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Comisión da luz verde a proyecto que rebaja los requisitos para que adultos mayores puedan declarar insolvencia

La iniciativa, originada en una moción de senadores, modifica la ley que establece un procedimiento especial destinado a superar la situación de insolvencia de las personas naturales.

10 de octubre de 2019

En condiciones de ser votado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto que busca establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores. Ello, luego que la Comisión Especial del Adulto Mayor, aprobara por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa que cumple su primer trámite.

 

Se trata de un proyecto originado en una moción de los senadores Carolina Goic, Francisco Chahuán, Ximena Órdenes, Rabindranath Quinteros y David Sandoval, que rebaja los requisitos para que los adultos mayores puedan declararse en insolvencia y así acceder a los procedimientos de renegociación de la deuda.

 


Imagen foto_00000018Según explicó la senadora Goic "este proyecto busca darle la facilidad a los adultos mayores para someterse al procedimiento de quiebra personal. Hace algunos años aprobamos esta ley, y sin embargo los requisitos que hay son demasiado altos para los adultos mayores”.

 

Precisó que el requisito específico es tener al menos más de dos pagos que no se hayan cumplido pero que tengan un monto superior a 80 UF. “Estamos hablando del orden de dos millones 200 mil pesos y en promedio lo que hemos visto es que las deudas de personas mayores de 60 años son del orden de un millón 200, entonces planteamos que esa barrera para acceder se diminuya y sea solamente de 40 UF”, dijo la parlamentaria.

 

En su opinión, “eso permitiría además que tengan la asesoría gratuita para poder renegociar sus obligaciones impagas, es decir las cuotas que no han podido cumplir y no llegar a la situación de liquidación que es básicamente el remate de sus bienes. Uno ve muchas veces adultos mayores que porque no pudieron cumplir con una cuota del crédito que comprometieron, finalmente terminan perdiendo su casa y eso es lo que no queremos”.

 

La senadora Goic indicó que “en esto hubo consistencia. Yo presenté la iniciativa pero me acompañaron transversalmente todos los miembros de la Comisión de Adulto Mayor y lo que nos ha planteado el superintendente es la pertinencia también de este proyectyo donde en la discusión en particular vamos a ajustar ciertos aspectos, perfeccionarlo, pero nos parece que va en el sentido de proteger a nuestros adultos mayores”.

 

ANTECEDENTES

 

Según los servicios financieros a los que mayoritariamente acceden las personas mayores, los deudores de emisores de tarjetas no bancarias mayores de 65 años concentran el 21% del total de deudores, mientras que la distribución es relativamente homogénea en los tramos de menor edad.

 

Lo mismo ocurre con los deudores de cooperativas de ahorro y crédito, cuya distribución etaria de la deuda se concentra en los adultos mayores, abarcando el 16%. Finalmente, respecto de las CCAF, a las que el 42,2% de los adultos mayores se encuentra afiliado, 309.520 pensionados solicitaron créditos de consumo en el año 2018, lo que representa un alza de un 9,7% con respecto al año 2017, siendo el monto per cápita de dichos préstamos de $1.178.327 en promedio.

 

Considerando que las personas mayores tienen una situación financiera más vulnerable que el resto de las personas debido a su edad y al bajo monto de sus pensiones, la insolvencia que les pueda afectar es especialmente sensible y su endeudamiento deviene en una circunstancia insuperable, más aún cuando no cuentan con otros medios de generación de ingresos distintos a las pensiones.

 

Es por eso que este proyecto plantea que para que puedan acceder al procedimiento concursal de renegociación, deben tener dos o más obligaciones vencidas, cuyo monto sea superior a 40 unidades de fomento ($1.103.720, aproximadamente). Con ello, se establece a los adultos mayores un monto inferior de endeudamiento para acceder al mencionado procedimiento, lo que permitiría aumentar el ámbito de aplicación de la renegociación, y más deudores adultos mayores podrían solucionar su problema de sobre endeudamiento, sin la necesidad de liquidarse judicialmente. Al mismo tiempo, para los acreedores, aumentarían las probabilidades de maximizar el cobro de sus acreencias.

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