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  Piden sanciones ejemplares para involucrados en colusión de productores avícolas

  Senadores de diversos sectores políticos reaccionaron así tras conocer el caso detectado por la Fiscalía Nacional Económica.

5 de diciembre de 2011

Sanciones ejemplares y mejoras en la regulación plantearon el Presidente del Senado, Guido Girardi, y los senadores Víctor Pérez , Camilo Escalona y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tras conocer el caso detectado por la Fiscalía Nacional Económica, donde se acusó a tres empresas productoras de pollo de coludirse para regular la oferta del producto y de esa manera alterar los precios del mercado.

El titular de la Cámara Alta pidió que se apliquen sanciones penales a los gerentes, miembros de directorio y dueños de las empresas involucradas en el caso, argumentando que "lo que han hecho estas empresas es violar las normas más básicas de la libre competencia y establecer un conjunto de acciones tipo cartel a través de una asociación gremial para establecer cuotas de mercado y cuotas de producción que evidentemente redundan en una indirecta fijación de precios".

Agregó que es necesaria una mayor regulación de las asociaciones gremiales, expresando que éstas debieran existir sólo ante determinadas condiciones.

"Las asociaciones gremiales sólo debieran poder existir y debiera estar establecido en la ley que la única misión que podría tener es, por ejemplo, velar por el desarrollo tecnológico", dijo el senador Girardi.

Del mismo modo, señaló que se debe establecer en una Ley Antimonopolio la regulación de las cuotas de mercado y otros aspectos, recordando que en este caso, las tres empresas involucradas concentran el 90% de la producción de pollo del país, lo que "es riesgoso".

"Aquí hay un conflicto sistemático. Es exactamente lo mismo que pasó con la colusión de las farmacias y también con las Isapres. Para mí, la colusión está directamente relacionada con los niveles de concentración económica que existe en el país", aseveró.

En tanto, el senador Víctor Pérez, dijo que quienes cometen colusión deben ser sancionados de manera ejemplificadora.

"Quienes atenten contra la economía libre tienen que ser sancionados.  Quienes atenten contra la libre competencia tiene que ser sancionados. Creo que eso forma parte de una política que el Gobierno tiene que llevar adelante", criticó el senador Víctor Pérez.

ACLARAR RESPONSABILIDADES

Por su parte, el senador Camilo Escalona emplazó al Ejecutivo a esclarecer si hay o no autoridades o funcionarios de Gobierno que tengan conflictos de interés vinculados al sector del agro y de la alimentación.

Asimismo, hizo un enérgico llamado al Gobierno a dejar actuar a los Tribunales de Justicia en el caso de la colusión de los productores de pollos, en vez de dilatar la acción de los Tribunales.

"El Estado debe tener los mecanismos de regulación que tenga la potencia y la envergadura necesaria, que pueda poner freno a la codicia, la avaricia, la concentración de la propiedad y la riqueza.  Ante ello, se requiere la acción potente de los Tribunales de Justicia", sostuvo.

Agregó que "el anuncio del Gobierno de crear una comisión de expertos aparece como una decisión que evade el problema. Hoy, lo que se necesita es que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables que protagonizan estos actos de colusión y no comprometer el Estado en ejercicios que dilatan en lugar de resolver las situaciones que se están produciendo".

RESPUESTA "TIBIA"

En tanto, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien preside la Comisión de Hacienda calificó de "tibia" la respuesta del Gobierno frente a la polémica por la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica por colusión de tres empresas productoras de pollo.

Según el parlamentario, "en un país normal y decente, cuando se producen estas situaciones, la Justicia opera y las personas involucradas son castigadas fuertemente. Acá se forma una comisión, y eso es curioso".

Se refirió así al anuncio del ministro de Economía, Pablo Longueira, sobre la creación de una comisión asesora presidencial de libre competencia, la cual analizará la eventual reposición de pena de cárcel para quienes cometan delitos de colusión.

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