Valoran fallo de la Corte Suprema que paralizó proceso de Central Castilla

"Este fallo confirma lo que siempre hemos señalado: que el proceso de aprobación de Castilla ha sido irregular y con situaciones viciosas", dijo la senadora Isabel Allende al referirse al fallo de la Corte Suprema que acogió en forma unánime el recurso presentado por las comunidades agrícolas contrarias a la central termoeléctrica de Castilla.

En la misma línea, el Senador Girardi indicó que la resolución contra la instalación de la Central Castilla "marcará un antes y un después en materia ambiental", ya que refleja que "hay un colapso de la institucionalidad ambiental y la política energética. La actual política fracasó y naufragó, el país está absolutamente abandonado en materia energética porque no hay política y no hay resguardo a los derechos ciudadanos en materia ambiental".

Según la presidenta de la Comisión de Minería "gracias a la persistencia de la comunidad del Totoral y de cierta parte de los pescadores que no llegaron a acuerdo con la empresa, la Corte tuvo que pronunciarse. Es un triunfo de la movilización social y de toda la comunidad atacameña que ha luchado por un ambiente sin contaminación".

Agregó que "la Corte Suprema ha desechado la construcción de la central y valoramos la independencia y la imparcialidad con la que el máximo tribunal de la república ha tutelado los derechos de la comunidad de El Totoral".

Insistió en que "este fallo reafirma lo débil de nuestra institucionalidad medioambiental, que implica que este tipo de conflictos se personalicen en tribunales, y que, como ha ocurrido en muchos casos, sea la Corte Suprema, quien zanje este tipo de discusiones".

La senadora Allende sostuvo que "aún hay que esperar que la empresa decida insistir en el proyecto presentando los estudios de la central y el puerto en conjunto. Y esa decisión pone en vilo todo el diseño de política energética actual muy vinculado a este proyecto. Tenemos una política poco seria, e integral en materia energética en el país, que avanza caso a caso, sin una mirada global, ni considerando el aumento de emisiones que este tipo de centrales implica".

En tal sentido, dijo que "espero que el gobierno tome nota y proponga que discutamos en serio una reforma energética que incluya claros incentivos a proyectos de ERNC, un sistema de transmisión que entregue seguridad, y normas para disminuir el incentivo de contratación de clientes libres a centrales contaminantes".

ARGUMENTOS

En tanto, el senador Girardi, quien ha sido uno de los más férreos opositores a la instalación de Castilla y de mega centrales de carbón, indicó que los tres puntos esgrimidos por la Corte Suprema para prohibir a la instalación de la Central, son los mismos lineamientos que ha venido denunciando desde 2009 a la fecha en materia medioambiental.

"La Corte Suprema estableció puntos por los cuales rechazó este proyectos y son los que hemos venido denunciando en el último tiempo, acá hay un abuso dado que tenemos una institucionalidad ambiental débil, de papel, hecha como tarje a la medida de los intereses económicos", dijo.

Agregó que "uno de los puntos que hemos planteado es que los proyectos no se pueden fraccionar, no se pueden dividir para aminorar los impactos. Lo que hizo esta empresa fue dividir sus proyectos; presentó el proyecto del puerto y el de la central y la Suprema les dijo que tienen que presentarse de manera conjunta porque los impactos ambientales no se puede evaluar como proyectos distintos, esto también ocurre con Hidroaysén que presenta las centrarles y separadamente las líneas de transmisión y eso sólo se logra hacer por la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental".

Los otros puntos -dijo- "se refieren a la manipulación, el lobby, la burla a la institucionalidad ambiental por la vía de manipular políticamente los proyectos permitiendo que aquellos que tienen calificación ambiental negativa, puedan ser aprobados o se use a la institucionalidad para aprobar proyectos".

"Este proyecto había sido calificado en 2009 como proyecto contaminante, lo que implicaba que legalmente no podía ser aprobado, y en 2010, año en que debía ser votado, se suspende administrativamente la votación, porque si se votaba se votaba en contra", argumentó.

Sin embargo, el senador Girardi constató que "tras el cambio de Gobierno en dos oportunidades se rechaza y el Ministerio de Salud también rechaza y como no pueden aprobar, cambian el Seremi y el nuevo funcionario cambia la calificación de contaminante a molesto sólo producto del lobby. La Corte Suprema nos da la razón y dice que efectivamente el cambio de contaminante a molesto fue una acción ilegal y que lo que corresponde es que se califique como contaminante, porque si una mega central de carbón no es contaminante entonces qué lo es".

Manifestó que "el tercer y último punto se refiere a que la Contraloría manipuló la extensión del Plan Regulador para poder aprobar el Proyecto, llegando incluso a que los documentos presentados por Contraloría tuvieran los logos de las empresas".

Precisó que "un país no puede definir su política energética así, y lo que se debe es definir una política energética país, pero un país que se debe a los intereses económicos y no a la ciudadanía y un Gobierno que privilegie los intereses económicos hace que seamos rehenes de este tipo de situación".

Al finalizar, y ante las amenazas de la empresa de no invertir en el país, el parlamentario aseveró que "no vamos a aceptar el chantaje de Castilla, que se vayan estos empresarios que comenten fraude, que se vayan estos empresarios que quieren aprobar proyectos que son reñidos con la Ley, no queremos estos empresarios en el país, no nos amenazan y mejor que no quieran hacer este proyecto. Lo que debiéramos hacer es instalar hoy plataformas de energía distribuida, de energía inteligente,  de desarrollo de proyectos termo solar e instalar proyectos de 2000 megas opera el desierto de Atacama, el desarrollo minero, la desalinización de aguas, tenemos un tremendo potencial y no debemos seguir aumentando la huella de carbono".