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  Celebran fallo de la Corte Suprema que indemniza a familias de casas Copeva

  La senadora Lily Pérez San Martín valoró la resolución de dicha Corte en el cual ordena a Serviú, pagar indemnización a más de 600 familias que fueron perjudicadas por la deficiente construcción de sus viviendas.

25 de octubre de 2012

Como un "hecho histórico" calificó la senadora Lily Pérez San Martín el fallo de la Corte Suprema, 5 votos contra 0, que obliga al Estado a indemnizar a las más de 600 familias de Puente Alto, que sufrieron por la construcción deficiente de sus casas en 1997.

 

Al respecto, la parlamentaria manifestó que "quince años de historia, tuvieron que pasar ocho ministro de vivienda, durante los distintos gobiernos; quince inviernos para que finalmente se resolviera lo que ha resuelto la Corte Suprema".

 

Asimismo, la legisladora explicó que esto demuestra que el Estado tiene una responsabilidad que cumplir con respecto a la construcción de viviendas sociales  que en 1997 se diluvieron enteras.

 

En ese sentido, la senadora Pérez San Martín recordó que "en 1998 comisión investigadora, la mayoría de la comisión determinó que San Isidro había sido el responsable de los daños y quienes hicimos las denuncias contra  las casas Copeva, recibimos sendas querellas de vuelta y el silencio de muchos políticos incluido  gente de nuestro sector que no nos dio el apoyo para salir adelante y seguir con fuerza tal como lo hicimos junto al  entonces diputado Víctor Pérez,  quienes denunciamos estos hechos frente a la justicia".

 

Añadió que "la justicia tarde pero llega, el dicho es cierto y por primera vez se sienta un precedente que efectivamente hay un daño material a las personas 600 familias afectadas en Puente Alto y que ellas van a ser indemnizadas por el Estado en $4.800.000 pesos cada una por daño material y moral, con un costo para el Estado de 5 millones de dólares".

 

La parlamentaria señaló que incluso este caso fue llevado a la comisión de la Corte Interamericana de DD.HH. y subrayó que "existe un antes y un después respecto a la responsabilidad del Estado en estos casos".

 

 

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