Click acá para ir directamente al contenido

  Senadores de todos los sectores suscribirán Protocolo de Acuerdo para mejorar el sistema carcelario

  Así se determinó al término de una sesión especial en que se analizó en detalle el tema, a raíz de la tragedia ocurrida en el penal de San Miguel donde fallecieron 81 reclusos en un incendio.

5 de enero de 2011

Hacinamiento del orden del 60%, altos costos de infraestructura carcelaria, falta de políticas serias de prevención y rehabilitación, fueron las referencias más recurrentes que se hicieron durante la sesión especial en que el Senado analizó en detalle la situación del sistema carcelario del país.

 

Con la presencia del Ministro de Justicia, Felipe Bulnes; del Director de Gendarmería, Luis Masferrer y representantes de los funcionarios de esa institución, los parlamentarios conocieron las crudas estadísticas que acompañan al sistema carcelario y las condiciones en que opera, lo que quedó en evidencia tras el dantesco incendio que afectó el penal de San Miguel donde murieron 81 reclusos de distinta peligrosidad.

 

ImagenEn la oportunidad, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Lily Pérez, Eugenio Tuma, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Alberto Espina, Patricio Walker, Hernán Larraín, Alejandro Navarro, Antonio Horvath, Jaime Quintana, Víctor Pérez, Francisco Chahuán, Carlos Cantero, Hosaín Sabag y José Antonio Gómez. Al término de la sesión, la Sala se comprometió a suscribir un Protocolo de Acuerdo que permita avanzar en mejoras sustanciales al sistema carcelario.

 

El primero en hacer uso de la palabra fue el Ministro de Justicia quien explicó que Chile tiene tasas de encarcelamiento altísimas, siendo el tercer país a nivel sudamericano en tener más reclusos, pues hay 319 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes. Agregó que actualmente existen entre 53 mil y 54 mil internos, en circunstancias que existe una capacidad definida para 34 mil plazas, lo que significa que existe una sobrepoblación del 60%.

 

A modo de ejemplo, dijo que la ex Penitenciaría tiene 7.200 internos donde caben 2.400; mientras que la Cárcel de San Miguel tiene tasas de hacinamiento del 120%. A ello se suma que en la Región de Arica y Parinacota hay un 112%; en Antofagasta un 132%; Atacama 121% y Valparaíso un 144%.

 

El ministro justicia señaló que uno de los factores que incidieron en el aumento de la población penitenciaria fue la implementación de la reforma procesal penal y la demora en la construcción de cárceles. Agregó que el costo promedio del metro cuadrado de las cárceles es de 46 UF y que una plaza más para un nuevo interno es de 1.331 UF por cada uno, lo que evidencia que se debe modificar la matriz carcelaria.

 

AVANCES NECESARIOS

 

A su turno, la senadora Alvear manifestó que durante los gobiernos de la Concertación se avanzó en el sistema penal y penitenciario, pues además de construirse cárceles, se generaron leyes para prohibir el ingreso de menores, reformar el sistema de justicia e impulsar programas de reinserción de los reclusos. En tal sentido, dijo que es fundamental la rehabilitación, instaurar sistemas alternativos a la privación de la libertad y crear una nueva institucionalidad, separada de Gendarmería, que se haga cargo de velar por el control de las medidas cautelares y reinserción de las personas.

 

Por su parte la senadora Pérez señaló que cuando existe el triple de personas presas, es complejo enfrentar una política integral en materia carcelaria que también involucre mejoras a Gendarmería. Agregó que es difícil enfrentar cualquier estrategia positiva con los niveles de hacinamiento que existen y con la falta de segregación de los reclusos de acuerdo a su peligrosidad, pero advirtió que la Comisión de Derechos Humanos que preside hará todo lo necesario por ayudar en la solución del problema.

 

El senador Tuma manifestó que además de mejorar la reinserción y la segregación, se debe avanzar en materia de prevención, pues el Estado tiene que hacer un esfuerzo por focalizar los recursos y de ese modo evitar los altos costos que implica una nueva plaza para un recluso. Señaló que todas las fuerzas políticas deben sentarse a conversar una propuesta seria sobre la política carcelaria y judicial que también contemple dignidad para los funcionarios de Gendarmería.

 

El senador Orpis manifestó que el principal problema del hacinamiento carcelario dice relación con la carencia de una política de reinserción que evite la reincidencia de los reclusos. Señaló que cerca del 70% de la población penal adolescente presenta una nueva causa después de un año, por lo que si no se elaboran buenos programas de rehabilitación y reinserción, inevitablemente vamos a tener que seguir construyendo más cárceles.

 

En tanto el senador Rossi manifestó que el discurso político sumado a un Código Penal que no está de acuerdo a los tiempos, ha generado el colapso carcelario que existe hoy. Dijo que se debe hacer un giro hacia la prevención, porque hay mucha gente en las cárceles que no debiera estar allí, hay nula segregación, y una vez que se cumple la condena, no hay un seguimiento en el medio libre. A modo de ejemplo dijo que el 90% de las personas que están en la cárcel tiene un pariente que estuvo privado de libertad.

 

PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN     

En la misma línea se manifestó el senador Espina quien señaló que se debe avanzar en materia de prevención y rehabilitación, pues esos son los principales aspectos más deficitarios de la política carcelaria. Agregó que durante los últimos gobiernos no se disminuyó el hacinamiento ni tampoco se avanzó apara solucionar las deplorables condiciones del sistema, argumentando que hay una responsabilidad política enorme en la inexistencia de una política carcelaria del país.

 

El senador Patricio Walker señaló que la situación carcelaria es muy dramática y la tasa de reincidencia es muy alta, por lo que se debe impulsar una política de rehabilitación y reinserción de los reclusos que les permita generar recursos para poder sustentarse fuera de la cárcel. Agregó que se debe poner énfasis en los que cometen delitos bajo el efecto de las drogas e instó a crear una defensoría penal pública para defender a los presos y un modelo de control judicial, que los jueces controlen lo que sucede en las cárceles.

 

El senador Larraín manifestó que hay varios elementos que se conjugan para tener al sistema carcelario en una situación inaceptable y a modo de ejemplo recordó que hay un alto porcentaje de los que delinquen que son adictos, asunto que se debe abordar. Asimismo, valoró la medida de aumentar las horas de desencierro de los reclusos, pues están demasiado tiempo en celdas estrechas y con las mínimas condiciones de higiene.

 

El senador Navarro dijo que el Estado tiene una deuda con los jóvenes que han muerto al interior de las cárceles, pues no ha cumplido el rol de rehabilitar y reinsertarlos en la sociedad. Señaló que se debe potenciar el accionar de Gendarmería pues hasta el minuto ha sido el "hermano pobre" en materia de seguridad y advirtió que se debe estudiar lo que ha hecho Holanda en la materia, pues ha cerrado cárceles gracias a una política distinta sobre los delitos relacionados a las drogas.

 

En tanto el senador Horvath manifestó que lo que se vio en la cárcel de San Miguel grafica el gran hacinamiento que existe y también la injusticia de una falta de segregación correcta, pues habían reclusos por delitos mayores y menores en un mismo lugar. Agregó que se necesitan penas alternativas e impulsar propuestas como la del senador Baldo Prokurica que apunta a que los reclusos puedan trabajar en la elaboración de paneles solares.

 

PENAS ALTERNATIVAS

Por su parte el senador Quintana valoró que el ministro Bulnes tenga la claridad de hablar e impulsar medidas para el cumplimiento alternativo de las penas y dijo que hay que mirar las experiencias exitosas donde existen niveles de reinserción en el mundo laboral para replicarlas. Agregó que si bien se ha avanzado en materia de modernización de Gendarmería, aún queda mucho por hacer, sobre todo en materia formativa.

 

El senador Pérez señaló que lo ocurrido en San Miguel dejó en evidencia el hacinamiento y precariedad en el trabajo de funcionarios públicos que no tienen por parte del Estado casi ningún respaldo en materia logística. Agregó que se debe avanzar en materia de prevención y en lo que dice relación con el cumplimiento de penas alternativas, a objeto de que sea una realidad.

En tanto, el senador Chahuán señaló que la tragedia del 8 de diciembre pasado dejó en evidencia el abandono histórico del sistema carcelario y puso énfasis en avanzar en un sistema judicial de control de penas y en aumentar los centros de educación y trabajo para los reclusos.

 

El senador Cantero manifestó que el déficit del sistema carcelario es evidente y también la falta de recursos humanos. Señaló que se debe poner especial atención a la prevención y rehabilitación, pues no se ha asumido la vinculación que hay en materia de droga, narcotráfico y delito.

 

El senador Sabag señaló que una cosa es que los reclusos estén detenidos cumpliendo una pena y otra cosa es que estén cumpliendo una tortura en recintos penitenciarios atestados de gente y en malas condiciones sanitarias. Asimismo, dijo que hay que mejorar las políticas de segregación de reclusos.

 

Finalmente el senador Gómez recordó que durante los últimos gobiernos se diseñó un buen plan para terminar con el hacinamiento, pero lamentablemente hubo problemas con la construcción de cárceles. Señaló que también se enfrentó la reforma judicial y anticipó que hará todos los esfuerzos por avanzar en solucionar esto como una tarea de Estado.

Imprimir