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Las discrepancias sobre los fundamentos de la acusación constitucional contra el Ministro de Educación

Con la intervención de los senadores, la Sala desarrolló la jornada de argumentación sobre la acusación contra el suspendido Ministro de Educación,Harald Beyer.

17 de abril de 2013

Imagen foto_00000031Los principios de infracción al deber de probidad y de fiscalizar el lucro, así como falta de argumentos para acusar constitucionalmente al ministro Beyer y “lo injusto” de la misma fueron algunos de los argumentos ampliamente expuestos durante la jornada de la sesión especial del Senado convocada para que cada legislador fundamentara su pronunciamiento sobre el libelo acusatorio.

 

La sesión 16ª Especial se realizó este miércoles 17 de abril, entre las 10.15 y las 13:55 horas. En tanto, la Sala retomó la discusión en la tarde entre las 15 horas y las 21:30 horas.

 

Durante la mañana intervinieron los senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, Carlos Cantero, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Alberto Espina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath y Carlos Kuschel.

 

Luego, en la jornada de la tarde intervinieron los senadores Ricardo Lagos Weber, Hernán Larraín, Carlos Larraín, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Lily Pérez, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Gonzalo Uriarte, Ena Von Baer, Ignacio Walker, Patricio Walker, Andrés Zaldívar y Carlos Bianchi.

 

En la fundamentación de las diversas posturas, quedó de manifiesto la idea que las sanciones que se derivan de la aprobación de una acusación son desproporcionadas. Al respecto, los senadores Allende, Alvear, Letelier y Sabag, entre otros, manifestaron la necesidad de modificar la norma constitucional y eliminar la sanción de inhabilidad por 5 años para ejercer un cargo público, calificándolo como un “despropósito”. Los senadores Alvear y Sabag aludieron incluso  al proyecto presentado en mayo de 2008 por el senador Jorge Pizarro y el ex senador Ricardo Núñez (Boletín 5850-07).

 

Durante la tarde, el debate no estuvo exento de polémica tras una interpelación que hizo el senador Coloma por la ausencia de su par, el senador Navarro, en las primeras jornadas de exposición de argumentos de las parte acusadora y la defensa. Asimismo, el Presidente del Senado, llamó la atención a la ministra vocera, Cecilia Pérez por una intervención en Sala, lo que motivo un áspero intercambio.

 

CULPABILIDAD Y “GATOPARDISMO”

 

La senadora Isabel Allende fue la primera parlamentaria en hacer uso de la palabra y fundamentó su postura por capítulos, señalando, en el segundo de ellos referido al control jerárquico: "no quiero repetir la injusticia realizada con la entonces ministra Yasna Provoste”. Sin embargo, prosiguió: “considero que el Ministro es culpable y responsable políticamente, en especial de la infracción al deber constitucional de probidad y omitir el deber de fiscalizar las actividades de su cartera. Sirva su responsabilidad para dar una señal al país y a la salud de nuestra democracia para decir que con la educación y el rol del Estado fiscalizador y garante de los derechos fundamentales no se juega”.

 

La senadora Soledad Alvear destacó la estima que le tiene al Ministro y el aporte que ha hecho al país; no Imagen foto_00000033obstante, al referirse al capítulo 3 del libelo señaló “lamentablemente, frente a antecedentes concretos y explícitos de cohecho en materia de acreditaciones universitarias el Ministro omitió un deber de denuncia”. Y específicamente sobre la Universidad del Mar agregó, “dejó de actuar en un tema grave que ponía en duda y terminó de cuestionar las bases del sistema de acreditación y con ello la provisión de recursos públicos para el financiamiento educacional. Claramente cometió una infracción que habilita una acusación constitucional y en las actuaciones que siguen al proceso del cierre de la Universidad hubo un actuar negligente”.

 

En tanto, el senador Carlos Cantero, calificó de "gatopardismo" esta acusación constitucional y argumentó que “debe ser rechazada en todos sus capítulos por carecer de fundamento suficiente para que sea procedente. Los ministros de Estado podrán ser acusados prácticamente por cualquier denuncia que indique un posible incumplimiento, una omisión en relación a la aplicación de la ley, lo que podría llegar a debilitar el estado de derecho afectando gravemente la gobernabilidad. A mi parecer el ministro ha cumplido adecuadamente su función”.

 

El legislador Francisco Chahuán, manifestó que la acusación contiene errores y “no resulta procedente”, porque no apunta a los cargos presentados en contra del Ministro. Con respecto a la probidad, argumentó, “si hay un funcionario que ha actuado con estricto apego a este principio es precisamente el Ministro Beyer”; sobre el control jerárquico, “he  llegado a la convicción que tales afirmaciones son absolutamente inexactas y carentes de veracidad ”; y por último, señaló “el Ministro, a quien se le atribuye en el capítulo 3 el incumplimiento de leyes y falta de fiscalización, es el que más ha hecho en los últimos años en esta materia, pese a las precarias facultades con las que ha contado para tal efecto”.

 

ERRORES Y OMISIONES

 

En una línea similar, el senador Coloma aludió a los errores contenidos en la acusación constitucional, señalando que “ante la máxima sanción política, nos están diciendo que el ministro Beyer ha vulnerado tres elementos que constituyen un imposible jurídico y un imposible moral. Aunque el ministro  Beyer hubiera querido vulnerar estos principios no habría podido porque son facultades excluyentes del Ministerio del Interior”. Agregó que “este es un acto inicuo, contrario a la igualdad” y que “mucho más grave que poder liberar a una persona culpable es condenar a un inocente…hay un ejercicio completamente viciado respecto de lo que es el verdadero sentido de una acusación constitucional”.

 

El senador Escalona recordó que la inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes son acusados constitucionalmente se estableció en la Constitución del ’80, por lo que “el ministro Beyer está afectado por el autoritarismo de su propio sector, por la naturaleza perversa de las disposiciones constitucionales que se impusieron al país”. Además rechazó “el esfuerzo sistemático (por parte del Ejecutivo) para desautorizar la decisión que pudiésemos tomar”. Sobre el fondo del tema, dijo que “respecto de la decisión de omisión de su responsabilidad constitucional, pagan el costo decenas de miles de estudiantes…y respecto de esa ausencia de decisión asumen un elevadísimo costo las familias de los estudiantes de la Universidad del Mar”.

 

Imagen foto_00000035El senador Espina también se refirió a los errores en que incurrieron los diputados acusadores, señalando que “el petitorio de la acusación pretende destituir al Ministro de Educación, Harald Beyer por no cumplir con las atribuciones del Ministro del Interior”. Asimismo, dijo que siete ministros de la Concertación aseguraron que el ministro Beyer no tiene las facultades para fiscalizar y que “las pocas y escasas que tiene las ejerció contra viento y marea”, pues solicitó información a 174 establecimientos de educación superior, dictó un reglamento de fiscalización que debió haberse hecho el 2006 y canceló la personalidad jurídica de una universidad. “Pretender destituir al ministro Beyer es un exceso inaceptable”, dijo.

 

El senador Frei criticó la “atmósfera de distorsiones que el gobierno, parlamentarios y diversos voceros” realizaron durante el trámite de la acusación y dijo que “el ministro se ha negado sistemáticamente a investigar el lucro en las universidades”, desestimó las denuncias, no tomó en cuenta el informe elaborado por diputados en esa línea y no respaldó un proyecto de ley que presentaron para regular el tema. “a mi juicio, ha reaccionado reactivamente, en circunstancias  que siempre tuvo los instrumentos para actuar diligentemente y de acuerdo a la ley frente a los hechos irregulares…el libelo no deja dudas acerca de lo que este Senado debe decidir…me he formado la firme convicción de que el ministro Beyer ha incurrido en las causales que nuestra Constitución establece para declararlo culpable de las infracciones de que se le acusa”.

 

SISTEMA EDUCACIONAL Y DESIGUALDAD

 

El senador José García Ruminot apuntó a que esta acusación constitucional representa un juicio al sistema de educación superior, más que al ministro Harald Beyer. “Queremos dar un mensaje a la ciudadanía que como Senado, no aceptamos el lucro, pero la acusación constitucional no es la forma de hacerlo… No podemos cometer una injusticia que me temo se cometerá en la tarde cuando se vote. Personalidades como la del ministro, con méritos académicos y personales, no pueden ser tratados de forma cruel y humillante, por el contrario, parte de nuestra misión es enaltecer a personas que dan prestigio a Chile”, aseguró.

 

Luego, el senador Alejandro García Huidobro analizó “las reales” razones detrás de la acusación. Para ello citó una frase el diputado Osvaldo Andrade donde éste señaló que “hay olor a funeral en el Congreso, ya matamos a uno”. A partir de ello, el senador acusó a la Oposición de utilizar este libelo para ocultar el hecho que no fueron capaces de fiscalizar el lucro en las universidades durante sus gobiernos. “Ellos no fiscalizaron, incluso hay personeros de Oposición involucrados en acreditaciones y otros participaron en directorios de dichas entidades”, denunció.

 

El senador Guido Girardi resumió que la educación es un instrumento que busca mantener la desigualdad social. “Lo que está en cuestión para unos es el derecho a la educación, y para otros, el uso de ésta como mercancía… En Chile nunca habrá un proyecto país porque los modelos de educación están desarticulados”. Agregó que el ministro Beyer representa el intelectual tras este modelo de educación, una suerte de “cardenal Ratzinger”. “Lamento que este tema se discuta en este marco porque lo de fondo es establecer un debate para tener una educación que nos haga competentes para el mundo que viene”, concluyó.

 

En tanto, el senador José Antonio Gómez comenzó argumentando por qué no debía inhabilitarse, dado que la relación que tuvo con la Universidad del Mar, fue contractual y puntual, pero no tuvo vínculos económicos ni fue miembro del directorio. A su juicio, la actitud del ministro de investigar el lucro en ciertas universidades y no en todas, que se manifestó al decretar el cierre del citado plantel “era la forma más fácil de terminar con la ola de denuncias que permitían continuar con el modelo, se trató de un chivo expiatorio”, mencionó. A su vez, reconoció que tanto el Oficialismo como la Oposición han sido responsables de la actual realidad educativa, sin embargo admitió que con la llegada del cuestionado ministro hubo una esperanza, no obstante "nos encontramos con un Ministro con poco o cero diálogo".

 

COHERENCIA Y ABUSO DE PODER

 

Luego fue el turno del senador Antonio Horvath, quien recordó que fue el ministro Beyer quien actuó para decretar el cierre de la Universidad del Mar dadas las irregularidades que existían y que se arrastraban hacía tiempo. Respecto al fondo de los capítulos del libelo manifestó que el secretario de Estado “no ha incurrido en vulneraciones a la probidad y la acusación no señala cuál sería el interés particular que hizo valer sobre el general”. Por eso indicó que “este libelo debe ser desechado en su totalidad porque -de prosperar- sería una de las mayores injusticias”.

 

Coincidió con su par, el senador Carlos Kuschel quien manifestó que “después de escuchar como jurado y, en conciencia me parece que esta acusación le parece un “hecho injustificado, incorrecto, incoherente y precipitado”. Precisó que “no hay vulneración de las normas invocadas y lamento que se hayan invocado normas ajenas a las facultades del Ministro y que corresponden a otra cartera”. Asimismo hizo una relación sobre los proyectos e iniciativas que han ingresado al Congreso en estos últimos 15 meses, así como los avances logrados en todos los niveles educativos.

 

A su turno, el senador Lagos Weber mencionó que “esta acusación se pudo haber evitado si las cosas se hubiesen hecho de otra forma” o bien “podría haber renunciado”. No obstante, aclaró que el libelo tiene “asidero en bases jurídicas. La discusión es cómo las interpreta y qué convicción se forma cada uno”. Aclaró que “no soy revanchista” y compartió el argumento sobre que la sanción de inhabilidad por 5 años es excesiva. Asimismo pidió al Gobierno que envíe a la brevedad un proyecto de ley que ponga fin a lucro en educación, tal como el que envió la ex Presidenta  Bachelet en 2007 y que fue rechazado.

 

El senador Hernán Larraín insistió en que esta acusación constituye “un abuso de poder”. “La acusación es un procedimiento excepcional que permite destituir a altas autoridades”. Aclaró que “las intervenciones incurren en el vicio de confundir la acusación política constitucional con el juicio o reproche a la gestión de un Ministro o Gobierno”. En su opinión, aquí “no solo se consolida un precedente grave sino un abuso de poder”. Defendió la gestión del Ministro desestimando los fundamentos de la acusación y aclaró que desde 2011 el Jefe del Servicio es el Subsecretario. Mencionó que antes de 2012 los diputados no habían ingresado oficio alguno de fiscalización al lucro.

 

MEJORAR LA EDUCACIÓN

 

El senador Carlos Larraín fue enfático al aludir que “ninguno de los capítulos invocados en la acusación se sustenta; ninguno de los capítulos trabajosamente hilados logra tocar si quiera de cerca al ministro acusado y, por supuesto, la acusación más extraviada es la de falta de probidad. (…) La acusación debe ser rechazada por ser completa y absolutamente mal planteada e incongruente (…).  Si alguien cree que la educación en Chile mejora destituyendo al ministro Beyer está completamente equivocado y deberá enfrentar el juicio de sus conciudadanos”. Por último, aseveró que “el carácter de presidencialismo extremo de nuestra Constitución hace que el Parlamento se siente excluido y la acusación se enmarca en el propósito declarado de humillar al Ejecutivo”.

 

Imagen foto_00000037A su vez, el senador Juan Pablo Letelier sentenció que “yo voy a vota a favor de esta acusación constitucional”. Con respecto al primer capítulo aseveró “no tengo la menor duda que se ha configurado, es más, varios han leído la declaración del Contralor General, donde indica que el Estado y el Ministerio tienen el deber de fiscalizar”. Con respecto al segundo punto, agregó, “tengo serias dudas porque fue el argumento que utilizó la bancada del frente para destituir a Yasna Provoste, (…) aunque en este caso el Ministro sí estaba informado y optó por una decisión contraria”. Finalmente, y aludiendo a la Universidad del Mar, señaló “en ese caso tengo la convicción, más que en cualquier otro punto, de que no cumplió con su deber”.

 

Posición similar es la que expuso el senador Pedro Muñoz y mencionando el caso de la misma casa de estudios, y su particular la problemática en la Región de Magallanes, señaló “en ese aspecto hay responsabilidad evidente del Ministro, por lo que en este capítulo primero considero la infracción denunciada. Respecto al capítulo segundo, quiero recordar la acusación de la ex ministra Provoste: no creo  que pueda hacerse políticamente responsable al Ministro del personal a su cargo, ese fue un error que no podemos volver a cometer”. Para el capítulo 3 nuevamente mencionó el caso de la Universidad del Mar, señalando que con esto “se demuestra que sí disponía de facultades y atribuciones para fiscalizar y controlar el lucro y no lo ha hizo”.

 

Luego, el senador Alejandro Navarro intervino pese a la interpelación que hizo su par Juan Antonio Coloma, por su ausencia en la víspera, en la exposición de las partes acusadora y de la defensa. Llamó a hablar “con franqueza, éste no es un tribunal, no es un jurado, aquí no hay jueces, ¿aquí hay un senador que sea imparcial? Entraron todos con la decisión tomada; esta no es la acusación de la Corte Suprema, este es un juicio político”. Aclaró que al Ministro “lo estamos juzgando como ministro de Estado, no como amigo. Está en juego su responsabilidad política”. “Este Ministro ha dicho que mientras él sea ministro no habrá educación gratuita en Chile, ha dicho que en la ley no está permitido el lucro, pero todos sabemos que se lucra y el que lucra comete un delito”.

 

DESPROPORCIÓN

 

A su turno, el senador Novoa insistió en que las facultades de fiscalización son escasas y que “la fiscalización que se ha hecho fue gracias a una glosa de la Ley de Presupuestos. Antes no existía esa capacidad…se tuvo que aprobar una glosa para que el Ministerio de Educación pudiera empezar a requerir los antecedentes. Frente a los dos hechos que estamos enfrentados, el lucro y la fiscalización, hay que conceder que las normas no tienen la suficiente claridad como para fundar una acusación específica. Por eso no me extraña este error que comete la acusación, porque para determinar específicamente qué norma legal se infringió en el caso del lucro o en caso de fiscalización, no la habrían encontrado…esto es un error de fondo y en el Senado no podemos validar el error…nos corresponde actuar como jurado, con apego a la ley, no como un verdugo del mejor ministro de educación que ha tenido Chile en mucho tiempo”.

 

Luego el senador Orpis se refirió al error contenido en el petitorio de la acusación señalando que no guarda ninguna relación con cada uno de los capítulos, por cuanto las imputaciones que se hacen al acusado son obligaciones que corresponden al Ministro del interior. Dijo que “el Senado en su carácter de tribunal no puede excederse de los límites de su competencia. No se puede obviar la parte petitoria como un elemento esencial de la acusación constitucional… este tribunal no sólo está llamado a rechazar la acusación, sino que está obligado a restablecer el imperio del derecho que ha sido vulnerado  en la Cámara de Diputados al proceder a dar curso a una acusación constitucional que en la parte petitoria es completamente contradictoria con los fundamentos establecidos en los distintos capítulos”.

 

Por su parte, la senadora Lily Pérez dijo que “convertir la acusación constitucional en un mecanismo de remoción y de cambio de ministros es el peor camino que puede escoger una institución democrática”. Recordó que la sanción de la acusación trae consigo la inhabilidad de ejercer cargos públicos por cinco años por lo que le solicitó a sus pares “que aquellos que les parece desproporcionada la sanción no abusen de los poderes de este Senado”. Junto con señalar que la ciudadanía espera que se vote en conciencia, señaló que si se destituye al Ministro de Educación, no se va a terminar el lucro, pues éste terminará cuando haya voluntad política para ello. Asimismo, dijo que en materia de fiscalización, el ministro Beyer “hizo lo que podía con las herramientas que tenía disponibles”.

 

El senador Víctor Pérez manifestó que “aquí estamos frente a una acusación constitucional injusta y si la aprueban va a recaer sobre una persona inocente una sanción claramente desproporcionada”. El legislador se  refirió al error en el petitorio que invoca normas del Ministerio del Interior y no de Educación, señalando que “eso demuestra la injusticia, el vicio de inconsistencia que tiene este libelo, lo que aprobó la Cámara de Diputados…los llamo a recapacitar sobre el daño que se le puede ejercer a una persona inocente”. Asimismo, dijo que esto “me suena mucho a chivo expiatorio y creo que eso habla mal de la política y hablaría mal del Senado, porque nosotros tenemos que ver los temas de fondo y si hay alguien que puede ayudarnos en esas tareas de fondo es el Ministro Beyer.”

 

INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL

 

Imagen foto_00000039El Presidente del Senado, Jorge Pizarro defendió el instrumento de la acusación constitucional, criticando a aquellos que señalan que su utilización provocaría debilitamiento de la democracia. “Nos preocupa esa señal política porque algunos quieran tener un Congreso que no se exprese, el Congreso tiene la facultad para expresar una sanción política”. Respecto al contenido de la acusación, declaró que está seguro que el ministro tenía facultades para fiscalizar y si no lo hizo, ello es una clara omisión de sus deberes, por lo que reconoció que votaría a favor al menos en uno de los tres capítulos.

 

Luego, el senador Baldo Prokurica defendió al acusado, asegurando que fue proactivo en materia de fiscalización mencionando las investigaciones que inició contra diversas universidades, el hecho que por primera vez se obligó a estos planteles a informar sus estados financieros, y que promovió la presentación de denuncias ante el Sernac y el Consejo de Defensa del Estado. “Los problemas de educación no se han gestado ahora, sino que se trata de problemas heredados. La obra de Beyer no tiene parangón en la historia de los ministros de educación… Jamás votaría en contra de un inocente”, aseguró.

 

El senador Jaime Quintana admitió que la Concertación es en parte responsable de la realidad educacional, de no fiscalizar el lucro. “La diferencia está en la calidad y cantidad de la información que el ministro tuvo a la vista”. A su vez, el parlamentario profundizó en el concepto de probidad funcionaria, concluyendo que Beyer privilegió sus intereses personales sobre el interés público, y que terminó imponiendo su mirada ideológica que entiende el lucro como una herramienta de la educación y no una contradicción.

 

A su turno, la senadora Ximena Rincón comentó que la “irreprochable conducta anterior” del ministro no debe utilizarse como la base para no cuestionar su rol ministerial. En cuanto al contenido de la acusación, la congresista relató varias circunstancias en que el ministro habría faltado a la verdad al negar tener antecedentes para fiscalizar a determinadas universidades. “El objetivo de faltar a la verdad, de dar información falsa, creo que respondía a lo poco oportuno que era actuar de acuerdo a la ley, creo que a ello le llaman actuar con politiquería y Beyer lo hizo”, sentenció. 

 

ROL DEL SENADO

 

El senador Fulvio Rossi  aseguró que en materia de falta probidad en este caso “tiene que ver con conductas políticas: el Ministro ha desconocido áreas de su competencia como sancionar previa fiscalización e investigación”. Indicó que el MINEDUC “tiene claras facultades, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros para cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento  oficial a una universidad”. Aclaró que en el caso de la Universidad del Mar “lo más grave que ha ocurrido es que un tema de educación lo termina resolviendo una síndico de quiebras”.

 

A su turno, el senador Mariano Ruiz-Esquide indicó que “el error “en la formulación del libelo “no puede impedir que el Senado cumpla su rol”. Aclaró que la institución de la acusación constitucional “es un mecanismo para sancionar abusos o negligencias culpables”. De este modo defendió las prerrogativas del Senado y expresó su rechazo a la forma como el Gobierno ha reaccionado frente a este libelo. “Han perdido la compostura”, dijo y llamó a mantener el respeto en el marco del legítimo debate político.

 

Por su parte, el senador Hosaín Sabag reflexionó sobre la coincidencia de esta fecha con aquella ocasión cuando este mismo Senado destituyó a la ex ministra Yasna Provoste, el 16 abril 2008. Manifestó que “la falta de pericia política del Ministro justificaría que se le hubiera pedido la renuncia, pero eso es atribución del Presidente de la República. Entiendo que se discutió pero se optó por forzar esta votación”. En cuanto a los argumentos mencionó que si bien el lucro está prohibido no está regulado estrictamente en la legislación y, por lo tanto, es responsabilidad de este y anteriores gobiernos.

 

COMPETENCIAS

 

A su vez, el senador Eugenio Tuma analizó las similitudes entre las acusaciones constitucionales contra la ex minsitra Provoste y el suspendido ministro Beyer. “La única diferencia es que a la Ministra se la acusó por su responsabilidad indirecta y a Beyer por su responsabilidad directa”. Aseguró que “si hay un mínimo de coherencia la Alianza debería votar a favor del capítulo segundo o admitir -al menos- como lo hizo la defensa y hoy tardíamente el senador Cantero que aquello fue una injusticia y -agrego yo-  irreparable”.

 

El senador Gonzalo Uriarte, discrepó de su par y fundamentó que “no tenemos competencia para hacer un juicio político a un ministro de Estado, lo que tenemos que hacer es un juicio constitucional”. “En mi conciencia -agregó- no puedo votar favorablemente a una acusación insalvablemente nula contra ningún chileno, y en particular, contra alguien que ha sido el mejor Ministro de Educación que ha tenido Chile y cuyo único pecado es no haber asumido su tarea en un gobierno de la Concertación. Estamos en presencia de una acusación constitucional que no tiene ni pies ni cabeza, perfectamente mal hecha”.

 

También criticó la acusación la senadora Ena Von Baer ya que “resulta que la mayor parte de la evidencia que la sustenta proviene del informe de una Comisión Investigadora que fue rechazada en la Cámara, de opiniones y recortes de prensa. La pregunta que me hago ¿a partir de qué se comprueban los hechos para condenar al Ministro?”. Además, agregó que se ha manifestado “que las universidades privadas lucran, por lo que se estaría violando la ley y el camino para sostener este juicio es que se extraerían los excedentes a través de las sociedades relacionadas; pero seamos claros, las transacciones entre las sociedades relacionadas no vulneran actualmente la ley y mientras la ley no lo regule no pude imputarse dicha responsabilidad”.   

 

A su turno, el senador Ignacio Walker anunció su voto en contra de los dos primeros capítulos de la acusación argumentando que respecto de ellos no hay hechos graves o gravísimos constitutivos de infracciones constitucionales. No obstante, respecto del tercer acápite anunció su voto a favor señalando que hay plausibilidad, puesto que existen normas que permiten al Ministerio de Educación fiscalizar a las universidades privadas, señalando que el hecho más grave es el de la Universidad del Mar “que a mi juicio denota una pasividad, una desaprensión y una negligencia en estas facultades de fiscalización en lo que corresponde al Ministro de Educación”. Recordó que en reiteradas ocasiones el Senado pidió un plan de acción e integral para dar continuidad a los alumnos, lo que nunca fue atendido.

 

Por su parte, el senador Patricio Walker anunció su voto en contra respecto de los tres capítulos de la acusación constitucional “por no haber alcanzado un nivel de convicción suficiente para sostener que el ministro Beyer” haya infringido la Constitución. Agregó que “mi parecer, es que ni el ministro ni el ministerio cuentan con facultades específicas y eso no significa que no pueda fiscalizar en general en los ámbitos de su competencia”. Dijo que “esta no es una acusación frívola ni liviana y da cuenta de una serie de faltas omisiones y faltas de criterios…sin duda (el ministro) debió ser más proactivo”.  Puntualizó que “tengo la convicción más absoluta que debemos terminar con la forma vergonzosa en que muchas universidades lucran. Sin embargo, esto no se logra degradando cívicamente por cinco años a quien no ha sido el único responsable de este mal, sino que aprobando las leyes pertinentes…hace 5 años destituyeron a  la ministra Yasna Provoste por una acusación muchísimo más débil que esa…de dos males no nace un bien, hecho  menos una autocritica de los parlamentarios de la derecha, no voy a responder con la misma moneda que ellos usaron en el pasado”.

 

El senador Andrés Zaldívar manifestó que no encontraba mérito suficiente para aprobar los dos primeros capítulos de la acusación, haciendo suyos los planteamientos del senador Ignacio Walker. En cuanto al tercero, señaló que “me he formado la convicción de que Beyer ha dejado en omisión el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro…Hay antecedentes notorios de que Beyer conocía el lucro de las universidades”. A su vez, solicitó que se estudie la corrección de la norma que inhabilitaría al ministro para ejercer funciones públicas por cinco años.

 

Finalmente, el senador Carlos Bianchi admitió que los capítulos dos y tres los votaría en contra, mientras que en el tercer caso señaló que el ministro no tomó las medidas correspondientes considerando los antecedentes que conocía, por lo que votaría a favor. Al terminar su intervención,  el parlamentario hizo un llamado al ministro Beyer para que en un gesto de Estado ofrezca su renuncia, en pro del tema de fondo que es terminar con el lucro en la educación.

 

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