor en políticas públicas para el desarrollo digital y local, “la generación de proyectos de ley necesita tener una visión multidisciplinaria, participativa y técnica, contemplando toda la cadena de valor del dato , considerando una mirada a corto, mediano y largo plazo, para servir de insumo en la discusión de diversos proyectos de ley que serán parte del ecosistema de la 'Gobernanza de Datos'. Esperamos como grupo publicar un documento con los resultados a finales de octubre o inicios de noviembre.”

Hasta el momento no hay claridad de las propuestas regulatorias que podrán proponer, reconoce el doctor en derecho Carlos Amunátegui Perelló, “ya que las primeras reuniones fueron para determinar una visión en común como grupo, sobre los criterios mínimos que debería abordar una propuesta de Gobernanza de Datos (...) estamos pendientes de lo que ocurra en las discusión legislativa sobre la ley de transparencia 2.0, la reactivación de la discusión de la ley de protección de datos personales y la propuesta de la nueva agencia de ciberseguridad”, explica.

 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS

 

La doctora en derecho, Isabel Cornejo Plaza también integra uno de los grupos que compone la instancia. Ella ya ha participado en la elaboración de políticas públicas tanto en Italia como México y haciendo un break entre la docencia y sus estudios, cuenta que le motivó el poder  tener una bajada  hacia contribuir al bienestar de las personas. “Tener la posibilidad de una llegada práctica y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas es la mejor motivación para coordinarse y aportar”, comenta.

 

Si bien aclara, en su equipo aún están en “etapa de diagnóstico y de conceptualización de ideas ancla y algunos conceptos como la autonomía frente al desarrollo tecnológico (la columna vertebral de todo el texto que se va a presentar)”, destaca del trabajo hasta ahora realizado la interdisciplinariedad, la tolerancia y el diálogo que se da entre las distintas disciplinas del heterogéneo  grupo de expertos y expertas.

 

Amunátegui, por su parte, en estos momentos se encuentra colaborando también en la redacción de la ley de neuroderechos. Afirma que “verter los conocimientos propios en favor del interés común es parte de la labor de un académico y, en ese sentido, da sentido y coherencia a la misión pública que tiene la vida universitaria.”

 

Su grupo también está aún  definiendo su propuesta pero ya hay claridad en temas fundamentales. “Tenemos un alto grado de acuerdo entorno a responsabilidad, sesgos y consentimiento. Queremos ofrecer una propuesta regulatoria integral a la Inteligencia Artificial, que conjugue la regulación por riesgos y la protección de los derechos humanos”. Coincide además con  Cornejo en la fortaleza de la interdisciplinariedad: “Nuestro grupo tiene dos neurólogas, un ingeniero y cuatro juristas. Todos tenemos puntos de vista diversos y colaboramos para construir consensos.”

 

ACADEMIA Y PROCESO LEGISLATIVO

 

Existe consenso entre las y los participantes de esta actividad que, al igual que los parlamentarios estampan sus nombres en las leyes, una retribución a su labor debería generarse con los créditos apropiados a cada autor, con un reconocimiento expreso por el trabajo realizado. Pero algunos ,como Amunátegui van más allá.  “El Estado aporta a las universidades y éstas deben retribuirle a través de la generación de bienes públicos. Que los académicos colaboremos en el proceso legislativo es parte de esos mismos bienes públicos que debemos generar. Me alegra poder hacerlo y es importante que la academia se integre en el proceso legislativo.”

 

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