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  Derrumbe en Mina San José: piden reestructurar Sernageomin y fortalecer Dirección del Trabajo

  Senadores solicitaron que la empresa propietaria de la Mina cumpla sus obligaciones laborales con las familias de los accidentados.

10 de agosto de 2010

Una rápida reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), fortalecer la Dirección del Trabajo y exigir que la empresa propietaria de la Mina San José, cumpla sus obligaciones laborales con las familias de los accidentados, plantearon los senadores Isabel Allende, Pedro Muñoz y Jaime Quintana, al cumplirse seis días del derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros en Atacama.

Según el senador Quintana, el Ejecutivo perdió 5 meses al no iniciar la reestructuración del Sernageomin tras el terremoto del 27 de febrero. Agregó que dicha tragedia dejó en evidencia que el organismo no contaba con el personal suficiente como para desarrollar una tarea más acabada en materia de estudios, pese a la importante labor que debió cumplir.

En tal sentido, indicó que Sernageomin tuvo un rol fundamental analizando los efectos del terremoto como las fallas geológicas y otros fenómenos más específicos; grietas en ladera de ríos y esteros o procesos de licuefacción, todo ello para impedir aluviones.

El parlamentario afirmó que no era necesario esperar hasta la discusión de la ley de presupuesto 2011, para fortalecer y hacer crecer este organismo, el cual además de los ámbitos de minería y geología es el responsable  de todo el riesgo vulcanológico del país.

En su opinión, "tras el terremoto se pudo haber iniciado de inmediato la modernización del servicio, pero se postergó cualquier cambio y se decidió realizar las modificaciones con cargo al presupuesto del 2011, lo que revela que el Gobierno tiene responsabilidades de omisión, en lo que se refiere a la capacidad de respuesta del servicio".

OBLIGACIONES LABORALES

Por su parte, la senadora Allende emplazó a la Compañía Minera San Esteban para que se haga presente a la brevedad y cumpla con las obligaciones laborales que le corresponde.

En tal sentido dijo que "en relación a los sueldos de cada minero, la Compañía Minera San Esteban debiera seguir pagando las remuneraciones de todos sus trabajadores de forma íntegra hasta que Sernageomin no declare el cierre de faena. Detrás de cada trabajador atrapado hay una realidad, hay familias que se han desplazado hasta la Mina, hay deudas y compromisos económicos que cumplir y por ello la Compañía debe hacerse presente".

Sobre la responsabilidad de la compañía en relación a sus trabajadores indirectos, la senadora Allende dijo que "la empresa debiera internalizar a estos trabajadores y considerarlos directos, por tratarse de trabajadores que estaban en trabajos del giro principal, y que los beneficios de contratación se extiendan a ellos y sus familias".

A su turno, el presidente de la Comisión de Trabajo, senador Pedro Muñoz, dijo que se debe fortalecer la Dirección del Trabajo, pues a su juicio, el accidente minero debe servir como detonante para mejorar la fiscalización.

"No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años", dijo.

En ese sentido, el senador Muñoz solicitó al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento, al tiempo que llamó a mejorar su capacidad operativa. Sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado una importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.

Indicó que no cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero sostuvo que la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.

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