Sala deberá analizar en particular el proyecto que prohíbe que se informen las deudas para financiar la educación en todos sus niveles

Dando cumplimiento al mandato de la Sala del Senado, la Comisión de Economía despachó el articulado del proyecto que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

Sin embargo, y pese a coincidir con el espíritu del proyecto, los integrantes de la Comisión dejaron constancia que la moción no soluciona el problema del endeudamiento en educación, no distingue los niveles de escolaridad, podría tener un impacto fiscal y podría propiciar el sobreendeudamiento, entre otros factores de riesgo advertidos.

Durante la última sesión, se acordó por unanimidad modificar el inciso segundo del artículo transitorio en donde se establecerá que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones, deberán eliminar todos los datos relacionados con éstas, sin embargo se precisará que la obligación exceptuará a las instituciones acreedoras.

Al respecto, el senador Álvaro Elizalde advirtió que de no ser así, el propio deudor no podría tener acceso a su información del crédito o deuda respectiva; es más, recordó que las universidades de Chile y P. Católica no informan actualmente las deudas a los sistemas financieros

Luego, el senador Rodrigo Galilea sentenció que, a su juicio, el problema del proyecto es más profundo, pues el financiamiento del Estado en educación debe ser repuesto. Con este texto, “el pagar va a quedar en el último lugar de las prioridades de cualquier deudor, por lo que le estamos haciendo un daño importante al propio Estado”.

Para la senadora Ximena Rincón el tema de los datos es uno de los más sensibles de la economía, “debemos hacernos cargo de su tratamiento (…). La realidad nos podría superar”, evidenció.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el senador José Miguel Durana, indicó que “estamos hablando de todas las deudas de la educación. Puede ser hasta la deuda de un padre o apoderado de un colegio privado, que después decidió no pagar y esta ley podría motivar que efectivamente muchas personas pudieran tener esta práctica”.

El legislador dejó constancia que el texto legal incluye pre y post grado, por lo que llamó a focalizar.

Durante las sesiones de debate, los legisladores insistieron en que hay que resolver el problema mayor y reconocer los alcances de la norma. Además, calificaron como “perversos” los incentivos que existen para el endeudamiento familiar, para la educación de los hijos, lo que –en oportunidades- es acompañado de deserción, dejando situaciones más dramáticas”, observaron.

El senador Felipe Harboe reconoció que la discusión excede el proyecto de ley. “En Chile no solo tenemos un problema de sobreendeudamiento, sino que falta un sistema de consolidación de deuda”.

Cabe señalar que de acuerdo con lo expuesto en la argumentación del texto legal en estudio, se señala que “para un estudiante recién egresado, o una persona que abandona sus estudios, o un padre de familia que no pudo pagar la matrícula escolar, es una pesada carga el tener su información comercial con una "mancha" derivada de no haber podido cumplir con sus obligaciones financieras derivadas de una deuda educativa. Ello limita las posibilidades de acceder a créditos de consumo e hipotecarios, entre otros, frustrando en muchos casos la posibilidad de alcanzar un bienestar social en nuestra sociedad neoliberal”.

En esta línea, los autores de la moción afirman que tienen la convicción de que la educación es un derecho, y que el acceso a la educación, en todos sus niveles, debe ser garantizado por el Estado. Las deudas derivadas de la prestación de cualquier servicio educacional, sea éste entregado por privados o por el Estado, son expresión de un déficit en dicha garantización y, por tanto, no pueden ser parte de la información o comunicación de los antecedentes comerciales de todos los chilenos, afectando sus posibilidades de desarrollo para alcanzar el bienestar.

Para mayor abundantito se constata que según la Fundación Sol, en su estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar”, se afirma que, en el caso del CAE, Crédito con Aval del Estado, (actualizado al año 2018) "según los datos entregados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), si consideramos todos los créditos otorgados por la Banca (CAE, Corfo o a través de recursos propios) para financiar la educación superior, se puede observar que mientras en marzo de 2010 se registraban 270 mil jóvenes endeudados por un monto total de $894 mil millones ($0,89 billones), en diciembre de 2017 se registran 616 mil jóvenes endeudados por un monto total de $2,62 billones (millones de millones), vale decir, la deuda total se ha triplicado en siete años”.

Entre los precursores del proyecto de ley están los senadores Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes, Yasna Provoste y Jaime Quintana.