Denuncian ante la Contraloría irregularidades en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)

Una serie de antecedentes dio a conocer ante la Contraloría General de la República, el senador Alejandro Navarro y que involucran al actual director de la Onemi, Benjamín Chacana y su antecesor, Vicente Núñez, por irregularidades en el proceso de licitación para la adquisición de un Taller de Fortalecimiento de Equipo, llevado a cabo en la comuna de Huechuraba el 23 de agosto de 2011, por un monto de 2.114.881 pesos.

"Se benefició directamente a una empresa, la consultora de capacitación organizacional Cahuala Ltda. y para ello hubo un acuerdo previo, hecho que serán conocidos en Contraloría", afirmó.

A juicio del parlamentario, "el director de la Onemi, Benjamín Chacana, no está habilitado para seguir un segundo más en su cargo". Argumentó que es así, pues "existe un correo electrónico en el cual Ángela Lira Meza, Asesora de Desarrollo Organizacional de la Onemi, le dice a Fernando Silva, profesional de la Onemi, encargarse sobre ¿el tema de las bases' y de asegurarse de que la licitación ¿se adjudique a Cahuala'.

Agregó que "en dicho documento también se le solicita "chequear" que las bases de licitación se suban al portal de ChileCompra, y que los funcionarios de Cahuala estén al tanto de ello para que postulen y ganen, iba con copia a Benjamín Chacana, actualmente Director nacional de ONEMI". 

Ante esto, el senador Navarro sostuvo que "Chacana no denunció esta irregularidad, por lo que vulneró los deberes de su cargo, más aún, cuando pese a saber la ilegalidad de la medida, firmó la factura, el recibo de la misma y la solicitud de adquisición de los servicios cuestionados".

Por ello recalcó que "nos parece necesario y sumo urgente que Contraloría se pronuncie por estos antecedentes y correos electrónicos, que cuestionan la probidad de los funcionarios implicados en ellos y la eventual asignación ilegal de la licitación que se menciona ahí".

Además, puntualizó que "nos hemos basados en el principio de legalidad y, a su vez, en el de probidad que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que claramente aquí a nuestro entender se violan diversas normas, comenzando por el hecho de que un funcionario ordene a otro confeccionar bases con el objetivo específico de que las gane uno de los ponentes o un único oferente, o elaborar estratagemas para eludir la ley y los sistemas de concurso, no parece ser un medio idóneo tal como lo pide la ley. No nos parece razonable la asignación predeterminada de recursos a un ponente, mediante un concurso o asignación colusorias". 

Según el legislador, "solicitaremos que en caso de que hubiese pérdida fiscal, que Contraloría se convierta en juez de cuentas, para que a través del denominado Juicio de Cuentas, los funcionarios públicos implicados en este caso restituyan los dineros. Paralelamente, si se concluye que en el caso concreto se ha cometido el delito de Fraude al Fisco, solicitaremos con el respaldo de Contraloría que el Consejo de Defensa del Estado presente las acciones criminales contra quienes resulten responsables", anunció.